Parece mentira que en la actual República Argentina, una vez más la violencia impone sus
requerimientos a la justicia.
Lo que no lograron los abogados
defensores, ni el presidente
de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, ni nuestra
petición de una auditoría jurídica y tantas denuncias de irregularidades
jurídicas en los llamados “juicios de lesa
humanidad”… lo obtuvo un grupo de delincuentes comunes, quienes ayer
realizaron un violento motín en la cárcel de Villa Devoto.
Desde este espacio y decenas de organizaciones más no
hemos cansado de repetir que nuestros amigos y camaradas, que nos salvaron de
ser un país comunista, se encuentran injustamente privados de su libertad y los
juicios que lo permitieron fueron verdaderos cirKos para entretener al pueblo, mientras
a sus espaldas se saqueaban las arcas del estado. Todos ellos se encuentran
embarcados en el colectivo de personas
de mayor riesgo, son mayores de 65 años y con determinadas afecciones,
tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares,
renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por ejemplo, la diabetes). Con el
agravante que el estado no garantizó oportunamente su derecho al debido proceso. Se ha denunciado
infinidad de veces que entre ellos no el existe riesgo de fuga o de
entorpecimiento de la investigación, lo que la ley considera riesgos procesales.
También algunos ya llevan más de 15 años detenidos, sin sentencias firmes y
muchos en prisiones preventivas excedidas en el tiempo legal establecido.
Sin embargo basta que se amotine violentamente un grupo de delincuentes comunes y logran que se forme una
comisión interdisciplinaria para que se revisen y analicen los procesos
judiciales y administrativos de los internos incluidos en las resoluciones de
la Cámara de Casación que apuntaban
a descomprimir la situación en las cárceles a raíz de la pandemia.
¿Entonces nuestros soldados detenidos
por defender la Patria son ciudadanos de segunda o tercera?
LOS PRESOS EN DEVOTO
CONSIGUIERON QUE LA NEGOCIACIÓN ALCANCE A TODOS LOS PENALES FEDERALES
Los delegados de los detenidos en el penal de Devoto
negociaron hoy con funcionarios nacionales y jueces
Los delegados de los detenidos en el penal de Devoto negociaron hoy con funcionarios nacional y jueces Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno |
“Se les gana la reja para
generar que estén intranquilos durante el fin de semana. Así, los vamos a
obligar a que se instale la mesa diálogo. Después, vamos a hacer un grupo para
plantear lo que piden las entidades defensoras de los derechos humanos, que se
haga una lista con gente que tenga enfermedades y que se vayan, realmente.
Hasta ahora se fue poca gente. En todas las cárceles del país están esperando
que Devoto ponga primera”.
Así, un preso del penal
de Villa Devoto, convocaba al
resto de los reclusos para copar los pabellones y la estrategia a seguir para
tratar de que se otorguen libertades y prisiones domiciliarias. Horas después
que este mensaje fue enviado comenzó el violento
motín que se extendió durante casi 17 horas. Y hoy, en la segunda reunión
entre los
representantes de los presos y funcionarios del Ministerio de Justicia y dos integrantes de la Cámara de Casación Penal federal, se acordó un cuarto intermedio en
las negociaciones hasta el miércoles próximo.
Según consta en el acta, los presos lograron que se forme
una comisión interdisciplinaria para que
se revisen y analicen los procesos
judiciales y administrativos de los internos incluidos en las resoluciones
de la Cámara de Casación que apuntaban a descomprimir la situación en las
cárceles a raíz de la pandemia.
Los internos del penal de Villa Devoto lograron que sean aceptadas sus exigencias Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno |
Esta comisión, que no estará formada por jueces, deberá revisar los expedientes de: los
presos incluidos en los grupos de riesgo, por tener más de 60 años y por
sufrir enfermedades crónicas; aquellos que estuvieran en condiciones de obtener
la libertad anticipada o las salidas transitorias, los internos con condenas
menores a tres años de prisión y los que estuvieran excedidos en los plazos de
la prisión preventiva; mujeres con niños y embarazadas y extranjeros que
cumplan los requisitos para ser expulsados.
En definitiva, la comisión analizará todos los planteos
que describió el preso que, por mensaje de audio, convocaba a la revuelta, el
jueves por la noche.
Se estableció que el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal,
realizarán una actualización de los listados con los nombres de los internos
que podrían ser beneficiados con las prisiones domiciliarias.
Dicho gabinete interdisciplinario también revisará los
expedientes de los presos que fueron condenados cuando eran menores, en “violación a los estándares fijados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Tras el motín, se acordó el funcionamiento de una mesa de diálogo que volverá a reunirse en el penal de Villa Devoto el miércoles próximo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri |
En otro de los párrafos del acta firmada, luego de más de
cinco horas de negociación, se dejó constancia que las cuestiones planteadas y
acordadas en la conversación, tendrían efecto
sobre los presos alojados en todas las cárceles federales del país y no
incluya solamente a los reclusos del penal de Villa Devoto.
Esto coincide con el mensaje de audio de otro de los
presos, enviado antes del violento motín, donde indicaba que “la cárcel de Devoto era la punta de lanza
de todos los penales del país para conseguir que sus demandas sean escuchadas.
Todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera”.
Entre otros reclamos los reclusos exigieron la aplicación
de la resolución de la Cámara de Casación que “con base en la doctrina que emana de los reiterados precedentes de
este tribunal, extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución
de la superpoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que
el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos
de riesgo”.
El acta de acuerdo fue firmada, entre otros, por el secretario de Justicia de la Nación, Juan
Martín Mena; el director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco y
los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos y Daniel Morín.
A pesar de la resolución de la Cámara de Casación Penal, no todos los magistrados y fiscales de
primera instancia aceptaron conceder excarcelaciones o prisiones domiciliarias
a los presos cuyas condenas deben controlar o que estuvieron a su cargo en la
etapa de instrucción.
“En mi caso, me opuse a todos
los pedidos que me presentaron para conceder prisiones domiciliarias. Con lo
que me costó meterlos presos y probar que existía riesgo de fuga o de
entorpecimiento de la investigación, lo que la ley considera riesgos
procesales, no voy aceptar que los liberen, de ninguna manera. Es una falta de
consideración a nuestro trabajo”,
expresó un fiscal nacional de Instrucción que solicitó mantener su identidad en
reserva.
Mientras que un magistrado de Instrucción coincidió, en
parte, con la posición del Ministerio Público. "En los casos de los
acusados de delitos graves, como homicidio o abusos, será muy difícil que pueda
conceder alguna excarcelación o prisión domiciliaria. Pero, en los hechos de
delitos leves es posible que revise cada caso en particular", concluyó ese
magistrado de primera instancia.
Por: Gustavo Carabajal
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