Editorial
Así se explica que no haya habido ninguna reparación para las
víctimas de los guerrilleros[1],
y las reivindicaciones de justicia han sido, y siguen siendo, una injusticia
que los partidos de la oposición han querido corregir en varias instancias
infructuosamente.
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| El coronel Larrabure fue torturado hasta que finalmente fue asesinados degollado |
Una legisladora del
MPP, Manuela Mutti, que el año pasado saltó a la palestra al protagonizar un
escándalo reñido con una investidura que es evidente que le queda grande,
perdió la compostura cuando la diputada Graciela Bianchi recordó, al discutirse
una ley sobre sitios de memoria del pasado reciente, que también los tupamaros habían torturado[2]
y no solo los militares. Las interrupciones de Mutti a quien estaba en uso de
la palabra ¿se deberán a que esta joven nunca ha pensado en que esas personas
que pasaron meses y meses sin ver la luz del sol, confinados en una mazmorra
pestilente ubicada sobre los caños de las cloacas, vigilados de continuo y con
la angustia de no saber si al día siguiente morirían, como el embajador
británico Jackson quien quedó afectado para siempre por la experiencia vivida,
no fueron objeto de tortura? ¿O no habrá querido darse por enterada de que
otras personas como el Sr. Frick Davies o Pereira Reverbel también fueron
secuestrados y sufrieron bajo esas mismas horribles condiciones hasta que la
policía descubrió la llamada "cárcel del pueblo" y los liberó?
Pero
lo más grave de esa actitud es la constatación de que los tupamaros, finalmente
derrotados en 1972 tras haber impuesto el terror con bombas, secuestros, robos
y asesinatos, a partir de su participación en la vida política a la que se les
abrió la puerta, han logrado inculcar una historia a su gusto, favorable a su
imagen de héroes en lucha contra la dictadura[3].
A pesar de que el
aparato subversivo empezó a hacer daño y sembrar pánico en los sesenta bajo
gobiernos democráticos, en un país que se destacaba en América por su apego a
la institucionalidad, en llamativo contraste con muchos vecinos de la región
sudamericana. Para imponer su relato han contado con la complicidad de
intelectuales y autoridades oficiales en áreas vitales como la enseñanza y si,
como suele decirse, los vencedores son los que escriben la historia, hoy parece
que la victoria estuvo de su parte.
Así se explica que
jamás haya habido ningún tipo de reparación para las víctimas de los
guerrilleros y las reivindicaciones de justicia han sido y siguen siendo
hemipléjicas. Una injusticia que los partidos Colorado y Nacional han querido
corregir en varias instancias infructuosamente. El diputado Jaime Trobo lo
intentó con Lucía Topolansky mientras la Sra. de Mujica ejercía interinamente
la Presidencia, planteando la necesidad de reparar también a las víctimas de la
subversión.
En el 2007 Vázquez
dijo aceptar esa demanda, en momentos en que el Ejecutivo enviaba otro proyecto
de ley reparadora, aunque muy fugazmente, según luego se vio. Fue una promesa
que se la llevó el viento, tras la negativa reacción de varios grupos del
conglomerado frentista, y los perjudicados por los terroristas quedaron nuevamente
dejados de lado. Tampoco tuvo andamiento la reiteración del Partido Nacional en
2011 de contemplar a los familiares de las 66 personas que perdieron la vida
por obra de la sedición, para los cuales se pedía un resarcimiento de US$
150.000 por única vez, en cada caso. Una exigencia rematadamente equitativa,
que esta semana la diputada Bianchi oportunamente volvió a plantear a la
bancada frentista, ante los oídos sordos, la intransigencia y reacciones
extremas.
De acuerdo a los
datos obtenidos del BPS por un pedido de informes del diputado colorado Conrado
Rodríguez (Búsqueda), dicha institución lleva entregados US$ 60 millones a las
personas damnificadas por la dictadura. En base a las primeras leyes votadas
durante el gobierno de Sanguinetti y de Batlle, y la última de Vázquez, en
2007. Entre las personas que han accedido a jubilaciones y pensiones especiales
de acuerdo a artículos varios como el 8°, el 9°, el 11°, figuran todos aquellos
que por motivos políticos, ideológicos o gremiales, fueron detenidos,
despedidos por su actividad sindical, debieron abandonar el país o estuvieron
en la clandestinidad entre febrero de 1973 y febrero de 1985, según cómputos
fictos. Las personas sin causal jubilatoria tienen derecho a una jubilación
especial y, en caso de fallecimiento, la pensión va para sus deudos, a no ser
que ya contaran con una jubilación previa.
La avalancha de
jubilaciones por cómputos fictos ha ido aumentando por estas razones y por los
cambios aperturistas introducidos a la Ley de la Seguridad Social, todo lo cual
ha contribuido a que el déficit del BPS hoy ande por encima de los US$ 600 millones.
Y mientras las
víctimas del terrorismo continúan ignoradas, se da el absurdo de que como la
ley habla de procesados por la ley civil, un delincuente que cometió un delito
común puede argumentar que lo hizo por razones políticas y conseguir ser amparado
por el beneficio.
NOTAS:
Las imágenes,
destacados y referencias no corresponden a la nota original.
Cualquier parecido
con la realidad de la Argentina, no es mera coincidencia… es un consecuencia de
la persistencia de del comunismo marxista en pos de sus objetivos, nunca
abandonados.
[2]
Lo mismo pasó en
Argentina, los hoy llamados “jóvenes idealistas” son una parodia de lo que en
realidad eran: terroristas, asesinos, secuestradores, torturadores, etc.
[3]
Lo mismo hicieron los
Kirchner desde 2003 hasta finalizar el mandato de la ex presidente y
lamentablemente ese “relato” y distorsión de la historia se mantiene bajo el
gobierno actual… temerosos de modificar lo que es considerado “políticamente
correcto” y están continuando con los mal llamados “juicios de lesa humanidad”.
Al decir gobierno nos referimos a los tres poderes del estado. Se recomienda
ver el documental prohibido en la Feria del Libro: Será
Venganza!!.
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