El 24 de marzo fue
declarado el “Día de la Memoria, Verdad y
la Justicia” y desde 2006 es feriado nacional. Si de memoria y de verdad se
trata es imprescindible recordar la profunda y caótica crisis que a principios
de 1976 atravesaba el país por la degradación y el vacío de poder, la
corrupción y la violencia diaria de un terrorismo apabullante. Pocos hechos en
nuestra historia como aquél golpe militar, fueron tan previsibles e impulsados
por la gran mayoría de la dirigencia política.
A aquella situación
se llegó después de la irresponsable y ominosa ley amnistía de mayo de 1973,
que votada por aclamación en el Congreso liberó a más de 2000 terroristas, la
mayoría condenados legalmente, en el marco de procesos ajustados a las
garantías y derechos prescriptos por la Constitución Nacional, mediante jueces
intachables. Entre otros el Dr. Jaime Smart, hoy preso condenado a perpetuidad
y el Dr. Jorge Quiroga arteramente asesinado
por terroristas del ERP. Los
amnistiados volvieron a tomar las armas y se desató en el país un verdadero
baño de sangre.
Sin embargo, se ha
hecho del 24 de marzo de 1976 una historia sesgada, alimentada con recursos del
Estado. La incapacidad política, la falta de coraje, tanto del gobierno como de
la dirigencia de entonces que no supo estar a la altura de las circunstancias,
determinó como último remedio, que las fuerzas armadas asumieran el poder. Esta
afirmación no es retórica. Si de memoria se trata podemos recordar que la
guerra de los setenta fue extremadamente cruel. Por un lado, miles de
guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron
con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati,
Mor Roig etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure,
Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros
hechos vandálicos hasta sumar un total de
20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder
para convertir a nuestra República en un estado totalitario marxista. Estas
acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales. Por otro lado
las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales debieron enfrentar la agresión
subversiva de un terrorismo urbano, clandestino y sin uniforme. Lo hacían en
defensa del Estado, en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón
e Italo Luder y refrendados por todos
sus ministros. El propio Perón en ocasión del ataque al regimiento de Azul en 1974, dijo que “… a los terroristas hay que eliminarlos uno
a uno para bien de la República”. El propio Perón introdujo los métodos
ilegales de represión con la denominada Triple A. Luego las fuerzas armadas y
de seguridad ejecutaron la orden de aniquilar el accionar terrorista, no sin
haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales.
Si de verdad y
justicia se trata, podemos verificar que a partir del gobierno de Néstor
Kirchner, con la necesaria complicidad del Congreso y la Corte Suprema, se
produjo la grosera demolición del orden jurídico, iniciándose una persecución
vengativa y discriminatoria contra integrantes de la fuerzas armadas y de
seguridad y también civiles y religiosos, acusados de delitos de “lesa humanidad”. Los jueces, por miedo o fuertemente
ideologizados, finalmente corruptos, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos”. Estos
jueces no imparten justicia sino instrumentan la venganza, y mediante procesos
viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales mantienen en las
cárceles a cientos de presos, la mayor parte sin condena. Esta población
vulnerable, cuyo promedio de edad es de 75 años, es groseramente discriminada y
se puede afirmar, sin eufemismos, que se trata de una población descartada de
la sociedad, condenada a morir en la cárcel. Ya han muerto 490, últimamente a
razón de dos por semana.
En consonancia con
estas reflexiones la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en un
dictamen emitido el 25 de agosto de 2005, en forma contundente se pronunció
declarando la inconstitucionalidad de la doctrina judicial que dio origen a
esta parodia de juicios. También hace un par de años, un grupo destacado de
juristas argentinos, cuyos nombres consigno: Juan Ramón Aguirre Lanari; Julio
E. Altamira Gigena; Jaime Anaya; Gregorio Badeni; Alberto Bianchi; Juan Carlos Cassagne; Siro M.A. De Martini; Daniel Funes de Rioja;
Guillermo Ledesma; Roberto Luqui; Daniel Sabsay; Alfonso Santiago y Jorge
Vanossi, manifestaron que… “En la última
década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que
llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron
en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos
penas gravísimas. Mientras que a los responsables directos o indirectos del
terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado
con cargos públicos y copiosas indemnizaciones.”
Celebrar el 24 de
marzo sin tener en cuenta estas consideraciones no es ni memoria ni verdad ni
justicia, simplemente hipocresía. Esto debe terminar. Poner punto final a esta
ignominia, que denigra a nuestra generación, debiera ser preocupación de este
gobierno de cara a las próximas elecciones. No existen obstáculos jurídicos
genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los
pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por
los enfrentamientos internos. Es indispensable restaurar la concordia y la
plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico, premisas
necesarias para consolidar la paz interior, objetivo que debe ser política de
estado de un buen gobierno.
Alberto
Solanet,
Presidente de la
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
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