"A nuestros oponentes políticos les ofrezco
un trato:
Si ellos dejan de mentir sobre nosotros,
yo dejaré de decir la verdad sobre ellos".
Adlai Stevenson
Si usted cree que
debemos vivir en un estado de derecho y tal como hice la semana pasada, le
ruego que copie este link (http://tinyurl.com/haftfpc),
lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y
difunda.
No voy a hablar hoy
de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya
que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre
el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las
páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su
gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones
que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de
don Néstor (q.e.p.d.).
La semana contuvo un
hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante
desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos,
de una estadística confeccionada durante la "gestión"
de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de
desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto
bramó de indignación: "En vez de
investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos"; raro, porque
no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.
La relevancia del
número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de
los "30.000", que tuvo dos
fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la
venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales,
organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta
ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar
los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la
Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a
quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se
suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias
organizaciones.
Es que, si se deja de
hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la
teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que,
aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder,
casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los
que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos:
irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del
proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2x1 y
prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los
corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben
impúdicamente sus mal habidas fortunas.
El otro episodio fue
la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en
favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no
por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por
haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son
limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de
explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se
rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a
lo justificado de sus afirmaciones.
La Argentina es el
único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no
exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales,
demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen,
o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de
identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia,
Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que
los gobierna.
Nuestra nación se
formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la
primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al
fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra
sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de
la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los
hombres de "buena voluntad"
que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa
categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los
terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y,
sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto
digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra
población carcelaria.
Pero, pese a que aún
aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos
reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales,
somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por
debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente,
de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos
sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.
Entonces, y como la
caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros
esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de
nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a
extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que
quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema
público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en
los hospitales, mientras los turnos son ocupados por "turistas" que, en la práctica, realizan curiosos "tours de salud" para operarse
gratuitamente dentro de nuestras fronteras.
Estamos, en este
momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de
la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no
alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que
todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las
prótesis, sin pedirles absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué
ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su
responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para
solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra
Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la
región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias,
se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus
ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería
aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.
Bs.As., 12 Nov 16
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
