miércoles, 9 de marzo de 2016

IMBÉCILES SIN FRONTERAS


Cuando la cantidad de tontos supera el promedio

Por Arturo Pérez-Reverte

MADRID

Asombra y a menudo acojona, o por lo menos a mí me pasa, el modo en que la simpleza más frívola, la estupidez más elemental, querido Watson, triunfan en sociedad. No se trata sólo de esta España nuestra, y eso tiene una doble lectura. Creo. Por un lado, mirando los periódicos, la tele o Internet, consuela comprobar que en todas partes cuecen habas y que la gilipollez no tiene fronteras. Que igual de tonto puede ser un chino que uno de Murcia. Sin embargo, por otra parte eso descorazona mucho, pues cada vez le deja a uno menos lugares posibles donde refugiarse cuando todo acabe por irse al carajo.

Como ven, hoy me desayuno apocalíptico. Pero es que hay temporadas que lo apocaliptizan -o como se diga- a uno. Llevo un tiempo forzado por la perra vida a moverme en ambientes donde el porcentaje de tontos por metro cuadrado es superior a la media, y eso castiga mucho el hígado. Lo que más me revienta es que yo mismo, por imperativos casi legales, me veo forzado a asumir las reglas de estolidez ya establecidas, y no soporto la cara de imbécil que veo si me miro en un espejo. Pero es lo que hay. Por eso hoy me desahogo aquí, dándole a la tecla.

Sobre tonterías ajenas -las mías no se las voy a contar a ustedes- les refiero la penúltima. Acabo de recibir carta de un lector afeándome que use la frase enfermedad histórica. No ya cáncer, como cuando hace poco una lectora con esa dolencia me recriminó, muy destemplada, escribir cáncer de la sociedad, o cuando otra, también señora, criticó que utilizase autismo político para definir la cara de pasmado, la parálisis facial -otra enfermedad, por cierto- con que Mariano Rajoy se ha enfrentado en sus cuatro años de legislatura, entre otras cosas, a la insultante arrogancia del ex presidente Mas y sus compadres. Ahora, ese lector bienintencionado me pide que reflexione sobre lo mal que pueden sentirse los enfermos de cualquier clase y estado cuando se topen, en mis textos, con esa desafortunada expresión: enfermedad histórica, enfermedad social. Lo maltratados -supongo que se refiere a eso- que van a sentirse, no ya los que tienen la poca suerte de padecer cáncer, sino también los diabéticos, los asmáticos, los alopécicos, los que están en diálisis, los que tienen hemorroides o los que pillan un catarro. Lo mucho que se van a cabrear conmigo, todos ellos. La de novelas que voy a dejar de vender. Lo que se van a ciscar en mis muertos.


Por cierto. Ya que hoy hablamos de estupideces, hay una que no deseo pasar por alto, porque se refiere a mi colega y camarada de armas Javier Marías. Y hay varios cantamañanas que han estado dándole la brasa al rey de Redonda, reprochándole que en fecha reciente criticara unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre el posible envío de soldados españoles a combatir el yihadismo en África, en las que el líder de Podemos advertía "Ojo, que nuestros soldados podrían volver en cajas de madera". Y a eso respondía Javier, con absoluta sensatez, que volver en cajas de madera es, precisamente, uno de los inconvenientes naturales que tiene ser soldado, desde que el mundo y las guerras existen; y que objetar eso es como recomendar que los bomberos no apaguen incendios porque las llamas pueden quemarlos, o que los policías no se enfrenten a atracadores ni asesinos porque los malos pueden pegarles un tiro.


Pues, en fin. Oigan. Tan lógicos razonamientos han sido vituperados en las redes sociales, llamando a Javier militarista, a sus años y con su currículum, por decir que los soldados están para ser soldados como su propio nombre indica, no para causas humanitarias. Lo que demuestra, como tantas otras cosas, que cada vez nos alejamos más de la realidad real de las cosas, para introducirnos gozosamente en un mundo idiota donde de la obviedad hacemos una noticia, y además discutimos sobre ella. Imaginen un mundo en el que si, por ejemplo, nos invade un ejército islámico desde el sur o de donde sea -lo del norte empieza a ser posible- no podamos defendernos porque nuestros líderes opinan que bajo ningún concepto deben morir soldados en combate. O un mundo donde no puedan usarse palabras para definir cosas, porque esas palabras -ocurre con casi todas- también tienen lectura peyorativa. Textos, en fin, donde soldado (protestarían los antimilitaristas), divorcio (protestarían los divorciados), ruina (protestarían los arruinados), mugre (protestarían los mugrientos) y millones de otras palabras quedaran proscritas, para no irritar a nadie. Ni siquiera imbécil podría utilizarse, para no ofender a los millones de imbéciles en que nos estamos convirtiendo todos.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 8 de marzo de 2016

