martes, 18 de febrero de 2014
lunes, 17 de febrero de 2014
ALEGATO FRENTE AL OPROBIO
El
contexto
El presente alegato
lo escribo desde mi rol de dirigente político acreditado por doce años de participación en dicha
actividad, durante los cuales contribuí a la creación del partido Nueva Unión Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos Aires y fui
cuatro veces candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a Diputado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y alianzas. Me mueve a
hacerlo una situación que considero oprobiosa, como es la flagrante y sistemática violación de los derechos
humanos que sufren los militares imputados por delitos denominados de “lesa humanidad” que es ignorada por la
justicia, los medios y las
organizaciones públicas y privadas que deberían velar por evitar este tipo de
agravios. Aspiro a que quede constancia histórica de que al menos un dirigente
político se apartó de la mordaza que impone el temor a exceder lo políticamente
correcto y aunque detento la condición de militar retirado eso no quitará a mi
testimonio el valor de provenir de un miembro de la dirigencia política
nacional.
Si existía
alguna duda de que la justicia en
Argentina fue inmolada en el altar de la política fue justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en un libro
de su autoría que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los
argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de
cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya
impedir”. Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político
que no admite siquiera la posibilidad de
la preeminencia del derecho, demuestra además una postura absolutamente
comprometida y anticipada de quien preside el tribunal que, en última instancia, deberá juzgar las
apelaciones y los cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa
supuesta “decisión colectiva” de los
argentinos.
Expresado en los
términos crudos de un político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la
idea de que los militares cometieron para su criterio crímenes tan graves que
había que encontrar los recursos jurídicos para juzgarlos y condenarlos aunque para ello fuera
necesario ignorar los obstáculos planteados por el derecho. Lo que muchos
sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron luego duramente fue que el
gobierno una vez que comprobó que podía pasar por encima de los diques que la
ley ponía a sus apetencias, continuó
usando el recurso contra otros grupos arremetiendo contra empresas,
medios de comunicación y opositores,
llegando a tratar de imponer una reforma judicial que la Corte rechazó, ya en última instancia, cuando comprobó que también
venían por ella. Estos hechos no quedarán impunes. Como no quedarán impunes los
abusos con las millonarias indemnizaciones
que primero llegaron a los familiares de los “desaparecidos”, para continuar luego con los exiliados y con los
terroristas que cayeron atacando cuarteles en períodos democráticos hasta
llegar al extremo de malversar los recursos del Estado pagando a familiares de
terroristas ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto abuso impune, tanto descaro para
juzgar a militares mientras se ignoran jurídicamente los crímenes guerrilleros
o se rechazan los reclamos de los familiares de víctimas del terrorismo serán
juzgados por la historia y en muchos casos, por tribunales más ecuánimes y justos que los que actualmente siguen la
corriente dominante, ignorando la justicia y el derecho.
El
núcleo
 | |
| Militar anciano y enfermo encadenado a su cama en el Hospital Central de Mendoza |
Sin embargo y pese a la gravedad de lo expresado, el núcleo de mi alegato está apuntado a algo más inmediato y urgente, más grosero y aún más oprobioso, por lo que su tratamiento no admite dilación. Esto es la forma desembozada en que se violan los derechos humanos de los más de mil militares que se encuentran sometidos a juicios en causas vinculadas justamente a la violaciones de derechos humanos. Esta cuestión, no la expreso en forma de opinión o de apreciación subjetiva. Las agrupaciones constituidas por familiares de los detenidos y los abogados defensores, han expuesto reiteradamente con nombre y apellido los numerosos casos de ciudadanos con estado militar que cumplen prisión preventiva durante períodos que triplican lo que autoriza la ley. Peor aún es la sistemática negativa a conceder la prisión domiciliaria a detenidos con edades superiores a los setenta años que padecen enfermedades que requieren tratamientos que no pueden ser seguidos en los centros de detención en que viven en condiciones precarias. Esa falta de atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a los detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes de su obra social, como castigo por la fuga de dos imputados de un nosocomio militar. Como consecuencia de estos agravios y de los traslados en condiciones inadecuadas e insoportables para las patologías y las edades de los imputados, se ha producido ya un número de más de 200 decesos, algunos de ellos que reflejan una notoria e inaceptable falta de atención médica. Toda la información al respecto está disponible y debe ser urgentemente investigada pues estas violaciones a los derechos humanos se están produciendo en estos días y en esta sociedad en la que convivimos.
