La Causa judicial se inició
en la Provincia de Corrientes en el año 2007, a instancias del Subsecretario de
Derechos Humanos de la Provincia Dr. Pablo Vassel con la adhesión de algunos ex soldados combatientes, quienes
fueron instigados, manipulados y preparados
para efectuar denuncias de supuestas torturas, malos tratos y abuso de
autoridad por parte de Cuadros integrantes de la Fuerza de Tareas “Yapeyú”
desplegada en la Isla Gran Malvinas. La Causa fue radicada en el Juzgado
Federal de Rio Grande, Tierra del Fuego, por razones de Jurisdicción, quedando
claro desde su inicio que las verdaderas motivaciones de los denunciantes
fueron de índole económica, mezclada con una evidente intencionalidad política
de desprestigio de los Cuadros de las Fuerzas Armadas.
Los supuestos delitos
fueron declarados crímenes de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles
por el Juez de Primera instancia, y ratificado en el año 2009 ante el recurso
de apelación interpuesto por la Defensa, por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Este fallo fue a la vez recurrido por la Defensa ante la Cámara de Casación
Penal, cuya Sala I, dictaminó en un Fallo del año 2009, que los hechos
denunciados no constituyen delitos de Lesa Humanidad y que por lo tanto las
acciones penales están prescriptas. Con posterioridad el Procurador General de
la Nación revoca el Fallo de Casación y deriva el juzgamiento de los imputados
a la Corte Suprema de Justicia la que por un fallo del año 2015, ratificó la
sentencia de la Cámara de Casación declarando prescripta la acción penal
cerrando definitivamente el caso. Ya en el año 2011, la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia en línea con lo
fijado por sus superiores de Casación
había firmado la prescripción de la Causa.
Pese a que por todo
lo expuesto precedentemente debe
considerarse la prescripción “Cosa
Juzgada”, a instancias del Centro de ex Combatientes de La Plata con el
apoyo del Premio Nobel Pérez Esquivel, y aduciendo que a raíz de la desclasificación
de los archivos de la Guerra de Malvinas
en el año 2015, surgieron nuevos elementos de prueba, pidieron la reapertura de
la Causa, por lo cual , en el presente mes,
el Fiscal Federal de Rio Grande solicita
la detención y declaración indagatoria de veintiséis militares. Como
consecuencia de esta medida, han vuelto a surgir testimonios de ex soldados
combatientes, que denuncian que habían sido manipulados y engañados con falsa
promesas de resarcimiento económico para acusar a sus superiores, con
expresiones tales como: “Se necesitan dos
que afirmen que Pedro fue estaqueado, cuando lo llamen a Pedro, si lo desmiente,
afirmaremos que es por miedo”.
Finalmente es
importante destacar que los delitos que pudieran cometerse por el personal
militar involucrado en acciones de Guerra, deben ser juzgados de acuerdo con el
Derecho en la Guerra, más conocido por Derecho Internacional Humanitario, y sus
autoridades de aplicación; Jueces Militares, Consejos de Guerra Ordinarios y
Especiales, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas etc., encuadrados en el Código
de Justicia Militar plenamente vigente entonces. El Juzgamiento ocurrido es
claramente violatorio de la Constitución Nacional que establece la prohibición
de juzgamiento por Jueces que no sean
los naturales.
C.A.B.A. mayo de
2018.
Firman los Generales Retirados:
Juan Miguel Giuliano - David Comini - Luis Cloux - Jorge Olivera.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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