JUICIO EN TUCUMÁN


Como tucumana y como argentina, estoy preocupada. Me pareció muy bueno el discurso del presidente Macri y me encanta ver a la gente con esperanza. Pero necesito saber qué hará respecto de los vergonzosos juicios de lesa humanidad y nuestros presos políticos. En Tucumán ya tiene fecha para mayo el juicio por el Operativo Independencia. ¿Cómo es posible? El Operativo Independencia fue el combate contra el terrorismo en el monte tucumano, ordenado por una presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, con el apoyo de todo su gabinete, del Congreso e incluso de la sociedad civil. Guerrilleros adiestrados estaban ya en la provincia, infiltrados, escondidos en todas partes, y habían cometido en todo el país cruentos ataques, incluso contra población civil. Asesinaron al capitán Humberto Viola y a su hija de tres años, y al ingeniero José María Paz, por citar sólo dos ejemplos tucumanos. Estos "jóvenes idealistas" querían instalar el comunismo en la Argentina. Arrebatarnos la república. Hoy vemos que muchas de "las víctimas" e incluso algunas de las personas que integran los tribunales para juzgar delitos de lesa humanidad han militado activamente en organizaciones guerrilleras, y sin embargo gozan de privilegios y de impunidad, ocupan cargos públicos, han recibido grandes subsidios. Mientras, nuestros militares, jueces de esa época e integrantes de fuerzas de seguridad que "cumplían órdenes" y arriesgaban sus vidas se están muriendo en las cárceles, porque para ellos los derechos humanos no existen. Esta situación no contribuye en nada a pacificar un país.

Con todo respeto hacia las víctimas y familias de ambas partes, con el único deseo de dejar un país reconciliado y en paz para mis nietas, me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta división atroz entre los argentinos? ¿No es Operativo Independencia algo paradigmático en el país y la oportunidad para decir basta y hacer justicia? Cito una frase de Juan Pablo II: "Sólo con justicia se llega a la paz".

Luz García Hamilton
DNI 12.870.132


ANTES DE ESCRIBIR, REVISEN EL PLACARD

Por Mauricio Ortín

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, con motivo de su próxima visita a la Argentina, escribió una carta abierta al presidente de los EE.UU. y también Nobel de la Paz, Barack Obama. La misiva no es, precisamente, un modelo de la cortesía que se debe hacia un invitado que representa a un país sino, más bien, un rosario de reproches y reclamos por cuentas pendientes. Así también, so pena de no ser bien recibido y asumiendo la representación de las mayorías populares, le exige un mea culpa por, entre otras cosas, la participación del gobierno de los EE.UU. en el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, el “bloqueo” económico a Cuba y la desestabilización del gobierno chavista de Venezuela. Razones de espacio, seguramente, hicieron que no le pidiera explicaciones por el triunfo de Macri. 

   
No conozco cuáles son los criterios que guiaron a los jurados para otorgarle el Nobel a Pérez Esquivel. Echarle la culpa, sistemática e infantilmente, de todos los males de la humanidad al capitalismo yanqui, soslayando los crímenes del comunismo castrista o del chavismo bolivariano, es propio de todo izquierdista del Jurásico que se precie de tal. Nunca, que yo recuerde, Pérez Esquivel, Estela de Carlotto, entre otros muchos tuvieron una palabra o actitud solidaria para con los asesinados por el ERP y Montoneros. Tampoco, nunca, escuché en un juicio de lesa humanidad que tanto los jueces o el fiscal llamen asesinos a muchos de los testigos que, habiendo pertenecido a las bandas terroristas, hoy se presentan como mártires de la democracia perseguidos por pensar distinto. Así, por lo menos, lo ilustra la elevación a juicio por la causa del Operativo Independencia del juez Daniel Bejas; quien admite, en carácter de víctimas y “testigos necesarios” a los miserables que alevosamente masacraron al capitán Viola y a María Cristina, su hija de tres años.