No es en este escrito
en que citaré caso por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos
específicos a quien los requiera) pero basta relatar cómo situación
paradigmática el fallecimiento de Jorge
Rafael Videla, que según información pública tenía al morir fracturas
producidas en prisión que no habían
recibido adecuado tratamiento.
Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento debería haber sido
un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas y los procedimientos,
que diferencian a un Estado vengativo de un Estado justo. Pero si ni
siquiera en este caso de segura
repercusión se atendieron estas cuestiones menos aún se les da importancia
en el cuidado de la situación de los
cientos de detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.
Si las
cuestiones enunciadas son intrínsecamente oprobiosas en el contexto de una sociedad que pretende vivir
en estado de derecho, se alcanza el paroxismo cuando se trata el caso de los
cientos de militares, de policías y miembros de las fuerzas de seguridad y aun
de algunos civiles, que se encuentran imputados a pesar de que no tuvieron relación con los hechos
vinculados a su acusación. La cuestión es que después de que fueron juzgados los miembros de las Juntas Militares y los altos mandos que
condujeron las operaciones y establecieron
los procedimientos en la lucha contra la subversión, el afán
persecutorio se extendió sobre los
oficiales de baja graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y
argumentos ajenos a las normas jurídicas pre existentes, que han llevado a los
tribunales a los imputados tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o
por participar de operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia.
La falta de objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen
evidentes y solo se traen a colación cuando se tratan casos de interés para el
gobierno como sucedió con el actual Jefe
de Estado Mayor del Ejército demostrando una inaceptable parcialidad.
Se han formulado
acusaciones bien concretas contra la animadversión evidenciada por jueces y fiscales y la respuesta es que “al menos se les concede a los
militares un juicio, cosa que ellos no
ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante línea argumental se vuelve
al concepto de que la gravedad de los crímenes de que se acusa a los militares
(sin presunción de inocencia) es tal, que ni siquiera es exigible un juicio
justo. Al llegar a este punto es necesario admitir que se hace imprescindible
un replanteo inmediato de este proceso acusatorio que ha excedido los límites
de la justicia para caer en las ciénagas morales de la venganza.
Es en beneficio de la
salud moral de la república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante
la gravedad de los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares
y abogados defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos, debería realizarse una inmediata
investigación de la situación procesal de los más de mil detenidos en causas vinculadas a la violación
de derechos humanos.
Dicha acción debería poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”,
remitir a prisión domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados
de enfermedades que requieren tratamientos que
no pueden cumplirse en prisión y liberar de la acción penal a todos
aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían de toda
capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones personales.
Esto responde a un
elemental respeto a los derechos humanos que merece todo individuo y requiere
una acción inmediata, sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo
respecto de las anomalías jurídicas de la figura de lesa humanidad, su
aplicación retroactiva, la valoración del contexto en el cual se desarrollaron
las acciones objeto de acusación y la asimetría en la consideración de
guerrilleros y militares a la hora de penalizar conductas.
He expresado que escribo este alegato desde el punto de vista
del dirigente político. No persigo por cierto con ello conseguir votos para la
próxima elección, ya que soy consciente de lo políticamente incorrecto de mi
posición en el actual contexto. Tampoco cuento con que lo que expreso sea del
agrado de los detenidos o sus familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad
argentina la oportunidad de modificar una situación que en el futuro
llevará a avergonzarse cuando los hechos
que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar
ignorancia. Hoy, en nuestro país, se
están violando los derechos humanos de un numeroso grupo de detenidos y no hay excusa que justifique ese atropello.
Para asegurar
que la información llegue a quienes
tienen que conocerla y actuar en consecuencia espero poder hacer llegar este
escrito a diversos protagonistas de la vida social:
A las autoridades de
la Iglesia Católica Argentina para
que hagan visible su proverbial vocación
por la defensa de los derechos humanos.
A su santidad,
el Papa
Francisco, a quien no puede privarse de conocer esta oprobiosa situación
que se está produciendo en su país de origen y que ya comenzó durante su
episcopado.
A los Senadores y Diputados nacionales, a
pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan sentir por los militares
que revistaban en actividad durante el período de gobierno militar, justamente
para que demuestren que su respeto por los derechos humanos está por encima de la condición de quienes sufren
su violación.
