Por Héctor Schamis
@hectorschamis
La
Argentina es un constante menosprecio por la historia, una permanente pulsión
por cambiarla. Como si la historia tuviera por
misión la eficiencia, la búsqueda de un cierto óptimo social. Como si se
pudiera manipular retrospectivamente “lo
que salió mal” ayer, para repetirlo con la esperanza de que mañana,
corregido, “sí saldrá bien”.
O sea, una ahistórica pasión por la historia. Ello a
su vez deriva en una manera de hacer política “mirando en el espejo retrovisor”. Es decir, la política como la
tarea de modificar el camino ya recorrido, más que enderezar la curva que
viene.
La cual no es posible ver en el espejo retrovisor,
con perdón por la insistencia con la pedestre metáfora. Es la concepción de la política como corrector del pasado, no como
constructor del futuro.
Así como en las viejas disputas entre federales y
unitarios, rosistas y sarmientistas, y varios más que continuaron hasta bien
entrado el siglo XX, hoy se reciclan
otros temas en una atiborrada agenda siempre melancólica. Unos vuelven a
hablar de reforma agraria, por
aquello de la oligarquía, omitiendo que, generaciones más tarde, dicha reforma
ya fue hecha por el código civil: se llama ley de herencia. Otros tienen la
desdichada ocurrencia de sugerir una “Conadep para periodistas”.
A propósito, nótese el intento de asimilar a periodistas críticos con torturadores[1], además de la
implícita desvalorización de aquella tarea de recopilar información sobre
crímenes de lesa humanidad, tan solo días después de terminado el régimen
militar y con los carapintadas en los cuarteles. Todo ello 15 años antes del
Estatuto de Roma, instrumento del derecho internacional que tipificó dichos
crímenes y creó la Corte Penal Internacional.
Se
trata de propuestas de prominentes partidarios de Alberto Fernández y, a propósito,
sin que el candidato presidencial haya emitido opinión alguna al respecto. La perla de este espejo retrovisor, sin embargo, la
constituye el intento del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio
González, de “reescribir la historia
argentina con una valoración positiva de la guerrilla de los años setenta…que
se escape de los estudios sociales que la ven como una elección desviada,
peligrosa e inaceptable”.
Pues aquella guerrilla fue aún peor que eso. No hay nada positivo en la violencia de los
años setenta. Pretender otorgarle ese cariz no solo es desviado, peligroso e
inaceptable, según sus palabras, sino también irresponsable.
Es inadmisible manipular la memoria a expensas de la
historia, “reescribirla”
precisamente. Ya existe una historia contada con objetividad, basada en datos,
testimonios y documentos. Es hasta trágico tener que volver a hacerlo hoy, ello
es persistir en hacer política mirando por el espejo retrovisor.
El
intento de “valoración positiva” de
aquella etapa es más problemático que una divergencia entre historiadores. Con ello se intenta reintroducir una cultura
política de la violencia, aquella que viene del suma cero y el “apriete”, y que se justificó entonces
por la presumida superioridad moral de una camarilla autoritaria que terminó
siendo una banda criminal.
Pues esa camarilla tenía origen en el nacionalismo de
Tacuara, pero terminaron supuestamente en la izquierda progresista. ¿Eran de
verdad progresistas? No hay manera de saberlo, más allá de su camaleónico
oportunismo.
Eran apologistas de sus propios crímenes: “Cómo
ajusticiamos a Aramburu”; “Así secuestramos a los Born”; “Por
qué matamos a Rucci”, alardeaban con arrogancia desde El Descamisado y
demás publicaciones. Los detalles se explicaban con obscena impunidad.
Esa
camarilla reclutaba estudiantes secundarios, menores de edad a quienes hacían
participar en acciones violentas, para luego entregarles cápsulas de cianuro e
inducirlos al suicidio con el objetivo de no ser apresados con vida. Se trata de criminales de guerra, si ello fue por
política, o bien infanticidas, si solo fue delincuencia común. O ambos.
¿Es posible alguna valoración positiva de algo así? Las cúpulas de esas organizaciones
terminaron en la delación generalizada de sus propios militantes, como en el
operativo retorno y la contraofensiva. Tampoco se explicaron las muertes de
algunos dirigentes de nombre y la supervivencia de otros, a propósito de
delación. Según algunos, todo ello ocurrió previo acuerdo con los mismos
militares que decían combatir, léase, Emilio Massera.
También fueron corruptos. Nunca se supo dónde terminaron los 60 millones de dólares, de 1975, del
rescate de los hermanos Born. Es que muchas de esas delaciones fueron tan
solo la conducta normal de una banda de maleantes, quienes una vez en el
aguantadero comienzan a eliminarse entre ellos simplemente para dividir el
botín entre menos personas. Es la simple aritmética, alcanza con una película
de atracadores de bancos.
“No
hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, le cantaba Joaquín Sabina a una exiliada argentina
de regreso a Buenos Aires. Es pertinente, no hay lugar para romanticismo alguno
entre toda esta miseria humana. La
sociedad argentina hace mucho tiempo que rechazó la violencia como instrumento
válido de la política.
Alejarse un milímetro de esta noción es, lisa y
llanamente, hacer apología del delito. Y, por supuesto, negarle a esa misma sociedad la posibilidad de
un futuro promisorio.
FUENTE: https://www.infobae.com/opinion/2019/10/06/la-argentina-los-70-y-el-menosprecio-por-la-historia/
NOTA:
La referencia es propia y no corresponde a la nota original.
[1] Pensamos que el autor aquí cae en una innecesaria
generalización, similar a la de aquellos seudoperiodistas o personas que
alegremente llaman genocidas a todos los miembros de las Fuerzas Legales del
estado argentino. Dejamos expresa constancia que en el República Argentina no
hay una sola persona condenada por el delito de genocidio y que no todos los
que han sido juzgados por supuestos delitos de lesa humanidad han sido
condenados por tortura. Para dejar bien en claro nuestra posición, informamos
que ante la posibilidad que en esos juicios se han vulnerado los derechos jurídicos
de los imputados, hemos iniciado una petición para que se efectúe una
auditoría jurídica de todo lo actuado en los mismos, con participación de la
partes y se cumpla dictamen pericial.
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