En una carta
publicada el 8 de septiembre, la señora Lorenza Ferrari recordaba el asesinato
de su hija Laura, una estudiante de 18 años que en 1975 fue víctima de una
bomba colocada por terroristas montoneros. La trágica suerte de Laura,
silenciada desde hace 42 años, y la paralela impunidad de sus asesinos,
premiados con generosas reparaciones materiales y morales, da cuenta de una
situación que se repite con cada una de las 900 víctimas causadas por el
terrorismo de izquierda en los años 60 y 70. ¿Es sensato proclamar la defensa
de los derechos humanos, que son universales e irrestrictos, y a la vez
negárselos a Laura Ferrari, a los soldados conscriptos asesinados por defender
su cuartel de Formosa bajo un gobierno constitucional, a Sallustro, Rucci, Mor
Roig, Sacheri y otros centenares de víctimas sepultadas en el olvido por un
implacable y misterioso tabú? ¿No merecen los familiares de esas víctimas
inocentes saber de qué se las acusa? Lamentablemente, si algo demuestran esos
42 años de silencio es que en nuestra sociedad no hay verdaderos defensores de
los derechos humanos.
Daniel
E. Pérez
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