A los jueces de la Corte Suprema de Justicia,
quienes ya recibieron información por parte de familiares de los detenidos pero
que aún no han respondido ni actuado al respecto.
A los dirigentes de los partidos políticos,
grandes y pequeños, que consideren que la universalidad de los derechos
humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.
A los medios de comunicación, cuyos
eficientes e inquietos equipos de investigación han ignorado hasta el presente
estas situaciones que algunas veces aparecen tímidamente en alguna de sus
editoriales.
A
todos ellos les pido que no teman hacer oír su
voz en defensa de una verdadera justicia y de los derechos humanos del más
excluido de los sectores sociales, el militar argentino, porque ningún hombre o mujer de buena fe los acusará de complicidad ni de connivencia
y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus convicciones.
Liberemos
a la sociedad argentina del oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente
dejar un legado cabal a las futuras generaciones.
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014
Presidente de Nueva
Unión Ciudadana
Correo Electrónico: nevesar@yahoo.com.ar
Twitter:
@NevesJuanCarlos
domingo, 16 de febrero de 2014
PROLONGAR LA AGONÍA
Las señales siguen
confirmando el rumbo. El gobierno de Argentina se esmera en esto de ganar
tiempo y hacer de esta actitud, una absoluta política de fondo. En realidad,
ese es justamente su gran plan en marcha.
El oficialismo solo
pretende concluir el actual mandato constitucional con el menor daño político
posible. No le interesa, en lo más mínimo, los padecimientos por los que la
sociedad deba transitar, ni mucho menos aún, lograr los objetivos que recita en
ese relato retorcido que ha fabricado con dedicación y que se ha convertido en
su propio callejón sin salida.
En el mientras tanto,
intentará negociar las mejores condiciones de impunidad para la mayor cantidad
de integrantes de su tropa partidaria y si complementariamente puede producir
un milagro político, pondrán empeño para promover al candidato más amigable
para sucederlos luego de esta etapa nefasta signada por la degradación moral.
Ya han demostrado que
solo pueden conducir la nave con viento favorable y cuantiosos recursos. Se han
ocupado de dilapidar una de las mejores oportunidades que ha tenido este país
en su breve historia como nación.
Las decisiones que
toman a diario tienen una sola dirección. Ellos NO harán absolutamente nada
para resolver los problemas reales, las verdaderas cuestiones de fondo. No
saben cómo, o simplemente no quieren hacerlo. Las soluciones disponibles no son
de su agrado porque han resuelto no hacer el trabajo duro. No tienen el coraje
necesario para enfrentar esa determinación, ni el valor político suficiente
para hacerse cargo de las consecuencias esperables de lo que han engendrado
durante años.
Sus energías están
puestas en el arte de disimularlo todo. Por cada decisión que deben tomar,
invierten abundante cantidad de horas y dinero en diseñar argumentos que los
justifiquen. La labor consiste en delinear un discurso aceptablemente
verosímil, que logre esconder la verdad y encontrar a los culpables de lo que
está ocurriendo.
La oposición también
necesita de tiempo. Está desorientada y no tiene las soluciones a la mano, ni
siquiera ha logrado construir un proyecto político capaz de enfrentar con
dignidad al inmenso e inescrupuloso aparato estatal con el que cuenta el
oficialismo para la próxima batalla electoral.
De ese lado del
mostrador, una dirigencia sin principios, mezquina por convicción, que cuida
sus negocios domésticos y que hace de la disputa interna su centro de interés,
no encuentra los caminos para encontrar acuerdos elementales que garanticen al
menos un poco de institucionalidad, cierta sensatez y un horizonte con algunos
parámetros definidos.
Lo paradójico de esta
etapa, es que muchos ciudadanos, demasiados tal vez, prefieren este desenlace
lento que propone el oficialismo y le resulta incluso funcional a la oposición.
Es probable que eso explique, en parte, la crueldad de este proceso político.
Los "representantes del pueblo", después de todo, se parecen bastante
a los representados.
Dicho de otro modo,
los votantes, los que seleccionan a los políticos de turno, no están dispuestos
a asumir los errores como propios, ni tampoco los evidentes desaciertos
electorales, ni mucho menos admitir que su mirada política errónea es la que
explica, en buena medida, el presente.
