Editorial Martes, 05 de enero del 2016
Suponer que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández lograron verdaderas conquistas de los Derechos Humanos es una falacia
que también se intenta utilizar en contra del Gobierno de Mauricio Macri,
asegurando que es responsable de ciertas decisiones judiciales que han otorgado
a militares presos acusados de delitos de lesa humanidad, lo que la ley otorga
a cualquier preso que cumpla ciertos requisitos relativos a la edad y a la
salud.
En realidad el Gobierno de Macri no ha hecho nada al
respecto. Sucede que al disponer de seguridad personal y jurídica ciertos
magistrados han actuado según derecho.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lejos de haber sido
campeones de estas lides, en sus años australes tuvieron connivencia y
convivencia con el poder militar. La figura de Bendini fue una moneda de dos
caras en la que cada una de las partes se prosternó a la otra en distintas
épocas. Cuando el General era el poder en el sur, ellos fueron reverentes y
luego, cuando lo entronizaron como Jefe del Estado Mayor de Ejército, le
exigieron humillaciones que él otorgó con aguinaldo subiéndose a un banquito
desde el que arrojó su dignidad.
La política de entonces no fue la del imperio de la ley sino
la de la ejecución de la venganza. Los terroristas de los ’70 se transformaron
en los jóvenes soñadores e idealistas, y quienes utilizaron sus mismos métodos
desde el Estado, se transformaron en genocidas.
A nadie cabe duda que aquellos años setenta fueron años de
excesos, de una y otra parte. Pero condenar a unos preservando a los que desde
la otra parte asesinaron y torturaron, ha privado de autenticidad y justicia
esas condenas.
No solo aconteció eso. Los imputados fueron condenados en
muchos casos con testigos falsos y con ellos no se aplicó la ley sino la venganza.
El trato, fuera de toda escala de respeto, no admitió prisiones domiciliarias
para muchos mayores de setenta años, y en muchos casos –no solo probados sino
presentados ante la Corte Internacional de Justicia– fueron privados de
atención médica.
Ahora, el pasado 23 de diciembre, un Tribunal Oral Federal
ordenó la liberación de Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros
y Orlando Pérez, argumentando que se vencieron los plazos de las prisiones
preventivas. Esto de detenidos con prisiones preventivas varias veces vencidas
no es un caso aislado, muchos son los que están en esas condiciones.
Considerar que decisiones de este tipo provienen del
Gobierno de Macri es un error, es solo el resultado de estar recuperando una
justicia parcialmente segura en un estado de derecho. Si el actual Gobierno
tomase la decisión de solicitar a la Justicia la revisión de esas causas, no
estaría llevando a cabo ninguna acción reprobable sino ajustándose a la defensa
de los derechos humanos – que son para todos – y mostrando así una disposición
reconciliadora.
Pero sí aún no dependiendo de él se le atribuyen estas
medidas y por ellas se lo condena, a cuánto más se podría llegar si fuese
verdad que ha hecho un planteo a la Justicia.
La realidad es que estos hechos están poniendo a la vista la
perversión de quienes jugaron a hacer justicia y montaron un negocio, aún sobre
la misma sangre de quienes decían reivindicar.
Estos hechos que vienen siendo denunciados desde hace
tiempo, no solo ante la Justicia local sino en los foros internacionales por
muchos, entre los que se cuenta el Dr. Mariano Castex, colaborador de
CASTELLANOS, deben tener una respuesta final, pero esa respuesta debe ser de la
Justicia, no del Gobierno, porque es la que brindará autenticidad a una decisión
acorde a la Ley.
Es necesaria la Justicia para que recomience un proceso de
cicatrización de heridas, que alguna vez nos lleve a la reconciliación cerrando
un largo proceso de vergüenzas e iniquidades.