El país del presidente Obama, con todas sus miserias, es la democracia en la que se refugian los que huyen del régimen criminal de los Castro. Ni Carlotto, ni Pérez Esquivel ni, mucho menos, los terroristas adoradores de Fidel tienen autoridad para dar lecciones de derechos humanos a Obama. Lo serán, tal vez, el día que los comunistas rindan cuentas por los cien millones de cadáveres que ocultan en el placard.

lunes, 7 de marzo de 2016

YA ES HORA

Muchos consideramos que la prisión de más de 2.000 personas (la mayoría integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) efectivizada contrariando a sabiendas los principios universales de legalidad, y el fallecimiento de centenares de ellos en cautiverio -en muchos casos por no recibir el tratamiento médico apropiado y oportuno-, son parte del legado que la década perdida dejó al gobierno actual.

No hubiera ocurrido (ni seguiría ocurriendo) lo señalado sin la acción y complicidad de muchos: integrantes del poder judicial, de los servicios penitenciarios, de los cuerpos médicos de los mismos, etcétera; pero muchas instituciones y personas también son responsables por su inexplicable silencio ante flagrantes arbitrariedades y discriminaciones, como la de mantener en los penales a personas mayores de los 70 años sin una justificación creíble, especialmente si se compara con las múltiples ventajas que se conceden con frecuencia a peligrosos delincuentes (violadores, ladrones o asesinos) que suelen reincidir durante sus prisiones domiciliarias y salidas transitorias. No nos hemos enterado de alguna acción del INADI al respecto...

Como son muchos los presos de avanzada edad, viene al caso el verso de Martín Fierro "Respeten a los ancianos, el burlarlos no es hazaña....", y también otro oportuno para que sepan los responsables de tanto sufrimiento que la impunidad de la que gozan no es eterna: " no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte".

Esperamos que las nuevas autoridades nacionales terminen cuanto antes con esta verdadera vergüenza: frente a los prevaricadores, terroristas impenitentes, e hipócritas, no caben los respetos humanos.

Antonio Mascardi
La Plata

UN CAMINO HACIA LA CONCORDIA

Por Alberto Solanet

La guerra de los años 70 fue cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos, hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir nuestra república en un Estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Ítalo Luder y refrendados por sus ministros. Esas fuerzas ejecutaron la orden de aniquilar la acción terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales. El presidente Alfonsín optó por ordenar el enjuiciamiento tanto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como de las cabezas de las organizaciones terroristas.

La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final extinguieron todas las acciones penales promovidas contra ambos contendientes a excepción de oficiales superiores y jefes guerrilleros. En 1989 y 1990 se dictaron los indultos que extinguieron todas las acciones y penas privativas de la libertad.

Con la llegada al poder de los Kirchner, se abandonó ese camino hacia la concordia y se impuso un relato falso y asimétrico de los hechos, bajo la proclama de una falsa política de "derechos humanos" declarada política de Estado, bajo cuyo amparo comenzó una persecución teñida de venganza contra los hombres de las Fuerzas Armadas y de seguridad que reprimieron el ataque subversivo. Los agresores pasaron a ser "jóvenes idealistas", premiados con suculentas indemnizaciones y convocados para altísimas funciones públicas como ministros, legisladores, magistrados judiciales, etc. Esta vindicta incluyó también a civiles y religiosos, a designio del poder.

La nueva mayoría de la Corte, instalada a partir de 2003, se encargó de "remover los obstáculos", como sostuvo Lorenzetti, que se presentaban para la concreción de aquella política y, en consecuencia, poder reabrir los procesos y volver a juzgar por los hechos ocurridos 30 años atrás. Para concretar ese designio político de perseguir y castigar de por vida a los defensores del Estado acusados por delitos de lesa humanidad se violó el orden jurídico, no sólo en la materialidad de las leyes positivas que lo integran, sino incluso en los principios que constituyen desde hace siglos patrimonio jurídico y cultural de los pueblos civilizados. Así, se arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- al aplicar con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos; se emplearon retroactivamente en perjuicio de los imputados leyes más gravosas; se desconocieron el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que se privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende irrevisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los políticos.

Puede afirmarse, sin exageración, que casi todo el mundo jurídico no ideologizado ha denunciado el atentado cometido contra la Justicia en nuestro país. Como también la herramienta empleada para ese fin, esto es, el proceder de muchos jueces y funcionarios judiciales de todos los niveles, quienes, olvidando el juramento esencial de impartir justicia, se prestaron a la fabricación política de juicios que quedarán, para vergüenza de esta generación de argentinos, como muestras de arbitrariedad, corrupción, fraude y prevaricación. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en dictamen del 25 de agosto de 2005, reprobó enfáticamente los pronunciamientos de la Corte.

