Jovina
Luna, hermana de un soldado caído en el asalto a un regimiento de Formosa en
1975, acusa por fraude al Estado a quienes pagaron resarcimientos a nueve de los
trece atacantes.
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| El 5 de octubre de 1975 Montoneros llevo a cabo el copamiento del Regimiento de Infanteria de Monte 29 Coronel Warnes de Formosa. En los enfrentamientos y posteriormente murieron 28 personas. Dos de los soldados conscriptos en el momento del ataque, Fermín Cabrera y Ricardo Valdez, en una foto de 2010. Fotos Alfredo Martinez / Enviado Especial formosa Fermin Cabrera y Ricardo Valdez aniversario de la operacion primicia copamiento del Regimiento de Infanteria de Monte 29 por los montoneros hombres que cumplian el servicio militar en ese momento |
CLAUDIO SAVOIA
La sanguinolenta
tragedia política de los años 70 sigue supurando a través de sus heridas mal
cicatrizadas. Este miércoles, la hermana de un colimba muerto durante el ataque
de un comando de Montoneros al regimiento 29 del Ejército en Formosa, ocurrido
en octubre de 1975, denunció ante la
justicia federal porteña a todos los funcionarios públicos que intervinieron
para reconocer y pagar indemnizaciones a nueve de los trece guerrilleros
que participaron de aquel asalto. Los acusa de haber cometido un fraude al
Estado. La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro
González.
Jovina Luna es la
hermana del soldado Hermindo Luna, conscripto caído mientras montaba guardia en
el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa cuando fue atacado por
Montoneros el 5 de octubre de 1975. Según
su denuncia, a la que accedió Clarín,
nueve de los guerrilleros atacantes fueron indemnizados como víctimas de la
represión ilegal, lo que para ella implica los delitos de defraudación a la
administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos, omisión de
denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público por
parte de los funcionarios y particulares
que intervinieron en la concesión de ese beneficio, ya sea como autores,
cómplices o instigadores.
“Las
maniobras delictivas, consisten en la registración oficial de casos falsos de
víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus
causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias
indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley
N° 24.411(Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar
del terrorismo de Estado)”, explicita el texto.
Aunque la acusación
exige “analizar eventuales
responsabilidades por omisión o falta de control, de organismos públicos
nacionales como el Ministerio del Interior, el de Justicia, la Oficina
Anticorrupción, la Auditoria General y la Sindicatura General”, pone foco
especialmente “en las sucesivas
Dirección, Subsecretaría y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”,
que ocuparon Alicia Pierini, Inés Pérez Suárez, Diana Conti, Eduardo Luis
Duhalde y Martín Fresneda.
Basada originalmente
en la investigación contenida en el libro “Mentirás
tus muertos”, de José D'Angelo, la denuncia sumó datos obtenidos en
diferentes documentos y publicaciones y en oficinas públicas, según los cuales
los guerrilleros muertos en el ataque en Formosa cuyos herederos cobraron
indemnizaciones estatales son Reinaldo Ramón Briggiler, José Daniel Graziano,
Juan Sebastián Hernández, Víctor Hugo Iribarren, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge
Alberto Livieres, Arturo Inocencio Mariani, Luis Carlos Morero y Alfredo Rubén
Velázquez.
La denuncia de Jovina
Luna puntualiza que entre todos habrían
cobrado en total una suma de 1.514.612 dólares, actualizando los montos
recibidos y a una cotización de 40 pesos por dólar.
“Al
amparo de la Ley 24.411, hasta diciembre de 2015 se habían pagado 7.907
indemnizaciones cuyo monto total sumado y actualizado a mayo de 2019, asciende
a 61.122 millones de pesos, equivalentes a 1.358 millones de dólares”,
detalla la acusación.
“Se
impone entonces que la Oficina Anticorrupción disponga de inmediato de los
medios suficientes para investigar todos los casos beneficiados a través de las
llamadas leyes reparatorias, con el fin de que podamos conocer hasta dónde ha
llegado la fenomenal estafa de que ha sido víctima el Estado argentino”,
pide en otro tramo.
“La
cantidad de casos falsos detectados indican, además, que la maniobra no ha sido
producto del accionar individual de los causahabientes beneficiados con las
indemnizaciones. Se trata indudablemente
de una estructura de falsificación por creación de casos y gestión de trámites
ante el Estado, con la finalidad de beneficiar a terceros y seguramente a
propios, con la necesaria complicidad de diferentes funcionarios públicos
que aprobaban los pagos sabiendo que no correspondían, o sin verificar
debidamente si encajaban o no en las causales señaladas por la ley”,
apunta Luna.
Para justificar su
interés particular -fundamental para que su denuncia sea aceptada e investigada
por el juez Rafecas- la hermana del colimba caído en 1975 advierte que “no soy un tercero reclamando por un interés
ajeno. Por el contrario, soy perjudicada directamente por la falsedad sobre la
que se asentó el cobro indebido de indemnizaciones, falsedad que afecta no sólo
el derecho a la verdad, sino también a la memoria y al honor de mi hermano y el
de nuestra familia”.
“Mi
hermano, que ofreció su vida en defensa de la Nación, no sólo resulta ignorado
sino que además a sus asesinos y cómplices se los exhibe como mártires, se les
rinde homenaje como héroes y se indemniza a sus familiares como si hubieran
sido realmente las víctimas del artero y cobarde ataque que protagonizaron
asesinando a soldados indefensos”, argumenta.
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