"Muchos
jueces son absolutamente incorruptibles;
nadie
puede inducirles a hacer justicia".
Bertolt Brecht
En medio de la
reactivación de las causas judiciales por corrupción, que amenazan con llevar a
la cárcel a encumbrados empresarios y funcionarios de relevancia, todos los
cuales dicen haber padecido cegueras direccionadas que les impidieron ver los
cuantiosos y estrafalarios movimientos de dineros non sanctos que realizaban
sus subordinados y pasaban por delante de sus narices en bolsos de todo tipo,
una dolencia que al parecer resultó epidémica y común entre los jefes de
Gabinete de los Kirchner, me siguen haciendo ruido algunas escandalosas
ausencias en la larga lista de quienes han sido llamados a contar sus historias
por el Juez Claudio Bonadio.
Me refiero, claro, al
camaleónico Alberto Fernández, al inefable Anímal Fernández y al siempre
resbaloso Sergio Massa, tres espléndidas muestras de cuántas volteretas se
pueden dar dentro de la sopa del famoso movimiento sin caerse nunca del plato,
tan hondo él. Pero en la planilla de esa generala me falta tachar también a dos
empresarios, cómplices del peor y más grande desfalco que sufrimos los
argentinos durante el kirchnerismo, a los cuales nadie parece haberles
preguntado nada, pese a las obvias respuestas que pudieran dar para
esclarecerlo: Enrique y Sebastián Eskenazi.
He escrito mucho
sobre ambos, desde la época en que "compraron"
el 25% de YPF para su mandante don Néstor (qepd) y, desde entonces, me ha
llamado la atención que nadie investigara a Petersen Energía (de Australia) ni
a sus homónimas españolas para descubrir quiénes son sus verdaderos y ocultos
dueños. La más reciente, cuando un fondo especulativo inició una demanda contra
nuestro país ante los tribunales de Nueva York por una suma que podría alcanzar
una cifra sideral; puse por título "Cristinita,
¿otros US$ 5.000 MM?" a esa nota, que puede leerse en mi blog.
A comienzos de la
semana pasada, en la vorágine desatada por la finalmente exitosa reunión del
G-20, pasó desapercibida una noticia penal económica. El Banco de San Juan
-también propiedad de esta próspera familia, al igual que el de Santa Cruz
(¡oh, casualidad!)- y sus directivos fueron condenados por la Justicia federal
a pagar una multa de US$ 17 MM por simular operaciones cambiarias, mediante la
falsificación de documentos y firmas de sus clientes, para derivar los fondos
al mercado negro en beneficio propio.
Como se ve, el saqueo
continúa, pero quienes lo encabezan -¿dónde está Jorge Brito, eterno operador
de la corrupción?- siguen gozando de una pasmosa tranquilidad en sus mansiones,
al igual de aquéllos para los que actuaron como testaferros.
Pero el epígrafe de
esta columna hoy va dirigido, con todo cariño, a dos ministros de la Corte
Suprema de Justicia: Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Ambos
cambiaron el voto con que habían resuelto el caso "Muiña" a favor del condenado por aplicación de la ley
más benigna, y ahora decidieron que a los militares y civiles que combatieron y
triunfaron en el campo de batalla contra la subversión y el terrorismo no les
corresponde ninguno de los derechos que la Constitución, teóricamente,
garantiza para todos los habitantes de la Argentina.
Para dar razón a esa
injustificable pirueta se ampararon dando constitucionalidad a una "ley interpretativa" de este
año que, haciendo verdaderos malabares idiomáticos, nos explicó,
retroactivamente, qué habían querido decir los legisladores de entonces cuando
sancionaron la ley del 2x1 (cada día en exceso del máximo de prisión preventiva
se computa doble). Se sumaron así a Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti,
que ya habían votado así en la discusión anterior, para constituir una nueva e
indigna mayoría.
Los pendones del
honor quedaron, a partir de ese fallo, sólo en manos de Carlos Rosenkrantz, el
Presidente de la Corte que, a contrapelo de su propia ideología, votó en
disidencia por respeto a la ley y a la Constitución, que debieran ser la única
razón de los jueces.
Los dos mil ancianos,
vergonzosos presos de esta rara y deficitaria democracia seguirán, entonces,
muriendo en las inmundas cárceles donde los mantiene la cobarde y pusilánime
actitud de todo el arco político y de todos los poderes del Estado, que
inexplicablemente tiemblan de miedo frente a una izquierda violenta pero
insignificante a la hora de contar los votos.
Ese mismo pavor, y la
estupidez congénita de algunos, se expresa hoy a gritos contra el protocolo de
seguridad establecido por la Ministra del área, Patricia Bullrich, para
defender la vida de los ciudadanos y de los propios policías contra los
delincuentes que, arropados en la impunidad que les garantizan los jueces de la
puerta giratoria, pululan en nuestras ciudades.
Mauricio Macri,
finalmente, ha descubierto que sus actitudes pseudo-progresistas están
atentando contra la base electoral del PRO y, ante el giro copernicano que está
sufriendo la política en el mundo entero, ha decidido capitalizar al menos una
parte del "efecto Bolsonaro",
que está cambiando el perfil de muchas sociedades, incluyendo curiosamente a la
andaluza. Sobre todo, ha percibido que cualquier figura, por muy desconocida
que sea, puede transformarse, en muy poco tiempo, en un fenomenal competidor si
monopolizara esas banderas en la Argentina.
Bs.As., 8 Dic 18
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
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