Ya desde 2012 en este
blog existen notas llamando la atención sobre el juez Eduardo Freiler y
señalando como uno de los de los que hicieron del prevaricato su metodología
para negar justicia, para posibilitar la venganza del terrorismo contra las
FFAA que los vencieran en el campo de batalla de los ’70.
Una vergonzosa red de
complicidades se tejió en los tribunales de Comodoro Py para otorgarle
impunidad al juez que no puede justificar su patrimonio
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| La sonrisa de la impunidad. Foto: Archivo
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Con otro estilo, el
camarista federal Eduardo Freiler parece dispuesto a recorrer la senda del
escándalo judicial que en su momento hizo tristemente famoso al ahora ex juez
Norberto Oyarbide.
Los escándalos
judiciales que protagoniza Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara
Federal porteña, tienen, también, la rara virtud de mostrar una red de
complicidades y encubrimientos en la justicia federal que va más allá de él y
que revela un muy preocupante modus operandi al que es preciso poner fin. Se
trata de los delitos cometidos por jueces y fiscales que se apañan y se
protegen entre ellos y que, al hacerlo, cometen nuevos delitos a los que ellos
otorgan un blindaje de impunidad.
Son varios los
problemas de Freiler, uno de los magistrados más allegados y funcionales al
kirchnerismo. Para empezar, un gigantesco enriquecimiento que hasta ahora no ha
podido explicar y que se compone de caballos de carrera, campos, una mansión en
Olivos, un departamento en Pinamar y una flota de automóviles de colección y un
yate, además de un 50% de un balneario en Necochea. Lo más llamativo es que,
como informó LA NACION, buena parte de esos bienes habrían sido adquiridos
entre 2012 y 2015 con su sueldo de camarista. Freiler también es propietario de
una financiera en sociedad con la ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez
federal Ariel Lijo.
Luego de que el
abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito y por su
sospechosa participación societaria en la financiera, se puso en marcha la
aceitada maquinaria judicial para defender a sus miembros a partir del
principio "hoy por vos, mañana por
mí".
Así fue como en la
causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, quien se
desempeña como profesor en la cátedra de Freiler. En tiempo récord y sin que se
llevaran a cabo peritajes ni ninguna medida de prueba, la enorme fortuna de
Freiler se volvió lícita y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo
sobreseyó basándose en los dichos del propio investigado. Importante pieza en
esta deleznable maniobra, Martínez de Giorgi, a diferencia de Freiler, se
caracteriza por su bajo perfil. Su esposa, Ana María Juan, es secretaria en la
misma sala de la Cámara Federal de Freiler.
Como dijimos en esta
columna en abril pasado al ocuparnos de los escándalos de Freiler, Martínez de
Giorgi asumió una jurisdicción que jamás debió haber asumido pues, por razones
de elemental decoro, debió haberse excusado, y absolvió con una velocidad
inédita al jefe de su señora. Lo mismo cabe decir del fiscal González, quien
también debió haberse excusado, dados sus vínculos con el camarista
investigado. En este punto, dichos funcionarios parecen no ser conscientes de
que es imprescindible que quienes administran justicia no incurran en conducta
alguna que pueda arrojar dudas sobre la imparcialidad con la que deben actuar.
En cuanto al fiscal
González, Monner Sans lo denunció penalmente para que se lo investigue por
presunto enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado de Rodolfo
Canicoba Corral.
A su vez, por
considerar con mucha razón que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi a
Freiler es fraudulento, el abogado pidió la reapertura de la causa con el
argumento de que se trata de una sentencia írrita pues se sobreseyó sin ninguna
investigación. En declaraciones a Perfil, Freiler calificó de "aberración jurídica" la cosa
juzgada írrita, y al presentar ante el Consejo de la Magistratura donde se lo
investiga su descargo, que en realidad pareció un descaro, argumentó que aquel
sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito es cosa juzgada.
Quizá debiera
recordársele a Freiler que la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta reconoce
antecedentes en fallos de la propia Corte Suprema y también de la Cámara
Federal de Casación Penal, que son sus superiores jerárquicos, lo cual revela,
una vez más, su incompetencia para ocupar el cargo que ostenta. O que su
criterio es tan parcial como interesado, pues la impunidad que se otorgan unos
a otros los magistrados requiere que no haya la menor fisura en la cosa juzgada
si el beneficiado es uno de ellos.
No hace mucho, al
analizar en esta columna el tema de la sentencia írrita, señalábamos que la
cosa juzgada o la imposibilidad de rever una sentencia firme es uno de los
pilares del Estado de Derecho, pero planteábamos también que cuando se utiliza
a la Justicia para garantizar el fruto de la corrupción y la impunidad de los
culpables, la sociedad no puede quedar inerme teniendo que soportar en el
futuro a los corruptos devenidos en honestos por sentencias judiciales
inamovibles y no revisables. En síntesis, ¿puede lograrse impunidad a través de
fallos inescrupulosos? En ocasiones, se recurre también hasta a la autodenuncia
para obtenerlos con jueces amigos que garantizan impunidad.
Si el juez no accede
a beneficiar a sus colegas, se lo quita del medio. En 1991 el juez Miguel Pons
procesó a su colega María Servini de Cubría por su escandalosa actuación en el
Yomagate en beneficio de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menem, y pidió su juicio
político, pero fue ascendido a juez de tribunal oral y la causa terminó en la
Corte con sólo un descuento de 60 pesos en el sueldo de Servini de Cubría.
Freiler ha sumado
otra denuncia en su contra, basada en versiones coincidentes sobre un pago a este
juez que habría realizado el empresario del juego, presidente de Boca Juniors y
operador judicial del Gobierno, Daniel Angelici, para beneficiar a Mauricio
Macri en la causa de las escuchas telefónicas. El 14 de junio pasado, la Sala I
de la Cámara Federal, que integra Freiler, confirmó el sobreseimiento del
Presidente, que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello en diciembre
del año pasado, pocos días después de que Macri asumió la presidencia. La
denuncia por el pago de las presuntas coimas la realizó un diputado del
massismo e incluye a Angelici.
La Justicia es la
institución fundamental para llevar a cabo la tan ansiada lucha contra una
corrupción que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente.
Pero no hay ninguna
posibilidad de librar esa contienda si al mismo tiempo no se procede a sanear
la Justicia de personajes tan siniestros como Freiler y varios de sus colegas
del fuero, como también muchos fiscales. En el caso de ellos, el problema
consiste no sólo en que no combatan la corrupción, sino que forman parte de
ella.