El saldo de lo ocurrido en la Argentina al cabo de 12 años -que, a mayor abundamiento, se valió de la siembra permanente de discordia entre los argentinos como garantía de éxito- ha sido trágico, no sólo por el daño causado a la República y al bien común, sino porque ya son 344 los hombres que han muerto en cautiverio, la mayor parte de ellos sin haber recibido condena; mientras que más de 1600 ancianos y enfermos, encerrados en cárceles comunes, aguardan en condiciones inhumanas que se cumpla para ellos la misma sentencia de muerte. Con el estigma de lesa humanidad, se los trata como a los esclavos de antaño o a los parias, privándolos de todo derecho o garantía. Son los únicos a quienes se les deniega el beneficio de la detención domiciliaria y se los priva de una elemental asistencia médica. Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o condenados

Esto debe terminar. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizó al kirchnerismo, hoy constituye una nueva esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la vigencia de la justicia. La Argentina conmemorará pronto los 200 años de su independencia. ¿Puede haber fiesta nacional cimentada en el odio de unos contra otros, el deseo de venganza y, como marco general, la indiferencia de muchos?

La sinceridad en el reconocimiento de la verdad, el empeño en practicar la justicia, la inclinación a procurar la concordia, todo esto es necesario -aunque difícil- para asegurar la paz y la unidad nacional.

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

EL CEREBRO DETRÁS DE LA ACUSACIÓN

Publicado el 13 de febrero de 2016

Equipo Argentino de Antropología Forense – “Maco” Carlos Somigliana es conocido como dramaturgo. Trabaja en el EAAF desde fines de los 80. Entrevista a ex–detenidos y a familiares y le “da forma” a los hechos que recuerdan.

domingo, 6 de marzo de 2016

REJUVENECIDO MUNDO


"En este país vos podés ir en cana por cualquier motivo,
incluso sin ningún motivo; pero, por corrupto, jamás".
Tato Bores


El mundo entero, aún en medio de las tormentas que están sacudiendo a los Estados Unidos (por las duras primarias), a España (por la imposibilidad de constituir gobierno), a Europa (por la inmigración y la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión), a Bolivia (por el fracaso de Evo Morales en su reelección eterna), a Medio Oriente (por la guerra contra el ISIS), etc., ha vuelto la juventud gracias a los brasileños y los argentinos que, con posturas radicalmente opuestas, le hemos hecho recuperar la capacidad de asombro.

La Justicia de Brasil, un país cada vez más inmerso en el escándalo del "Petrolão" (que también involucra a nuestros próceres Zaninni, de Vido, y Ferreyra, dueño de Electroingeniería), actuó rápidamente ante la confesión de un Senador arrepentido, Delcidio Amaral, ex jefe de la bancada del PT en la Cámara, quien dijo que tanto Luiz Inácio Lula da Silva cuanto la propia Dilma Rousseff están involucrados en la corrupción originada en contratos de la estatal Petrobras con las mayores empresas constructoras (funcionarios y propietarios y gerentes de éstas se encuentran ya en prisión), y en la madrugada del viernes ordenó la compulsiva comparecencia nada menos que del ex-Presidente; desde el sur, resultó aleccionador que lo hiciera mientras todos están en el poder, cuando aquí sólo se lo hace después. Lula, y su hijo Lulinha, están sospechados de haberse enriquecido hasta el hartazgo, y se les atribuye la propiedad de inexplicables inmuebles, grandes fazendas incluidas.

Luego de eso, la situación de Dilma, que ya se encontraba muy complicada por "maquillar" las cuentas públicas y por la financiación ilegal de su campaña presidencial (¿le suena conocido?), se tornó casi terminal. Es muy probable que, si no presenta la renuncia, sea destituida mediante un juicio político, porque ya ni siquiera cuenta con el apoyo de su propio partido, el PT, como quedó demostrado con su conspicua ausencia en el aniversario de su fundación, ni del PSB, un importante aliado parlamentario.

En un marcado contraste, Argentina sigue sorprendiendo al globo, aunque no a sus propios ciudadanos, acostumbrados desde siempre a que aquí las disputas políticas y el exceso de conocimientos que complican al poder de turno terminen en extraños suicidios: Rodolfo Echegoyen, Horacio Estrada, Marcelo Cattaneo, Alfredo Yabrán, Juan Castro, Lourdes di Natale, etc. El punto de inflexión parece, ahora, ser el crimen de Alberto Nisman, que durante un año una increíble ¿investigación? pretendió hacer pasar por un nuevo suicidio.

