Por Carlos Sánchez
Berzain[1]
28 de mayo de 2018
Hay centenas de
presos políticos en las Américas. Son víctimas de otra serie de delitos
perpetrados, con modelo transnacional, por los gobernantes de Cuba, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador/Correa y Argentina/Kirchner, para privar de
libertad a ciudadanos señalados como "amenaza
política", vengarse o sentar precedente de miedo. Los presos políticos
del socialismo del siglo XXI son falseados como presos comunes manipulando el
sistema de Justicia como medio de persecución y control político aplicando "leyes infames". Los presos
políticos son prisioneros de los regímenes de delincuencia organizada
transnacional.
Preso político es la "persona física que se mantenga en la
cárcel o detenida de otro modo porque sus ideas supongan un desafío o una
amenaza para el sistema político establecido". Se trata de personas
consideradas "amenaza política",
privadas de su libertad sin que existan razones legales reales, en violación de
sus derechos humanos por decisión arbitraria del gobierno, con acusaciones
mistificadas como un proceso legal.
El Foro Penal
Venezolano, una "institución no
gubernamental de asistencia a víctimas de violaciones de los derechos
humanos", describe tres categorías de presos políticos: "Categoría 1: Aquellas personas
detenidas o condenadas por representar individualmente una amenaza política
para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos
el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político,
neutralizarla como factor de movilización social o político, aislándola así del
resto de la población. Categoría 2: Aquellas personas detenidas o condenadas,
no por representar una amenaza política individual para el régimen, sino por
ser parte de un grupo social al cual es necesario intimidar. En este grupo destacan
estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares,
activistas sociales y políticos, entre otros. Categoría 3: Aquellas personas
que, sin que el gobierno los considere una amenaza política de forma individual
o parte de un grupo social, son utilizadas por el gobierno para sustentar una
campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a
determinadas situaciones de trascendencia nacional".
La característica de
los presos políticos de los regímenes instalados y sostenidos por el eje La
Habana-Caracas en el siglo XXI es la judicialización. Se trata de la
utilización del sistema de Justicia para acusar, investigar, realizar
detenciones o justificar las ya hechas, iniciar procesos judiciales, producir
sentencias y condenas e instituir un sistema penitenciario brutal, con la
propaganda de que "no hay presos
políticos sino políticos presos".
El sistema judicial
de Cuba es la parte del régimen totalitario que tiene la función principal de
proteger al régimen en lugar de administrar justicia; ha sido el modelo para
que Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel
Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, establecieran un sistema propio de "fiscales y jueces del régimen"
y de "leyes infames" como
los dos instrumentos para simular y falsificar como delitos comunes los
procesos de persecución política.
"Ley
infame" es la "norma que, elaborada y establecida siguiendo el procedimiento
formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y
las libertades fundamentales". Son leyes que los regímenes
castrochavistas aprueban con el control que tienen del Poder Legislativo,
sostienen con el dominio que tienen del control de constitucionalidad y que
aplican con el control que tienen de los fiscales y los jueces del régimen.
Anular la
irretroactividad de la ley, que es un derecho humano, leyes mordaza,
modificación de los códigos penales, agravación de penas y nuevos delitos,
investigaciones sobre hechos prescritos con nuevas leyes infames, derogación de
leyes, anulación de las garantías para el ejercicio de la abogacía, son, entre
otras, el contenido común de las leyes infames usadas en Cuba, Venezuela,
Ecuador/Correa, Bolivia, Nicaragua y la Argentina/Kirchner.
Someter a situación
de indefensión, "asesinato de
reputación" con control de prensa, amedrentar, acusar y encarcelar a
los abogados que defienden casos, perseguir a fiscales y jueces que ya no
ejecutan sus atrocidades, describen y prueban, con recurrencia y reincidencia,
los delitos de los Castro, Chávez, Maduro, Correa, Ortega, Morales, Kirchner y
sus entornos, confesados por los mismos fiscales y jueces que han huido del
sistema de crimen organizado al que sirvieron y por los cientos de víctimas que
están en las prisiones o en reclusión domiciliaria.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
[1] El
autor es abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for
Democracy. www.carlossanchezberzain.com
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