La sociedad no es la
que instruye a ciertos funcionarios para que se corrompan y administren las
arcas públicas como si fueran suyas y se tratara de un botín. Pero es justo
decir que lo estructural de este fenómeno es la consecuencia inexorable del
conjunto de ideas que defiende una ciudadanía contradictoria que sigue creyendo
en la utopía del Estado honesto y eficiente, cuando abundan pruebas que
demuestran exactamente lo contrario. Es la gente la que fomenta la existencia
de un Estado grande, omnipresente y controlador, ingrediente vital de la
descomposición actual.
Una inmensa mayoría
de personas están enojadas con lo que pasa, pero en algún punto, prefieren este
sinuoso sendero, que ofrece una medicina amarga, como parte de un tratamiento
prolongado que tampoco curará la enfermedad sino que solo atacará parcialmente
los síntomas. Se acepta sin euforia y con resignación, este tipo de alivios
porque resulta menos desagradable, en el corto plazo, que el duro sobresalto
que en realidad se merece una sociedad que ha vivido equivocada desde hace
décadas.
Las malas noticias
nunca son bienvenidas. Nadie quiere un fuerte impacto, pero no menos cierto es
que esta visión de posponer el trance sistemáticamente, solo aleja las
soluciones reales y pone mayor distancia del anhelado desarrollo y progreso
sobre el que tanto se declama.
El futuro tiene
preparado algo mejor. Pero esta es una decisión que se debe tomar con plena
conciencia y resulta evidente que la ciudadanía no está lista para semejante
esfuerzo. La dinámica de emparcharlo todo, solo postergará el final de esta
brutal etapa que ha anestesiado a la gente, haciendo que la prosperidad deba
esperar mansamente su turno.
El dilema de esta
nación está a la vista. Y su preferencia también. Ningún actor social, mucho
menos en la política, tiene la más mínima intención de enfrentar los problemas
como corresponde. Eso solo la muestra la irresponsabilidad de una sociedad que
pretende que la realidad se acomode a sus deseos, sin terminar de comprender
que transita este momento difícil porque ha hecho los méritos más que
suficientes para estar en el lugar en que está. Por ahora, es indudable que
existe consenso tácito para prolongar la agonía.
Alberto Medina Méndez
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE VENEZUELA QUE LUCHA POR SU LIBERTAD
NO AL AVANCE DEL
CASTRO-COMUNISMO
EN LATINOAMÉRICA
¿DERECHOS HUMANOS?
Soy hija de un preso
político condenado en Tucumán. Como expresa la excelente nota de Aníbal Guevara Bianchi del día 10, la vara usada en los juicios de lesa humanidad no respeta los
derechos humanos que se profesan. Mi padre padece de mal de Parkinson,
enfermedad incurable, agravada por el encierro y la falta de atención médica.
Desde la resolución del Ministerio de Defensa de agosto de 2013, que prohíbe la
atención a los detenidos por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar
Central, no recibe el tratamiento que requiere esa patología. Sin mencionar que
días antes de esa resolución fue diagnosticado de cáncer. ¿Qué razonabilidad revistió esa medida que condena al resto del
universo de los presos a una muerte segura o a un claro desmejoramiento de salud?
¿Qué penal de la República tiene los medios necesarios para atender las
necesidades de un detenido de 73 años? ¿Cuántas personas mayores de 70 años se
encuentran privadas de su libertad por delitos que no sean de lesa humanidad? Me
atrevería a decir que ninguna.
Dejemos de lado la
hipocresía, el doble discurso no funciona. No reivindico el pasado, tan solo
pretendo legalidad. Que el discurso de los derechos humanos sea de y para
todos. Que vivamos en un sincero Estado
de Derecho que cure las heridas del pasado por el bien de todos.
Lorena
Belén Moore
DNI 30.887.049
NOTA:
Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
sábado, 15 de febrero de 2014
MEMORIA COMPLETA
De acuerdo con el
deseo de la señora Norma Morandini
de que la ESMA se utilice seriamente
como museo de la memoria y de los derechos humanos, y no como ámbito de fiestas
partidistas, creo indispensable que para que cumpla con ese objetivo de
seriedad debe ser veraz, por lo cual debe
recordarse la verdad completa, porque la verdad incompleta es siempre una
forma de mentir. La representación veraz de la memoria del horror de aquellos
años implica incluir en ese espacio el recuerdo de todos los sindicalistas, periodistas, diplomáticos,
empresarios, docentes, políticos e integrantes de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas (incluyendo a conscriptos ultimados mientras dormían o se bañaban),
que fueron asesinados por los ejércitos
irregulares de Montoneros o ERP, apoyados por el eje
soviético-cubano en el contexto de la Guerra Fría. Deberían
representarse las inhumanas cárceles del pueblo, usadas por estas
organizaciones, o los armarios en los que trasladaban a estos secuestrados que
eran ametrallados ante el peligro de un posible rescate inminente. Tampoco deberían omitirse las fotografías
de los niños muertos en estas operaciones terroristas y de las víctimas civiles
de las bombas como las colocadas en el Bar Ibérico o en el Comedor Policial.
