por Silvio Pedro
No sé si será de
público conocimiento que nosotros, todos, continuamos pagando, por intermedio
de ANSES, los premios que, como pensiones, otorgó la ex presidenta a los
terroristas que asesinaron indiscriminadamente, secuestraron y torturaron a
cientos de miles de inocentes, niños, ancianos, mujeres, con la macabra
finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo. En
el propio gobierno hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos
se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó
Cristina Fernández de Kirchner, ya que también la hizo extensiva a los
desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión
hereditaria que las instituciones, en especial la Justicia, y la sociedad
idiotizada aceptaron como un mandato inapelable de la voluntad personal de una
orate.
Interesante destacar
que dicha ley establece:
“La
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que atesora fondos
previsionales destinados a jubilados, aportará el dinero necesario. La
Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, lo
administrará”. Sí señores “atesoramos fondos” para pagar a los terroristas, y esta burla
perversa que se permitió la ex presidente es fiel transcripción de la ley
publicada en el Boletín Oficial.
El resultado de estas
incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos
se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International
y otros pseudos organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a
costa de un país desquiciado.
Como era de esperar,
aquellos emigrantes que fueron a tentar fortuna en el exterior sin mayor éxito,
se declararon desaparecidos o perseguidos políticos con lo que resulta
incalculable la cantidad de favorecidos, colgados de las tetas argentinas de
los derechos humanos.
Para los que ponen en
duda esta veta que viene drenando la economía del país, les vamos a sumar otra
increíble disposición de la Corte Suprema de Justicia, que abre aún más esta
hemorragia financiera.
El Honorable tribunal
falló que los hijos de los padres perseguidos por la última dictadura militar
que hubieran nacido en el exterior durante el exilio forzado de sus padres,
tienen derecho a percibir la indemnización prevista por la ley.
Se puede uno imaginar
la cantidad de hijos que aparecerán para aplicar a la ley, ya que se viene
otorgando sin pruebas fehacientes. ¿Quién lo puede demostrar? ¿Con qué pruebas
con qué argumentos o antecedentes?
“Siguen
los azotes en la casa de Caifás”, pues la rapiña no
reconoce límites y por un artículo de Andrea Palomas Alarcón publicado en el
Informador Público venimos a descubrir que los cabecillas militantes que ya
están cobrando jugosas indemnizaciones, han iniciado demandas millonarias al
Estado por el valor sentimental de los huesos de sus familiares, que se hallan
desaparecidos. Estimados lectores, no se trata de una broma macabra, lean elartículo del 16 de mayo que Andrea publica en dicho diario digital.
Hay una cuña muy
peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en
la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las
solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen
registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo
que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
Andrea manifiesta que
solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de los que habían cobrado
las leyes reparatorias 24.321, 24.411, 24.043, 25.914, 26.564 y 26.913 por
desaparición de personas y otras indemnizaciones similares, pero obtuvo una
respuesta negativa aduciendo excusas sin sustento.
Todo esto contradice
las promesas de Cambiemos, en el sentido de terminar con el curro de los
derechos humanos y hacer públicas las actuaciones de las oficinas del gobierno,
en orden a la transparencia de las mismas, máxime cuando se acaba de sancionar
en el Congreso la ley de Acceso a la Información.
Es una tarea que el
gobierno no ha emprendido y que en este delicado tema de los derechos humanos
llega hasta el aparente desconocimiento de la ilegalidad de los juicios de lesa
humanidad, instrumento del kirchnerismo para desatar su perversa venganza de la
derrota sufrida por el terrorismo en mano de los militares. La muerte en
cautiverio de más de 350 presos políticos luego del hacinamiento en mazmorras
insalubres, negados de todo asistencia sanitaria, y del derecho a prisión
domiciliaria por su edad, es el colofón de una política inhumana y revanchista
que continúa en manos del nuevo gobierno.
