Por Silvia
Marcotullio -14 /4/16
Con una cierta
irreverencia que me permite la edad y con
la autoridad moral de haber ejercido la magistratura con honor hasta el castigo
de haber sido echada por ello (por decreto, sin jury de enjuiciamiento), y volver
al cargo -concurso mediante- después de muchos años, me dirijo a los jueces
federales para hacerles algunos
reproches, sin otro ánimo que la
búsqueda de vuestra rectitud perdida en una significativa cantidad de ustedes.
La
Justicia es el último bastión del habitante de una nación
para la defensa de sus derechos frente al propio Estado y a los otros
individuos; aumenta la dimensión de su
importancia en una república como la nuestra donde el Poder Legislativo es
parcialmente un aguantadero de pícaros en busca de fueros para no ir presos y
el Poder Ejecutivo es débil por diversas razones, tanto en su origen como
en las posibilidades de ejercer con plenitud su autoridad. En medio de estas
circunstancias extremas que nos toca vivir, el hombre común -que tiene no
poca responsabilidad por esta situación por su indiferencia, su ignorancia de la historia y de la
política y su falta de participación ciudadana- gira la cabeza para dirigir su mirada a los tribunales.
De tal modo, señores,
que -por defecto- el peso del
sostenimiento de nuestra República descansa sobre vuestros hombros a causa de
la jurisdicción y la competencia que ostentan.
Pero
hete aquí que un buen número de ustedes (algunos dicen que
constituyen mayoría) no resiste un
escrutinio sobre la génesis de su patrimonio, debilidad que les hizo perder la
independencia y quedaron sujetos a la presión de cualquiera. Por eso, los
que pertenecen a esa mayoría a la cual van dirigidas estas palabras, administran la ley en forma desigual,
morosa o apresuradamente -según la conveniencia del momento- y obviamente
injusta. Es cierto que los fiscales no
les van en zaga, pero son los jueces los que tienen el cuchillo por el
mango y, con mala fe -por simpatía
ideológica, pago de favores o simplemente cobardía- confiados en aquello de
que “el cuchillo no corta a quien lo maneja” pueden producir el más perverso de los daños: el que se hace simulando
administrar justicia.
A
los hechos me remito: En el fuero penal, que es la vidriera
de los tribunales, vuestra indecencia -la
de la mayoría- está a la vista de cualquiera que tenga ojos para mirar.
Alguien
se tomó el trabajo de enumerar la lista de los vicios de ustedes y contó
treinta (Tiempo Militar, Año XXIII, Nº 305 del 3/3/2016,
pág. 18). Yo no seré tan exhaustiva, me limitaré a hacer un paralelo de algunos que considero
suficientemente representativos de la situación. Haré una comparación entre el modo de administrar justicia para los
imputados de delitos de lesa humanidad por hechos de la década del 70 con la
manera que lo vienen haciendo con la desenfrenada corrupción kirchnerista.
1. El principio de legalidad:
(1) Mientras para el llamado terrorismo
de Estado la Corte Suprema (con la excepción del vocal Fayt) imaginó una
ingeniería jurídica que fundó en la
violación del principio de legalidad y de una decena principios penales y procesales
más, los inferiores no trepidaron en seguir con una improcedente
obediencia debida (seguramente fundada en aquella falta de independencia a
que aludí más arriba) que permitió abrir las causas penales treinta y cinco
o cuarenta años después. (2) En tanto que para la corrupción del
período kirchnerista que viene denunciándose hace muchos años con abundantes
hechos imputados, el tratamiento es bien
diferente y se mueve con una morosidad sorprendente a pesar de tener entre
media y una docena de tipos penales del Código Penal que los están esperando.
Estamos hablando de centenares de causas de lento trámite cuando no directamente paradas, altísimos funcionarios
implicados y cantidad de jueces comprometidos en esa inacción judicial que no
tiene excusas pues, en este caso, tanto el derecho positivo como los
principios generales del derecho penal y procesal penal los obliga a la acción;
su omisión es una conducta que los hace
oscilar entre el encubrimiento y la complicidad por la cantidad de
implicados y los numerosísimos hechos denunciados, lo que parece exceder de un
simple incumplimiento de sus funciones (de ustedes).- Tan escandaloso luce el tema que hoy, recién hoy, el Sr. presidente de
la Corte los ha instado a moverse.
