Cuarenta años
después de la muerte del jefe del grupo subversivo Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) sus tres hijas cobrarán $250.000 cada una como reparación moral
por la desaparición del cadáver. Juan Bautista Yofre, estudioso que ha seguido
las derivaciones del terror de los años 70, sostiene que las tres mujeres ya habían cobrado como resarcimiento del Estado
nacional otros $ 32.767.878.
Ana Cristina, Gabriela Inés y Marcela Eva Santucho
habían reclamado por resarcimiento moral,
en demanda que tramitó en el Juzgado en lo contencioso administrativo N°11, a
cargo de María José Sarmiento, la suma
de $10.000.000. Con ser importantes, esas cifras planean más bajo que la grosera inequidad institucional de las
indemnizaciones a dirigentes subversivos de los años 70 y sus deudos en
relación con la consideración dispensada a las víctimas de sus crímenes. La
injusticia es más grave aún en el terreno penal, pues los líderes y cómplices
de Montoneros, ERP y demás fueron amparados no por una amnistía de sus delitos,
sino por dos, y quienes reprimieron, con
aplicación por igual de métodos fundados en el terror, sufren persecución y
cárcel.
Mario Santucho y Benito Urteaga
cayeron bajo la metralla de un grupo de tareas del Ejército, comandado por Juan Carlos Leonetti, cuando entraron
el 16 de julio de 1976 en un departamento de Villa Martelli. En el tiroteo murieron Leonetti y los dos subversivos,
cuyos cadáveres habrían sido llevados a Campo de Mayo pero nunca fueron
devueltos a sus familias.
Leonetti era
un joven oficial que respondía a sus mandos militares según órdenes emanadas
del gobierno de María Estela Martínez de Perón de "aniquilar" la subversión. Entró al parecer en aquella
guarida de Villa Martelli sin saber lo que encontraría. Encontró la muerte y nadie se hizo cargo de las responsabilidades por
ella.
Tampoco nadie pagó por la vida del capitán
Humberto Viola y de su hija María Cristina, de 3 años.
Fueron abatidos por terroristas que reconocían la jefatura de Santucho. Viola y
su hijita no se hallaban el día fatal en una operación militar. María Cristina
Picón, esposa de Viola y embarazada entonces de cinco meses, lucha estos días
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se castigue a
quienes diezmaron su familia.
Las actuaciones de oficio del Estado nacional para
las indemnizaciones otorgadas a víctimas o sucesores del terrorismo de Estado
se han puesto más exigentes, pero el grupo principal de los potenciales
reclamantes ha cobrado desde hace muchos años los resarcimientos.
Un día en el exilio se cuenta como un día de prisión. La cifra de beneficiarios no cubre a los 30.000 desaparecidos que
denuncian organizaciones que han legitimado la lucha armada del pasado por la
conquista del poder. Tampoco llega a 10.000, pero está más cerca de las
estimaciones de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep).
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| Montoneros y ERP, Terroristas argentinos en el Punto Cero de Guanabo, adiestrados en Cuba. |
Las hijas de
Santucho fueron sacadas en 1976 del país con el fin de preservar sus vidas.
Fueron llevadas a Cuba, que adiestraba, armaba y oficiaba de tesorería de
quienes incendiaron el país en los 70. Como
compensación protegía a quienes alentaba a matar sin importar que fueran
matados.
Si el tema es de trascendencia significativa,
porque lo que paga por concepto de indemnizaciones el Estado compromete tanto
valores políticos y morales como los bolsillos de la sociedad, más lo son los
mensajes de aquellos años de horror. Una de las
beneficiarias del caso que tratamos ha argumentado que la izquierda luchó por
un proyecto común de trabajo, con fábricas nacionales y contra los monopolios
internacionales, el FMI... Afortunadamente, si se puede decir así, dijo también
que está de acuerdo con la lucha armada de los 70 "porque era un contexto muy especial". Si aquel "era un contexto muy especial",
en un Estado de Derecho pleno como ahora no solo queda descartada la violencia
ilegal, sino el delirio que llevó a ella y la injusticia de que, habiéndose
apelado por ambas partes a procedimientos inadmisibles, y en primer lugar
humanitario, los resarcimientos vayan
sólo hacia un lado y el desprecio y castigo carcelario, hacia el otro.
Deberá obrarse en consecuencia.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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