(o la nueva forma de
hacer la Revolución)
Por Andrea Palomas
Alarcón
En los años 70
aseguraban que venían construir un mundo mejor. A sangre y fuego querían
imponer su visión de mundo mejor en el que todos seríamos iguales, todos
tendríamos los mismos derechos y obligaciones. Todos.
Amén de los medios
inaceptables con el correr de los años vimos que la única Revolución que
pelearon era la del progreso económico personal. De igualdad nada. Revolver el
statu quo para quedar en el lugar de los burgueses que querían destituir.
Nos hartaron las
indemnizaciones fraudulentas a familiares de terroristas con lágrimas de cocodrilo: “la sangre derramada
no será negociada” dijeron alguna vez.
El imperialismo
yanqui, sus gendarmes locales y la odiosa cara de Franklin en los billetes de
cien dólares eran el enemigo. Sin embargo, por atacar a la Nación, sus deudos
fueron indemnizados con bonos de deuda pública en dólares. “La deuda externa no se pagará con el hambre del pueblo” también
nos decían.
El problema no son
ellos, somos nosotros que pagamos con deuda pública una paz de utilería que
nunca sirvió para nada. En las cárceles de la Nación languidecen los que nos
defendieron del genocidio que querían ejecutar tanto el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) como Montoneros, en distinta escala, ambos igualmente
genocidas.
Y llaman a nuestros
presos genocidas.
Los que odiaban a
Benjamín Franklin cobraron en dólares indemnizaciones que pagaron los
desnutridos del Chaco, los jubilados, los descalzos del conurbano.
Les dimos
indemnizaciones como los antiguos ofrendaban víctimas humanas a los dioses
paganos para apaciguar su ira.
EL
NUEVO DESPOJO.
Pero como la bestia
que prueba sangre humana nunca se sacia, han vuelto por más, con un nuevo
despojo al erario público.
Desde el año
2010 la familia del terrorista Mario
Roberto SANTUCHO (NG: Roby) jefe y cabeza del ERP, ha iniciado una demanda
contra el Estado por el valor sentimental de sus huesos.
Y no es que no hayan
cobrado todo de todo y que no les haya quedado por cobrar nada de nada. Desde
la “desaparición” de Santucho, pasando por el exilio de algunos de los
integrantes de esa familia, tanto como por la pesificación asimétrica de los
bonos de deuda pública que cobraron por todo lo anterior, dólar sobre dólar,
Franklin sobre Franklin, el Estado argentino los indemnizó durante años.
Expedientes 56581/2015; 57094/2015; 014771/1996 entre otros (todos del
contencioso administrativo federal).
¿Alguien pensaba que
la Revolución era algo distinto que la mejora social y económica de los
“revolucionarios” y sus familias?
Pues ahora la familia
Santucho ha iniciado un nuevo juicio contra el Estado por la pérdida de su
cadáver. Entiéndase bien, no por la “desaparición” de Santucho, que por eso ya
cobraron (pese a que murió con un fusil en la mano): por la pérdida de su
cadáver, por el VALOR SENTIMENTAL DE LOS HUESOS DE SANTUCHO.
LA
DEMANDA
La demanda de la
familia Santucho contra el Estado Nacional es por diez millones de pesos más
intereses contados desde el día en que cayó abatido (19/07/76). Tramita en el
juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11- Secretaría Nº 21, a
cargo de la Dra. María José Sarmiento. Lleva el número de expediente N°
005945/2010. Los demandantes son Ana Cristina SANTUCHO, Gabriela Inés SANTUCHO
y Marcela Eva SANTUCHO hijas del Jefe del ERP. El objeto de la causa es “daños
y perjuicios” y el motivo es la pérdida del cadáver por el valor sentimental
que tiene para sus deudos, daños psicológicos y morales.
Los demandados son el
Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia y DDHH, el Gral. Santiago
Omar Riveros, el Gral. Jorge Rafael
Videla (ejecutado en cautiverio) y el fallecido Gral. Fernando Verplaatsen.
Uno de los testigos
más pintorescos de la “desaparición” de los huesos de Santucho ha sido su
segundo al mando, actual jefe del ERP, Juan Arnol Kremer Balugano (NG Luis
Mattini). Este guerrillero, hoy ataviado de “militante” o, mejor aún, de ancianito simpático que cuenta sus
“escaramuzas” en el Canal Encuentro, es otro de los tantos indemnizados por el
Estado argentino. Estado que al no dejarse destruir nos protegió a todos.
