El
cuerpo debe decidir sobre el juicio político a jueces acusados de tentativa de
homicidio y vejámenes en casos de imputados por delitos de lesa humanidad
Familiares de
imputados por delitos de lesa humanidad y asociaciones que velan por la
legalidad en los procesos presentaron denuncias penales y pedidos de juicio
político ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, prevaricato,
violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, imposición
de severidades, vejámenes y torturas.
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| María Alicia Noli |
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| José María Pérez Villalobo |
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| José María Ramos Padilla |
Los
jueces denunciados fueron María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y José
María Ramos Padilla, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del
Estero, apartados ya de la causa por la Sala IV de la
Cámara Federal de Casación en 2016 por falta de imparcialidad. Noli y Pérez Villalobo pertenecieron al ERP
y Ramos Padilla representó a organizaciones no gubernamentales querellantes en
estas causas. Desde
estas columnas, elogiamos aquella decisión de la cámara en un editorial
titulado "Jueces parciales, sentencias nulas".
Tras cuatro años de
prisión preventiva, Cayetano José
Fiorini, de 86 años, ciego, sin un riñón, atravesando un cáncer terminal con
plan quirúrgico coronario, falleció el 19 de septiembre de 2016. Según un
informe forense, debió haber sido "atendido
en forma urgente por el servicio cardiovascular (para establecer a la brevedad)
su intervención quirúrgica por aneurisma de aorta abdominal",
aclarando que no se encontraba "en
condiciones de ser alojado en una unidad penitenciaria".
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| Cnl (R) Cayetano José Fiorini asistido por su ceguera |
Con la excusa de la
realización del debate oral, los jueces denunciados revocaron la prisión
domiciliaria y ordenaron su traslado a una unidad carcelaria, decisión que fue
revocada por la Cámara de Casación porque los informes médicos indicaban que
cualquier modificación de su situación podía "...causar una ruptura aneurismática imprevista y el óbito
consiguiente...". No obstante
los informes médicos y lo resuelto por Casación, estos jueces ordenaron el
traslado a una unidad carcelaria. El Servicio Penitenciario se presentó en
dos oportunidades para cumplir la orden, pero desistió ante las advertencias de
la familia y sus abogados.
Antes del comienzo
del juicio, el defensor de Fiorini había solicitado una junta médica, al
advertir que no se encontraba en condiciones de afrontarlo, pero esta nunca se
concretó. En la querella, su hija señaló: "Los dos intentos de homicidio quedaron
frustrados por la intervención de terceros, la familia, el abogado defensor de
mi padre y la actitud asumida por el personal del Servicio Penitenciario
Federal. No así los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los
deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento".
Ahora se agregan los de imposición de vejámenes y torturas a los detenidos.
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| ex juez Arturo Liendo Roca |
Igual de aberrante
fue el caso del ex juez Arturo Liendo
Roca, quien falleció durante el juicio que se le seguía por delitos de lesa
humanidad presuntamente cometidos durante el ejercicio de su cargo. El tribunal lo había sometido a todo tipo
de vejaciones, dado que varios estudios médicos -incluso uno realizado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación- demostraban que no estaba en condiciones
de presenciar el juicio por su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Sin embargo, ese informe, tras ser
entregado en el tribunal, se perdió y apareció luego de iniciado el litigio,
con signos de haber sido adulterado. Lamentablemente, esas denuncias se
corroboraron con su fallecimiento durante el proceso. Los jueces Noli y Pérez Villalobo desoyeron los informes médicos y
siguieron con el juicio. Cabe destacar que entre los hechos denunciados no
había homicidios ni desaparecidos y que el doctor Liendo Roca había sido
sobreseído en cuatro oportunidades. Finalmente,
el tribunal fue removido por la Cámara de Casación Penal de la Nación por no
garantizar la imparcialidad durante el trámite de la causa.
Respecto del caso Fiorini, luego de una profunda
investigación, y tras el dictamen de la fiscalía actuante, el 9 de febrero
Guillermo D. Molinari, a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero, citó
a los magistrados a prestar declaración indagatoria el 26 de marzo por la
comisión de estos delitos en el curso de su actuación. Sin embargo, el consejero preopinante, casualmente también un juez,
elevó un proyecto de dictamen para desestimar los pedidos de juicio político.
El llamado a
indagatoria, pedido además por la fiscalía, revela la existencia de elementos
suficientes para sospechar culpabilidad en la comisión de estos crímenes.
Una
vez más, cabe también preguntar cuántos otros casos con magistrados actuantes
de antecedentes tan cuestionables como perversos han llevado a la cárcel y a la
muerte muchas veces anticipada a quienes en justicia no lo merecían.
Los fraudes
judiciales, con tribunales y testimonios armados, cuyo único fin fue teñir de
parcialidad algunas acusaciones de delitos de lesa humanidad, resultan
claramente escandalosos e impactan en la imagen de nuestra Justicia.
Ante un odio con
raíces ideológicas que contamina y pervierte la razón y el deber de juzgar con
imparcialidad, esta investigación revela que afortunadamente nuestro golpeado
sistema judicial cuenta con jueces y fiscales valientes, dispuestos a hacer
cumplir la ley por encima de los intereses de quienes han dejado prevalecer sus
sentimientos personales de venganza por sobre lo que impone una Justicia
independiente e imparcial. Semejante
comportamiento permite reivindicar a aquellos que encarnan responsable y
honestamente la tarea de impartir justicia y que merecen, por ello, todo el
apoyo de la sociedad.
Celebramos que el
Consejo de la Magistratura no haya hecho lugar, en su última sesión, al
proyecto de desestimación del pedido de juicio político de estos jueces,
devolviendo las actuaciones a comisión, en la cual se acumulan nuevas
denuncias. Solo resta
que, habida cuenta de las pruebas reunidas y las instancias procesales ya
transitadas, sometan a juicio político a quienes han traicionado, mediante el
abuso de autoridad y la discriminación, la más alta de las responsabilidades
que el pueblo, a través de la Constitución, les ha confiado: la de impartir justicia a todos por igual.
NOTA:
La imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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