¿PAÍS?

18/04/2019                                         Por Mauricio Ortín

El ex terrorista Roberto Cirilo Perdía, primero durante el gobierno constitucional de Juan Perón e Isabel Martínez y luego durante el gobierno militar, ensangrentó la Argentina asesinando policías, militares, empresarios, sindicalistas, niños, políticos y ciudadanos comunes. Es responsable también de la muerte de miles de los suyos, a quienes abandonó escapando a Europa con los 60 millones de dólares del secuestro de los Born. Si bien nunca se hizo el recuento de los crímenes por los cuales este sujeto permanece impune, sólo en el atentado con bomba vietnamita al comedor de la Superintendencia de la Policía Federal de Buenos Aires este depravado segó la vida de 23 personas e hirió gravemente a otras sesenta. En libros y en notas de la que es autor, Perdía suele desplegar su pasado de homicida justificándolo sin el menor sentimiento de culpa. En la Argentina asesinar en nombre de la izquierda no está mal visto y hasta se puede reivindicar sin caer en apología del delito. Más aún si los asesinados son policías, militares o empresarios. Y a las pruebas me remito: los terroristas que atacaron el Cuartel de La Tablada están libres, los que lo defendieron siguiendo órdenes del gobierno constitucional de entonces, están presos. Así pagan los políticos argentinos.

Sin embargo, si bien la apología del delito de un criminal en libros y notas es grave, pavoroso, deplorable y perturbador, peor aún resulta que este criminal impune confiese y haga apología de su propio delito frente a un tribunal impávido. El jefe terrorista Roberto Cirilo Perdía declaró en la primera audiencia testimonial del juicio de lesa humanidad "Contraofensiva Montonera" ante el Tribunal Federal Número 4 de San Martín, integrado por los jueces Alejandro De Korvez, Matías Alejandro Mancini y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, que tiene a nueve  acusados imputados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinatos. Bajo juramento, declaró: “Nuestro plan era atacar al grupo económico de Martínez de Hoz" con las TEI (Tropas Especiales de Infantería) montoneras, también, que en la “Contraofensiva” participaron más de 450 combatientes. “La mitad llegó al país del exterior, sobre todo desde México y España, y la otra mitad fue reclutada de militantes que estaban en Argentina”, agregó. No precisó detalles de cómo, cumpliendo el objetivo trazado, las TEI asesinaron a Francisco Soldatti y al cabo primero Ricardo Durán (Policía Federal Argentina), su chofer, en pleno centro de Buenos Aires, ni tampoco cómo volaron la casa de la familia Klein asesinando a los policías José Cardaci y Julio Moreno. Por cierto, los homicidios de Soldatti y Durán no les salieron gratis. En el lugar, cinco terroristas perdieron la vida. Dos abatidos por la policía y tres al manipular una bomba. Pues bien, para la Justicia argentina estos cinco y el resto de los abatidos lo fueron, no porque andaban asesinando según un plan terrorista preconcebido, sino porque al gobierno militar se le dio por matar civiles. Hay que decir que el asesino Perdía se retiró aplaudido por el público.

En relación al engendro legal llamado, “Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil”, conviene hacer algunas precisiones: 1) Que si el plan en verdad existió, es obvio que no era contra la población civil al voleo sino, en todo caso, específicamente contra aquellos que, además de civiles, eran salvajes asesinos; 2) Que de las propias palabras de Perdía, se desprende que la “Contraofensiva” constituía un deliberado plan sistemático de exterminio contra el “Grupo Martínez de Hoz”; 3) Que policías que abatieron a los asesinos de Soldatti no lo hicieron en virtud de ejecutar un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil (que ni siquiera conocían) sino reacción espontánea en cumplimiento del deber de defender la vida de Soldatti y Durán; 4) Que sostener semejante disparate implica, por un lado, negar el ataque terrorista que sufrió la sociedad argentina y, por el otro, criminalizar en sí misma (no por su forma) a la represión contra el terrorismo con la patraña ridícula de confundirlo con “población civil”.

¿Se puede llamar seriamente “país” a una sociedad que tolera impasible que un criminal repugnante se erija en campeón de la moral y los derechos humanos? ¿Y que, además, se tomen sus dichos para condenar a los que evitaron que el sujeto siga asesinando? Que ni la Corte Suprema, el Concejo de la Magistratura, los colegios de abogados o los catedráticos de las facultades de derecho no hayan acusado recibo de semejante disparate lleva a inferir forzosamente que el sistema judicial argentino está intoxicado.

¿País, esto? Vaya murga que somos…