Por Alberto Solanet
La guerra de los años 70 fue
cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados
muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos
incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.),
secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.),
asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos,
hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era
alcanzar el poder para convertir nuestra república en un Estado totalitario
marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o
constitucionales.
Por otro lado, las Fuerzas
Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en
defensa del Estado en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e
Ítalo Luder y refrendados por sus ministros. Esas fuerzas ejecutaron la orden
de aniquilar la acción terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones
inadmisibles e ilegales. El presidente Alfonsín optó por ordenar el
enjuiciamiento tanto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como de
las cabezas de las organizaciones terroristas.
La sanción de las leyes de
obediencia debida y punto final extinguieron todas las acciones penales
promovidas contra ambos contendientes a excepción de oficiales superiores y
jefes guerrilleros. En 1989 y 1990 se dictaron los indultos que extinguieron
todas las acciones y penas privativas de la libertad.
Con la llegada al poder de
los Kirchner, se abandonó ese camino hacia la concordia y se impuso un relato
falso y asimétrico de los hechos, bajo la proclama de una falsa política de
"derechos humanos" declarada política de Estado, bajo cuyo amparo
comenzó una persecución teñida de venganza contra los hombres de las Fuerzas
Armadas y de seguridad que reprimieron el ataque subversivo. Los agresores
pasaron a ser "jóvenes idealistas", premiados con suculentas
indemnizaciones y convocados para altísimas funciones públicas como ministros,
legisladores, magistrados judiciales, etc. Esta vindicta incluyó también a
civiles y religiosos, a designio del poder.
La nueva mayoría de la Corte,
instalada a partir de 2003, se encargó de "remover los obstáculos",
como sostuvo Lorenzetti, que se presentaban para la concreción de aquella
política y, en consecuencia, poder reabrir los procesos y volver a juzgar por
los hechos ocurridos 30 años atrás. Para concretar ese designio político de
perseguir y castigar de por vida a los defensores del Estado acusados por delitos
de lesa humanidad se violó el orden jurídico, no sólo en la materialidad de las
leyes positivas que lo integran, sino incluso en los principios que constituyen
desde hace siglos patrimonio jurídico y cultural de los pueblos civilizados.
Así, se arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el
mundo occidental- al aplicar con retroactividad tipos y condiciones de delitos
que no existían al momento de los hechos; se emplearon retroactivamente en
perjuicio de los imputados leyes más gravosas; se desconocieron el instituto de
la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que se privó al Legislativo y
al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende irrevisables- que la
Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y
los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los políticos.
Puede afirmarse, sin
exageración, que casi todo el mundo jurídico no ideologizado ha denunciado el
atentado cometido contra la Justicia en nuestro país. Como también la
herramienta empleada para ese fin, esto es, el proceder de muchos jueces y
funcionarios judiciales de todos los niveles, quienes, olvidando el juramento
esencial de impartir justicia, se prestaron a la fabricación política de
juicios que quedarán, para vergüenza de esta generación de argentinos, como
muestras de arbitrariedad, corrupción, fraude y prevaricación. La Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en dictamen del 25 de agosto de 2005,
reprobó enfáticamente los pronunciamientos de la Corte.
El saldo de lo ocurrido en la
Argentina al cabo de 12 años -que, a mayor abundamiento, se valió de la siembra
permanente de discordia entre los argentinos como garantía de éxito- ha sido
trágico, no sólo por el daño causado a la República y al bien común, sino
porque ya son 344 los hombres que han muerto en cautiverio, la mayor parte de
ellos sin haber recibido condena; mientras que más de 1600 ancianos y enfermos,
encerrados en cárceles comunes, aguardan en condiciones inhumanas que se cumpla
para ellos la misma sentencia de muerte. Con el estigma de lesa humanidad, se
los trata como a los esclavos de antaño o a los parias, privándolos de todo
derecho o garantía. Son los únicos a quienes se les deniega el beneficio de la
detención domiciliaria y se los priva de una elemental asistencia médica. Son
los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de
dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la
aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los
únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los
únicos a quienes no se conceden la excarcelación, la libertad condicional o las
salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa
el crimen por el que hayan sido acusados o condenados
Esto debe terminar. El nuevo
gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del
instrumento político del odio que caracterizó al kirchnerismo, hoy constituye
una nueva esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la vigencia
de la justicia. La Argentina conmemorará pronto los 200 años de su
independencia. ¿Puede haber fiesta nacional cimentada en el odio de unos contra
otros, el deseo de venganza y, como marco general, la indiferencia de muchos?
La sinceridad en el
reconocimiento de la verdad, el empeño en practicar la justicia, la inclinación
a procurar la concordia, todo esto es necesario -aunque difícil- para asegurar
la paz y la unidad nacional.
Presidente de la Asociación de Abogados por la
Justicia y la Concordia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!