No estamos totalmente
de acuerdo con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sí compartimos
que los juicios de lesa humanidad deben concluir cuanto antes, sí compartimos
que los mayores de 70 años deben estar en su domicilio y compartimos que son
temas que debe decidir la justicia… y si la justicia no lo hace deberá ser una
decisión política del más alto nivel, a través de las herramientas constitucionales
previstas para estos casos.
En la nota existen
algunos temas sobre los que pensamos es necesario destacar nuestra discrepancia
y llamar a la reflexión de la sociedad y sus representantes políticos:
A nuestro criterio
estos juicios solo se han podido celebrar a “contra
del derecho” y son tantas las “aberraciones
jurídicas” que los mismos deberían ser anulados. Esa sería una forma de
concluir rápidamente con los juicios. Por ser legos en la materia, la extensión
de estos conceptos la dejamos en manos de los profesionales del derecho.
No solo se viola y
discrimina la ley al mantener presos a los mayores de 70 años, ocurre lo mismo
con todas aquellas personas que se encuentran en prisión víctimas de
enfermedades graves que no son atendidas debidamente dado a la incapacidad sanitaria
en las Unidades Penales y también se viola la ley y se discrimina a los Presos
Políticos cuando permanecen en prisiones preventivas excedidas en el tiempo que
establece la ley y tratados internacionales. Hay casos de personas que llevan
más de quince (15) años en prisión preventiva y sin sentencia alguna.
Si se cumpliera
debidamente con la ley, tratados internacionales, derechos jurídicos y humanos con
todas las personas acusadas de delitos de lesa humanidad, serían muy pocos los
que permanecerían en prisión. Seguramente ese colectivo estaría representado
por los más jóvenes, y que en los años '70 eran los de menor jerarquía, sería
una tremenda injusticia y más cuando las pruebas presentadas por los fiscales
no están más allá de toda duda razonable.
Se dice que son Presos Políticos porque para poder llevar adelante el objetivo político de su procesamiento y juzgamiento, el Estado Argentino ha debido violar, tergiversar y “manipular” todas las garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los mas elementales principios del Derecho, de la que destacamos :
Se dice que son Presos Políticos porque para poder llevar adelante el objetivo político de su procesamiento y juzgamiento, el Estado Argentino ha debido violar, tergiversar y “manipular” todas las garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los mas elementales principios del Derecho, de la que destacamos :
- Juzgados por Tribunales incompetentes e ilegales.
- Procesados y condenados en Juicios ilegales e insanablemente nulos.
- Nuevo Juzgamiento a quienes ya fueron procesados y absueltos con sentencia firme, en la misma causa.
- Acusaciones con acumulación generalizada de casos para todos los procesados, por el solo hecho de ser miembros de las FFAA y FFSS en el momento de los hechos investigados y sin que requiera una prueba tangible de su real participación en dichos hechos.
- Inconstitucionalmente se descartó para su juzgamiento el único Código Penal vigente para los procesados en el momento de los hechos que se pretende juzgar, que era el Código de Justicia Militar.
- Violación sistemática y reiterada de las garantías constitucionales del Principio de Legalidad y el Debido Proceso.
- Condenas basadas en pruebas que no se ajustan a las formalidades legales.
- Prisiones preventivas que superan excesivamente los límites establecidos en la legislación vigente.
Por último deseamos señalar al secretario Avruj, que no tiempo de memoria… es tiempo de historia contextualizada en la época de la guerra revolucionaria que sufrió el país.
Sinceramente,
Pacificación
Nacional Definitiva
por una Década en Paz y para Siempre
por una Década en Paz y para Siempre
El secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, sabe que se trata de temas complejos y busca
cuidar sus respuestas. Pero al mismo tiempo es claro al definir que "no hay ninguna posibilidad"
de que se detengan los juicios a los militares. Sin embargo, plantea que deben
acelerarse los procesos en los casos de detenidos de más de 70 u 80 años, para
quienes, según el funcionario, debe considerarse la posibilidad de que estén en
prisión domiciliaria.