El testigo Juan Arnol
Kremer pese a quedar al mando de la organización terrorista más cruel que tuvo
la Argentina en los 70 también fue indemnizado por el Estado. Mediante la Res.
Del Min de Justicia 1531/13 se le
abonaron más de 300 mil pesos por haber
estado exiliado durante el Proceso aunque también en la causa (CAF 040226/2013 KREMER, JUAN ARNOL C/ EN-M
JUSTICIA Y DDHH- S/INDEMNIZACIONES - LEY 24043 - ART 3) reclamó un resarcimiento económico por haber
estado “exiliado” durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sin éxito en este caso.
También (justicia poética) fue alcanzado por la ley 25.561 (pesificación
asimétrica de sus bonos en dólares) por lo que hizo un amparo (015842/2003
KREMER JUAN ARNOL C/ PEN-LEY 25561-DTOS 1570/01 214/02 471/02 (BONOS) S/AMPARO
SOBRE LEY 25.561) ya que quería su indemnización en dólares y no en pesos
argentinos.
LOS OTROS JUICIOS
Mientras este juicio
se desarrolla, un accidente procesal hizo que tomáramos conocimiento de otro
juicio similar emprendido por el hijo de la Madre de Plaza de Mayo, Azucena
Villaflor: Pedro Vincenti. En su caso no demanda por los huesos de Azucena como
sí hizo su hermana Cecilia porque para cuando comenzó el juicio, ya esos huesos
habían sido encontrados en un cementerio de Gral Lavalle y regados sobre la
Plaza de Mayo en una emotiva ceremonia. Demandó (y ya cobró) al Estado por el
daño moral y psicológico que le produjo la “desaparición” de su madre pese a
que había sido beneficiario de las leyes de reparación integral (24043 y 24011)
en lo que es una inaceptable doble indemnización por los mismos rubros.
Por el momento, la
información que nos llega es que sólo los familiares de los cabecillas
guerrilleros y dirigentes de organizaciones de superficie están demandando por
la “desaparición de los huesos” y otros daños.
Así como en la huida
de Trelew los jerarcas se preservaron dejando atrás a la tropa, que peleando
por su vida cubrió la retirada, hoy sólo los familiares de los jefes máximos
están demandando indemnizaciones por huesos de manera de no levantar demasiado la
perdiz y que puedan cobrar antes de que
la sociedad indignada cierre el grifo. La tropa, como siempre, se quedará en la
retaguardia. De todas maneras no descartamos que existan muchos otros juicios
de los que no tenemos conocimiento, convenientemente favorecidos y ocultados
por el gobierno anterior.
¿Se entiende
realmente el alcance de este latrocinio? Ya los familiares de los “desaparecidos” -aunque fueran
guerrilleros abatidos en combate-
cobraron por la “desaparición”
de sus familiares pero ahora, en una doble indemnización ilegítima e ilegal,
también pretenden cobrar por la “desaparición”
de sus huesos. La ley 24411 es una ley de reparación integral, una
indemnización tabulada que permite a familiares de alegados “desaparecidos” cobrar sin necesidad de
hacer juicio. Ellos ya cobraron por todo daño que pudieran reclamar, no se
puede desdoblar el daño en un millón de rubros impensados porque terminaríamos
con juicios por la desaparición del riñón de Santucho o del hígado de Abal
Medina.
SIN
CAMBIO
Quien escribe estas
líneas solicitó por nota al nuevo gobierno conocer la lista de quienes habían
cobrado las leyes “reparatorias”
(24.321; 24411; 24,043; 25914; 26564 y 26.913)
por “desaparición” de personas
y otras indemnizaciones similares. El gobierno de Cambiemos se negó a hacerla pública alegando excusas
sin sustento.
Espero que la
sociedad ponga las cosas en su lugar porque las necesidades son muchas; el
Estado no puede seguir distrayendo fondos para esta “revolución” personal. Argentina alguna vez fue un gran país de
gente buena y honesta, orgullosa de vivir de su trabajo. Ignoro en qué momento
nos inundó esta pestilencia de odio, codicia y “revolucionarios” de pacotilla pero ya no podemos seguir
financiando su estilo de vida.
Mientras tanto, ya
han muerto en cautiverio 357 presos políticos que nos liberaron de genocidas
como Santucho, a los que no se les hace justicia, ni se les respetan los
derechos que tiene cualquier otro preso. Algunos de ellos también víctimas de
ataques terroristas; ninguno indemnizado nunca, por nada.
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