Se siguen sumando
artículos y opiniones de juristas y sociólogos, argentinos y extranjeros,
condenando una situación de extrema injusticia que las nuevas autoridades
gubernamentales se niegan a reconocer. El último, difundido en el Informador
Público, es terminante en sus conceptos. Su autor es Mauricio Ortín y dos de
sus párrafos dicen:
“Existen
pocas dudas acerca de que, aunque aparenten un proceso legal, los juicios por
crímenes de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina constituyen una
violación de los derechos humanos de los acusados. No sería la primera vez que
un Estado abusara del inmenso poder que dispone para enmascarar persecuciones
políticas con vicios formales. Los regímenes comunistas han descollado como
ningún otro en este arte del simulacro de justicia.
El
presidente Macri se hizo cargo de la nefasta política de “Derechos Humanos” del
kirchnerismo y sus cómplices.
Si
las cosas avanzan en el sentido en que la ex jueza Marcotullio y Alberto
Solanet advierten, cuando los argentinos recuperemos la justicia, Macri, Avruj,
Peña y Vidal, deberán acompañar al kirchnerismo a rendir cuentas por la comisión
de delitos de lesa humanidad.”
Por su parte, el
Obispo Benemérito de San Luis, Monseñor Jorge Luis Lona se dirigió a sus
Hermanos en el Episcopado, hablando de la Justicia en el Año de la Misericordia
con referencia explícita a este grave problema, expresando, entre otras cosas,
lo siguiente:
“De
manera imprevisible, quienes detentaban el poder tan anhelado y gozado, lo
perdieron por voluntad del pueblo a fines de 2015. Pero desde mucho antes,
aquel poder del odio había logrado conformar una justicia federal penal,
sistemáticamente negadora de justicia para “los procesados por las vicisitudes
políticas de la década de los 70.
Señalaremos
algunos aspectos de esa negación de justicia:
Son
más de trescientos cincuenta los muertos en la cárcel pasados los setenta años.
Como únicos penados en el país a quienes se les niega el derecho a la prisión
domiciliaria.
De
un modo igualmente arbitrario, se prolonga su prisión preventiva mucho más allá
de los tres años permitidos por ley
Se
los trata con reiterada violación del Código Procesal Penal.
Se
les aplica el concepto de “delito de lesa humanidad” sin tener en cuenta la
normativa de vigencia mundial al respecto.
Se
avalan y apoyan durante los juicios testimonios escandalosamente falsos.
Hay
en la Argentina juristas cuyo renombre académico va unido a una conducta
intachable. Hoy su intervención sería iluminadora y es posible lograrla.”
Fuimos testigos del
nazismo, del fascismo, del castrismo, del peronismo, del kirchnerismo, del
cristinismo, por favor no formemos el macrismo. Digo esto porque artículos de
este tenor son criticados como inestabilizadores por mucha gente partidaria de
Cambiemos, saliendo en defensa fanática de quien ahora quieren convertir en “líder”. No, señores, lo que triunfó es
la democracia. Restaurada por un partido denominado Cambiemos la vimos resurgir
entre las ruinas por un conjunto de voluntades reunidas por el jefe de la
ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a quien votamos esperanzados en el
cambio prometido y que seguiremos apoyando con críticas como la presente de
extraordinaria importancia institucional.
El presidente no
busca la popularidad, el honor, ni la gloria, sólo aspira a unir a los
argentinos con sanas políticas democráticas de diálogo, distintas opiniones y
polémicas libremente expresadas, que son la base ignorada ex profeso durante
más de una década por un gobierno corrupto hasta sus raíces.
Estamos en ese camino
y por eso lo queremos ayudar en el cumplimiento de sus promesas que, en tan
corto tiempo de su mandato, las viene haciendo efectivas.
En este escrito queda
asumida nuestra sincera voluntad de colaboración para que el gobierno tome
conciencia de que los derechos humanos es la materia pendiente. Si se lee
atentamente y sin ningún prejuicio, letra por letra, se comprenderá que no
aparece ningún pedido de indulto, de absolución, de gracia, ni de perdón, sólo
pedimos justicia, estrictamente, justicia.