-
Hablemos
de los derechos humanos en relación con los 70. Ahí aparecen dos paradigmas
bien opuestos. El de la juventud maravillosa y el de la teoría de los dos
demonios. Por supuesto que son dos extremos y hay matices, ¿pero dónde se
ubicaría ideológicamente usted?
-
Ideológicamente yo no avalo la teoría
de los dos demonios. Yo sí reconozco que la Argentina vivió un proceso de
violencia muy fuerte, con una misma lógica, donde la muerte en busca del poder
se instaló en el centro de la escena, pero yo reconozco fundamentalmente que
quien incumple y violenta los derechos humanos es el Estado, que es justamente
quien tiene la obligación de protegerlos y promocionarlos.
-
Hay
sectores que temen que se detengan los juicios a los militares. ¿Podría
ocurrir?
-
No hay ninguna posibilidad de que esto
ocurra. Los temas de memoria, verdad y justicia bien entendidos no solamente le
hacen bien a las víctimas y a los familiares, sino que es una necesidad de la
sociedad. Por otro lado, el tema de los juicios está en el ámbito de la Justicia,
y nosotros queremos trabajar para una Justicia totalmente independiente. En los
juicios de lesa humanidad, donde el Estado es querellante, seguimos siéndolo y
no hay ninguna posibilidad de cambiar en ese sentido.
-
Usted
recibió al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas
(Celtyv). ¿Qué le pidieron?
-
Primero hay que dejar en claro que
como secretario de Derechos Humanos yo voy a recibir a todo aquel que pida una
reunión, que sienta que sus derechos están vulnerados. Con un límite que se los
planteé a ellos también: no hay posibilidad de que en nuestra mesa se dialogue
en función a una negación de lo que fue el terrorismo de Estado. En el caso de
esta organización, del Celtyv, ellos plantearon el dolor que sienten de que las
víctimas civiles de los grupos Montoneros, ERP y otros hayan sido
invisibilizados y quitados de la historia, y que ellos consideraban que tenían
que tener un lugar en la educación y en la difusión. Ellos iban a pedir
reuniones con distintos funcionarios y nos pedían esta articulación.
-
Hay
muchos militares que están detenidos que hoy tienen más de 70 u 80 años. Muchos
tienen condena y otros no. ¿Hay alguna idea de cambio de estatus para esos
detenidos?
-
Es una decisión plenamente de la
Justicia, donde el Estado no va a ejercer una presión sobre eso. Nosotros
estamos porque se cumplan los juicios, que se terminen cuanto antes, pero no
porque haya que terminarlos y listo, sino porque el tiempo juega en contra de
las víctimas, de los acusados y de la sociedad misma, que requiere una
solución. Después, el tema de la edad: yo creo que el tema de la excarcelación
de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para
todos. Y si la Justicia lo considera para todos, habrá que aceptarlo.
-
¿Usted,
en lo personal, piensa que los mayores de 70 deben ir a prisión domiciliaria?
-
Yo considero que sí, porque tiene que
ver esto con un respeto al derecho y a la justicia. La liberación de una
persona después de los 70 u 80 años es una decisión de la Justicia. Si la
Justicia, en plena libertad, lo considera, hay que respetarlo.
-
¿Y
esta posición es suya o la comparte con el Gobierno?
-
Yo creo que es del Gobierno.
-
O
sea que deberían acelerarse los juicios a los detenidos y, eventualmente, pasar
a domiciliaria...
-
Esto lo dijimos ayer en Mendoza, lo
dijimos hoy en la reunión que tuvimos con la Cámara de Casación Penal, que
necesitamos que los juicios se lleven adelante, concluyan cuanto antes, con el
tiempo lógico y sin chicanas, pero que se termine todo esto justamente porque
hay una necesidad que tiene que ver con el tiempo.
-
Usted
se reunió varias veces con Estela de Carlotto. ¿Hablaron de esto?
-
No. De esto no hablamos. Sí hablamos
-y en esto coincidimos- de que los juicios tienen que llevarse a cabo y tienen
que concluirse. Estela, como muchos organismos, entienden el daño que se les
produce a las víctimas al ir una vez y otra vez ir a declarar, dar su
testimonio y después esperar mucho tiempo que sean citados a audiencia. Eso
termina afectando muchísimo a la gente.
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