"La
verdad tiene muy pocos amigos, y los
muy
pocos amigos que tiene son suicidas"
Antonio
Porchia
Los argentinos, desde
hace más de setenta años, sufrimos una rarísima compulsión al suicidio
colectivo, que se ha manifestado de muy diferentes maneras en nuestra historia
reciente, pero siempre con trágico éxito.
El 27 de enero de
2017, el Presidente de la República firmó el Decreto N° 70/17, mediante el cual
imponía leves limitaciones al régimen vigente de inmigración hacia nuestro
país, establecido por la Ley 25.871. Para comprobar la razonabilidad de mi
calificativo, basta con leer en el artículo 4° cuáles eran las restricciones
que se establecían al actual libérrimo e idiota marco regulatorio de ingreso de
personas a la Argentina.
Así, se pretendía
impedir entrar a nuestro territorio a quienes hubieran: presentado
documentación nacional o extranjera falsa o adulterada; omitido informar sobre
la existencia de antecedentes penales o condenas; sido expulsados del país o
tuvieran el ingreso prohibido, hasta tanto la medida fuera revocada; sido
condenados o estuvieran cumpliendo penas por delitos de tráfico de armas, de
personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o
inversiones en actividades ilícitas; incurrido en actos de gobierno que
constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa
humanidad; tenido antecedentes relacionados con la participación en actos u
organizaciones terroristas; incurrido en la promoción o facilitación, con fines
de lucro, en el ingreso ilegal de extranjeros; promovido la prostitución y
lucrado con ella; sido condenados por actos de corrupción; intentado eludir los
controles migratorios.
Como se ve, no se
imponía restricción alguna por motivos raciales, políticos, religiosos,
económicos o sexuales a quienes quisieran ingresar a territorio nacional, fuera
con fines de residencia o en forma meramente transitoria. Es decir, la norma no
discriminaba a nadie salvo, claro está, a los graves delincuentes.
Pero Mauricio Macri
no contaba, al momento de firmar ese decreto, con la suicida reacción del
izquierdoso progresismo que, rápidamente, salió a criticar el decreto en
cuestión. Los imbéciles de turno, algunos de ellos legisladores, vociferaron
diciendo que no se justificaba la necesidad y urgencia de la decisión del
Ejecutivo porque en ella se mostraba una visión sesgada del universo
carcelario, destacando que sólo el 6% de los presos en cárceles argentinas es
inmigrante, porque se apelaba a las palabras "ilegalidad" y "clandestinidad"
para estigmatizar a los inmigrantes y porque restringía el derecho de éstos a
obtener documentación nacional.
El 22 de marzo de
este año, es decir, hace pocos días, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar inconstitucional el
decreto del Presidente. A partir de ahora, entonces, todos los pequeñísimos
impedimentos que se pretendió imponer a los criminales dejaron de existir, y
éstos podrán entrar libremente para continuar su trayectoria dañosa aquí.
He viajado mucho a lo
largo de mi vida, y no he visto país en el mundo que, como el nuestro, sea tan
absurdamente generoso para con aquéllos que quieren ingresar, aunque sea sólo
para estudiar, trabajar o hacer turismo. Para hacer callar a los energúmenos
vernáculos, debería ser suficiente preguntarles qué régimen migratorio debería
practicarse aquí porque, evidentemente, no pueden estar pensando en Bolivia,
Nicaragua, Venezuela o Cuba, en la región, o en Rusia, Irán o China, todos muy
exigentes a la hora de levantar las barreras de entrada y, muchas veces,
también de salida.
En todas las naciones
civilizadas se exige a los interesados en pasar a residir legalmente dentro de
sus fronteras contar con un trabajo asegurado, pues sus Estados no están
dispuestos a incrementar su propia cuota de pobres a los que debe alimentar,
curar y educar con los impuestos que pagan sus ciudadanos. Aquí, como es más
que obvio, no sólo no le pedimos nada sino que le facilitamos el acceso a
cirugías y hospitales gratuitos, a documentos argentinos (indispensables para
votar al señor feudal de la provincia), a educación de mejor calidad que la que
dispone en su país de origen y hasta a adquirir casas, campos, automóviles y
aviones con dinero lavado.
Pero lo
verdaderamente grave, lo que nos convierte en un caso patológico de sociedad
autodestructiva, es que permitimos ingresar y comerciar libremente a todas las
organizaciones de traficantes de drogas que pueblan el continente, llenándolo
de sangre y muerte.
Sabemos hasta cuáles
de ellas mandan y gobiernan en cada barrio o asentamiento de nuestras ciudades.
Algunas nacionalidades se especializan en cocaína y heroína, otras en marihuana
y muchas en drogas sintéticas, pero todas ellas zanjan a tiros sus disputas
territoriales, con armas cada vez más sofisticadas, que obviamente superan el
equipamiento policial, mientras siembran el terror entre los vecinos honestos y
trabajadores.
¿Qué otra forma
tenemos de impedir que ese anómalo fenómeno continúe expandiéndose hasta que
nuestro país se convierta en México, donde los muertos ya se cuentan por
decenas de miles, que no sea cuidando estrictamente nuestras fronteras?
Colombia está en vías de superar ese difícil trance, pero Brasil y la Argentina
se están acercando a pasos agigantados a esa triste realidad.
Llegó la hora, en
este tema también, de decir ¡basta! a la interesada estupidez de algunos, y a
la falta de coraje necesario de otros para enfrentarlos.
Y digo "también" porque, el jueves 12
de abril, a las 19:00 horas, nos reuniremos en la Plaza Lavalle, frente al
Palacio de Tribunales, para decirle ¡basta! a este Poder Judicial que se sigue
riendo de nosotros, que continúa privilegiando los derechos de los delincuentes
frente a los de las víctimas, que encarcela a los perejiles mientras libera
todos los días a los autores de los mayores desfalcos que la sociedad ha
sufrido, que garantiza la impunidad de los poderosos y lucra con ello, que
dicta sentencias reñidas con la Constitución y con la ley.
Los ciudadanos de a
pie iremos a decirle a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la
Magistratura que estamos hartos, verdaderamente podridos, de este presente de
asfixia moral, de lepra sorda, de cobardías y de sensualismos de camastros,
como escribió Leopoldo Lugones.
Mientras tanto, sólo
me queda desear una feliz Pascua de Resurrección -o un feliz Pésaj- para usted
y los suyos. Ojalá, todos juntos podamos orar por la resurrección de nuestra
Argentina.
Bs.As., 30 Mar 18
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
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