El gobierno nacional
está considerando muy seriamente la posibilidad de extraditar finalmente a
Chile, en uso de sus facultades soberanas, a Galvarino Sergio Apablaza Guerra,
a quien el país trasandino requiere insistentemente para que sea juzgado con
relación al cobarde asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ocurrido en
1991, esto es, bastante después de concluida la dictadura militar chilena, que
culminó el 11 de marzo de 1990 con la asunción de la presidencia por parte de
Patricio Aylwin.
A este hecho se suma
una investigación chilena en marcha, también en sede judicial, acerca de la
presunta participación de Apablaza Guerra en el secuestro de uno de los
integrantes de la familia propietaria del diario El Mercurio, de Santiago de
Chile. En paralelo, el cuestionable otorgamiento de su asilo político en
nuestro país está siendo apelado por los abogados del país vecino ante los
propios tribunales argentinos, que acaban de reconocer expresamente a Chile la
capacidad para poder hacerlo.
Si ello ocurriera,
después de 10 años de conducta cuestionable por parte de nuestras autoridades,
la Argentina dejaría efectivamente de ser un refugio para los terroristas
requeridos por tribunales de sus países por los atentados que pudieran haber
cometido. Incluye esto el conferido a algún miembro de la organización
terrorista vasca ETA, como Jesús María Lariz Iriondo, a quien -en función de
una decisión del ex juez Baltazar Garzón- se procuró desde España, ante su
presunta participación en un atentado perpetrado en el país vasco, allá por
1984.
Apablaza tiene 59
años y está viviendo en la Argentina desde 1993. Estuvo entre nosotros, aunque
clandestinamente, hasta 2004, cuando fue detenido. Oportunamente la Corte
Suprema de Justicia de nuestro país había aprobado su extradición para que
fuera juzgado por los jueces de Chile. Pero ésta se frustró cuando se le
concedió el carácter de refugiado. Algunos de los defensores locales del
mantenimiento del asilo político de Apablaza, vinculados a organizaciones de
derechos humanos, han señalado el peligro que encerraría una decisión del
gobierno de Mauricio Macri de habilitar la extradición, en virtud de que
"el refugio es una manera de resguardar a aquellos que pelean contra la
opresión". Como si la lucha llevada a cabo contra un gobierno dictatorial
concediera a alguien el privilegio de no responder a una requisitoria judicial
cuando es acusado de cometer un crimen aberrante.
Un fallo reciente de
la Corte Suprema, que acaba de aprobar la extradición al Perú de Oswaldo
Ceferino Quispe Caso, uno de los integrantes de la organización terrorista
Sendero Luminoso, puede ser una señal de cambio de actitud que tiene
ciertamente en cuenta la obvia dimensión transnacional del terrorismo, que
obliga a todos los países a cooperar estrechamente en acciones contra este mal,
prestándose asistencia recíproca; esto es, confiriendo las extradiciones que
sean correctamente solicitadas. Así se cumple cabalmente con las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2001 y 2004, y con los 18
tratados internacionales que reglamentan detalladamente la irrenunciable lucha
de la comunidad internacional contra el flagelo del terrorismo.
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