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| Amado Boudou y Alfredo Astiz. |
Por Alberto Solanet[1]
Escribo estas líneas en esta
columna, por ser uno de los pocos espacios donde se admite la libertad de
expresión, en el marco del respeto por el orden público. Quiero insistir en la denuncia de la grosera y reiterada
discriminación que sufren quienes están presos acusados por delitos llamados de
lesa humanidad, a quienes los mismos jueces que les deniegan la prisión
domiciliaria, se la conceden a quienes están presos por corrupción o por
delitos aberrantes. Cito un caso patético, el mismo tribunal TOF 5 que días
atrás le concedió el beneficio a Amado Boudou, quien no califica dentro del
grupo vulnerable y de riesgo -según el estándar fijado por el Servicio
Penitenciario Federal- acaba de denegárselo a Alfredo Astiz, a quien le
comprenden de lleno todas las condiciones que fundan el informe de ese
organismo, en el que está incluido. Tiene 67 años y cáncer de próstata. Los
argumentos de ambos fallos son idénticos, “el
riesgo de contraer la enfermedad”' sólo que Boudou estará más seguro en su
casa, en cambio Astiz estará más seguro en la cárcel.
La arbitriedad y la discriminación surgen evidentes, la ideología se
antepone a la justicia y en este caso se suma el terror a la reacción de cuanta
organización de derechos humanos anda por ahí, para quienes Astiz carece de
todo derecho, es considerado un muerto civil. El conocido periodista Carlos Pagni hace pocos
días ha dicho palabras que hago mías, que los presos acusados de delitos de
lesa humanidad también son humanos. Astiz es uno de ellos, es un ser humano,
como cualquiera de los que están detenidos.
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