2. La no acumulación de causas:
(1) Mientras para los presos políticos
(así denominados por ser ilegales sus procesos), la no acumulación de causas
lleva en algunos casos a una ridícula suma de condenas a prisión perpetua, (2) para los corruptos la dispersión en decenas
de sumarios desperdigados en distintos juzgados viene teniendo un doble efecto beneficioso para ellos:
a) facilita la parálisis de los sumarios y los sobreseimientos y b) evita la aplicación del delito de
asociación ilícita y, sobre todo, llegar a la cúpula de los presuntos responsables,
quedando los escarceos procedimentales para las figuras de segundo o tercer
nivel.
3. La prisión preventiva:
(1) Para los presos políticos (los
PP) no hay límite para permanecer en
prisión preventiva (que sí lo hay para el delincuente común), con una cantidad
de tiempo privados de su libertad, sin sentencia, de 8, 10 ó 14 años que causan
estupor; y además la mayoría no goza de
prisión domiciliaria siendo que ambos beneficios, dadas las condiciones
legales, son de pleno derecho. Casos
paradigmáticos no faltan, como la del anciano de 84 años que estuvo todo el
tiempo en su casa a disposición de la justicia y hace poco fueron a detenerlo
(el día de su cumpleaños) lo que podría ser sólo por dos razones que no parece
presentar el caso: peligro de fuga o destrucción o entorpecimiento de la
recolección de prueba. (2) En tanto que
el criterio con relación a los funcionarios corruptos es inverso: la no
acumulación de las causas que menciono en el punto anterior le facilita a cada
juez argumentar en la suya (distraído de las otras que andan dando vuelta por
los otros juzgados, aunque en realidad el informe sobre esto debería constar en
su sumario), que “no advierte” que el individuo pueda burlar la acción de la
justicia y así, imputados con numerosos sumarios abiertos desperdigados, son
beneficiarios de la permanencia en libertad, cuando por la gravedad y número de
hechos deberían estar en prisión preventiva por presumirse razonablemente que
intentarán eludir la acción de la justicia (tienen mucho dinero para fugarse) o
entorpecer la recolección de pruebas.
4. La autoría mediata en
aparatos organizados de poder: (1) En los juicios contra los PP se hizo abuso
de la teoría del gran jurista alemán Claus Roxin sobre la responsabilidad
penal de los superiores por los hechos de los inferiores, hasta el punto que el espectáculo argentino en la manipulación de su
tesis lo obligó a realizar posteriores precisiones sobre el tema. Caso
paradigmático fue la muerte del obispo Angelelli donde, sin haberse descubierto
nunca si hubo -y en su caso quien fue- un autor inmediato y, por ende, nunca
pudo establecerse con certeza si fue doloso, culposo o mero caso fortuito, se
resolvió que los autores mediatos debían ser los jefes militares de La Rioja en
aquella época por el odio que le tenían a la víctima; y se los condenó a cadena
perpetua. (2) Con los corruptos el tema
se maneja de otra forma: si bien es cierto que la teoría roxiniana
probablemente no sería aplicable en las organizaciones civiles del Estado,
también es cierto que sistemáticamente, hasta ahora, la poca actividad judicial
siempre se detuvo ante el vértice de la pirámide; maniobra ayudada, claro está,
con la dispersión de expedientes a la que aludí más arriba, que dificulta la
tipificación de la asociación ilícita cuya cabeza estaría en el pináculo del
poder.
Colofón:
El
tema de los PP hoy es una tragedia que lleva 349[1]
muertos en
cautiverio a los que se les ha adelantado dolosamente el final por las
condiciones ignominiosas de detención de gerontes de hasta 94 años de edad, con juicios viciados en su origen por la
ilegalidad y sentencias condenatorias sin otras pruebas que testimoniales
producidas treinta o cuarenta años después de los sucesos. Los poderes
públicos deberán resolver el asunto -otra pesada herencia del kirchnerismo- sin
demora, so pena de quedar enredados en algún grado de complicidad de la cual no
puede librarlos aquel “dejaremos actuar a la justicia”; sencillamente
porque los que la administran, los jueces federales, son parte del problema.
En cuanto a los
juicios por corrupción que parece que se
avecinan, tengo mis dudas. El asunto es, señores jueces, que cuando se pierde
la vergüenza que es el caso de muchos de ustedes, es difícil recuperarla.
Cuando en estos días se los ve tan activos en los procesos a los corruptos que
tuvieron paralizados o semiparalizados por años, hay que discernir si fueron
tocados por el Espíritu Santo o simplemente se mueven al socaire de los nuevos vientos lo que tampoco
sería recto. Como católica, obligada a cultivar la virtud de la
esperanza, prefiero creer lo primero. Así sea.
Silvia
E. Marcotullio
Jueza de Cámara
jubilada
DNI. 9.999.644
Río Cuarto
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