Ése sería un recuerdo
del horror con el cual la sociedad convivió con variables grados de
responsabilidad y sufrimiento, y un
camino para empezar de nuevo de una vez por todas tras la necesaria y genuina
reconciliación, al trabajar por el presente y el futuro de esta patria tan
querida que es de todos los argentinos.
Santiago Floresa
NOTA:
Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
CUIDAR PRECIOS Y DESCUIDARSE
Por Mauricio Ortín
De repente, según el gobierno nacional, los empresarios y los
“formadores de precios” se despertaron endiablados y con el pie izquierdo, y
cual lobisones en noche de luna llena decidieron, de una, subir locamente los
precios. Rápida de reflejos, la presidente llamó a la población a “cuidar los precios” denunciando a los
especuladores que quieren multiplicar sus ganancias a costilla de los que menos
tienen. Sostuvo, entre otras cosas, que no hay razón de peso para que la yerba
mate, que se produce en la Argentina, aumente de precio. Señaló también,
citando al economista Miguel Bein, que el gobierno y la Argentina sufrieron un
golpe de mercado (del que salieron airosos) y que a los argentinos les llenan
la cabeza.
Una sensación de deja vu
o de “a esta película ya la vi” me
asaltó mientras escuchaba el discurso de Cristina.
Es que la inflación, en los últimos sesenta años, es un fenómeno endémico en la
Argentina. Sus causas, según mi opinión, serían tres. La primera: los argentinos son personas
holgazanas que no cuidan los precios. La segunda: los empresarios argentinos
tienen una predisposición genética a aumentar los precios (primera y segunda se
potencian). Tercera: los gobiernos populistas, en función de “comprar” votos, gastan más de lo que
recaudan con los impuestos y, en consecuencia, cubren el déficit mediante la
maquinita de hacer billetes. La devaluación del
30% significa el incremento en la
misma proporción de la cantidad de dinero circulante, del cual el Estado dispone esa cantidad para adquirir bienes de los
privados. Un Estado 30% más rico implica, necesariamente, que los ciudadanos
(empresarios, obreros, campesinos, etcétera) sean el 30% más pobres. El incremento de los precios es la defensa al asalto estatal a la propiedad privada. De allí que, o la presidente cree que los
argentinos somos imbéciles o la presidente sabe tanto de economía como de
química (H2O debe leerse: hache dos cero: Cristina dixit). Que la yerba mate no deba
aumentar porque se produce totalmente en la Argentina, es un disparate que no
resiste el menor análisis. Primero, porque si no aumenta de precio, éste
automáticamente se retrasa respecto de los otros bienes; segundo y en
consecuencia, los trabajadores de la yerba no recibirán aumento de sus salarios
acorde con el resto de los precios recién incrementados. Además, si el
argumento de la presidente y de los “intelectuales” de Carta Abierta fuera cierto (y no lo que es,
es decir una burrada de antología) el precio de la yerba mate debería
ser el mismo que el
vigente antes del “rodrigazo” del año 1975.
La inflación y las crisis económicas son de responsabilidad casi absoluta
de los políticos debidas a sus pésimas
gestiones de gobierno. Para el kirchnerismo no hay plata ni cosecha que
alcance. Cristina, Néstor y sus cómplices a lo largo de
doce años han destruido moral y económicamente al país. Ahora, cuando la
crisis resulta inocultable, les urge buscar culpables. Como con Clarín no
alcanza, ahora agregan en la picota a
los empresarios e instruyen a “la gilada” a cuidar precios y a repetir
a coro la gansada de que la yerba mate no tiene porqué aumentar.
Juan Bautista Alberdi, el gran pensador argentino, sostenía que frente al Estado ladrón “El
ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca...” Es
necesario estar atentos y cuidar los precios
pero, más importante aún, debemos cuidarnos de ciertos políticos en el poder.
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