La inhibición de la Juez Palmaghini, la denuncia de ésta contra la Fiscal Fein, la prolongada declaración de Stiuso, el curioso reconocimiento de Parrilli, han dado un nuevo y escandaloso impulso a la causa por el asesinato del Fiscal y ésta, necesariamente, dada su íntima vinculación con el inconstitucional memorandum que firmara doña Cristina con Irán, obligará sin duda a los remolones jueces federales a citar pronto a declarar a la ex Presidente, a Timerman, a Berni, a Esteche, a D'Elia, a Parrilli, a Milani y a muchos otros; resulta simplemente insoportable para la ciudadanía, como lo hizo notar en su momento el inmortal Tato, que aún no haya prestado siquiera declaración ninguno de ellos; tanto como que Jaime, Schiavi, Boudou y tantos etcéteras continúen en libertad. Lo mismo debería suceder en la causa de Hotesur, que investiga el lavado de dinero, y el vertiginoso enriquecimiento de los Kirchner.

Obviamente, también obligará al Congreso a sancionar rápidamente las proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para crear la figura del arrepentido (o delación premiada, como se la llama en Brasil) y de la confiscación de los dineros mal habidos; la sociedad entera así lo reclama, y no dejará de pasar la cuenta a aquéllos que obstruyan el trámite.

Pero también debemos ser conscientes que la política se financia con el producto de la corrupción -a veces, hasta del narcotráfico- y, hasta que no logremos una fórmula que obligue a transparentar las fuentes de las que provienen los ingentes fondos que requieren las campañas electorales, nada será posible. Evidentemente, es un tema que tampoco ha sido resuelto en los demás países, centrales o no, que se ven afectados por el mismo problema; es hora de ponerse a pensar -disponemos de una enorme cantidad de think tanks capaces de hacerlo- y de llevar al Congreso los proyectos del caso.

De todas maneras, el tema traerá cola, ya que hay pruebas fehacientes del enorme costo económico que significó para Italia la operación "Mani Pulite", que llevó a la cárcel a gran parte de la clase política, y aún se discute cuánto tiene que ver el "Petrolão" con la brutal caída de la economía de Brasil, cuyo fecha de nacimiento coincide con la de origen del proceso judicial. Es decir, tendremos que decidir cuánto estamos dispuestos a pagar para terminar con la corrupción o, al menos, con su impunidad; mi respuesta es unívoca: debemos extirpar el tumor, porque si continuamos conviviendo con ella, nuestro país resultará seguramente arrasado por el cáncer.

El Presidente Macri hizo el martes honor a la primera de sus obligaciones: decir la verdad sobre el estado de la nación; tal como señalara esta semana un prestigioso analista, lo contrario hubiera implicado la lisa y llana manipulación de la información, algo elementalmente reñido con la democracia. Ahora resta que cada uno de sus ministros elabore un completo relatorio con los detalles de la situación en el área de gobierno que encabeza; los argentinos necesitamos, y nos merecemos, conocer la dura realidad para aceptar que su corrección y el renacimiento de la República serán caminos arduos y dolorosos pero posibles.

La segunda obligación, aún pendiente, es efectuar todas las denuncias penales que correspondan contra quienes fueron responsables de llevarnos a esta situación casi terminal. No pretendo que el Presidente presione a los jueces federales como hicieron sus antecesores peronistas, pero sí que el Consejo de la Magistratura actúe sobre ellos para lograr la celeridad que el caso, y la ciudadanía toda, exigen: Argentina debe dejar de ser el reino de la impunidad que los hechos de Brasil han expuesto con la luz más brillante.

Todos estamos esperando las inversiones indispensables para salir del pozo en que hemos caído, pero sólo llegarán si podemos ofrecerles una Justicia independiente, seria y eficaz, un estricto cumplimiento de la palabra empeñada y, por supuesto, la energía necesaria para producir. Si logramos todo eso, la necesaria disminución de la cantidad de empleados públicos que registramos, una de las principales causas del déficit del Estado, podrá ser realizada sin sufrimientos, porque quienes pierdan su trabajo en él lo encontrarán en las nuevas fábricas, en las nuevas obras públicas, es decir, en el nuevo país.

Ojalá tengamos la inteligencia necesaria para concretarlo.

Bs.As., 6 Mar 16

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado