Por Sergio Tapia T.
La ideología es la “anti-ciencia”. Es producto del
idealismo, postura que en lugar de centrarse en la reflexión y la racionalidad,
se extravía y envanece, sustituyendo la realidad verdadera por la quimera de la
subjetividad y los deseos. Destronando la objetividad, la piedra fundamental
del conocimiento científico.
La ideología es
demagogia y severamente intransigente. Se inclina a imponer el error que
postula.
El marxismo es una de
las ideologías, pero la más fría de todas. Se constituye en peligro nacional,
amenaza gravemente la seguridad nacional, y es fuente de constante alteración
del orden público. Pone en peligro la seguridad jurídica, porque es
esencialmente subversivo.
La diversas posturas
marxistas siempre trastocan y desordenan, ya sea el leninismo, el trotskismo,
el estalinismo, el maoísmo, el modelo albanés, la autogestión yugoeslava, el
castrismo, el gramcismo, la Escuela de Frankfurt, el Foro de Sao Paulo y el
Socialismo del Siglo XXI (ambos expresión del castro-lula-chavismo) y los
conocidos “caviares” así como sus
ONGs.
Desde hace 30 años
los marxistas se han apoderado de los organismos internacionales de la OEA y de
la ONU en materia de derechos humanos: Comisiones, comités, relatorías,
tribunales y cortes. Observamos anualmente a nuestras silentes cancillerías,
aprobar en asambleas generales las candidaturas infaltablemente “rojas” sin excepción.
Diego García Sayán ha
ejercido en los últimos 12 años en la Corte Interamericana de DDHH y ahora está
en una Relatoría de la ONU, destinada a cuestionar la independencia de los
jueces y abogados en el mundo, en aquello que rime con sus intereses
ideológicos, como lo viene haciendo en Colombia, con la falsa paz suscrita por
el presidente Santos con las FARC, a pesar de la desautorización plebiscitaria.
En la Comisión
Interamericana en Washington han ejercido, en seguidilla, el ya referido García
Sayán y hasta Susana Villarán. Pertenece actualmente Francisco Eguiguren,
ministro de justicia de Ollanta Humala y su embajador en España, intentó
también pertenecer al TC[1],
pero la oposición parlamentaria lo desautorizó por carecer de independencia
frente al gobernante de turno.
Recientemente con
membrete y sello de la Corte Interamericana se ha emitido una resolución
insostenible, que consagra la impunidad a sus amistades ideológicas del TC. Se “ordena” a nuestro Congreso de la
República “congelar” la investigación
a altos funcionarios del Estado denunciados por contravenir la Constitución e
incurrir en delito. Estas atribuciones están expresamente concedidas al Congreso
en los arts. 99 y 100 de la Constitución.
La investigación no
es iniciada por ningún partido político, es el reclamo y la denuncia de 11
ciudadanos.
¿Qué Corte de DD HH
es ésta? ¿Defensora de funcionarios denunciados, que desoye a ciudadanos denunciantes
y atenta contra las atribuciones constitucionales del Congreso?
Las atribuciones de
la Corte IDH son “supletorias” del
derecho nacional. Quien suple, complementa, pero no puede sustituir al titular.
Grave error del presidente de la Corte IDH, que el Estado peruano y otras
cancillerías americanas solidariamente, deberían dejar de ser tan tolerantes
con la ideologización de los derechos humanos a través de los organismos
internacionales.
Publicado en el
diario “La Razón”, Lima, viernes 5 de enero de 2018, p. 6
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