"Colgamos
a los ladronzuelos y elegimos a los grandes ladrones".
Esopo
Hace tal vez un par
de meses describí el costo que había pagado Italia por el proceso "mani
pulite" que, impulsado por el Fiscal
Antonio di Pietro, barrió en 1992 con toda la clase política de la
península y gran parte de la industrial. Conté entonces lo que estaba
sucediendo en Brasil de manos del Juez Sergio Moro y un grupo de fiscales
federales, que han dejado pasmado al mundo con sus investigaciones sobre el
"lava-jato" y el "petrolão", y me pregunté cuánto estaría
dispuesta su sociedad a pagar por la limpieza de sus instituciones.
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| Juez Sergio Moro
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Desde entonces, el
huracán, que incrementa diariamente su fuerza con las delaciones premiadas,
está arrastrando por el fango a cientos de funcionarios, ejecutivos y dueños de
grandes empresas y a políticos de todos los colores. Para tener una idea de la
magnitud del golpe que sufrirá el Congreso brasileño, basta con saber que han
firmado ya esos acuerdos, tendientes a la reducción de las penas, nada menos
que el Presidente de Odebrecht -la mayor constructora internacional de la
región- detenido hace más de un año, y 77 de sus más altos ejecutivos, que -ya
se sabe- comprometerán a 200 gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de
24 partidos. Ante esas noticias, a esos delatores se suman ahora muchos de los
implicados del ámbito privado y también algunos funcionarios públicos, todos
aterrados por la magnitud de las condenas -algunas superan los 40 año de
cárcel- que han comenzado a imponerse.
Los fiscales ya han
procesado y eyectado de su cargo al Presidente de la Cámara baja, Eduardo
Cunha, que habilitó el impeachment que terminó con la destitución de Dilma
Rousseff, y el jueves obtuvieron del Supremo Tribunal Federal la autorización
para avanzar sobre Renan Calheiros, que ocupa igual cargo en el Senado federal.
El Presidente de la República en ejercicio, Michel Temer, no sólo ha sido
acusado directamente de corrupción por algunos denunciantes -ya se tramita su
propio juicio político, pero no creo que prospere- sino que, desde que asumiera
hace pocos meses, ha debido pedir la renuncia a varios de sus ministros,
también involucrados en el escándalo. El mismo Lula, quizás el político que
conserva, individualmente, la mejor imagen pública, siente al tsunami mojar sus
zapatos, y es posible que termine con sus huesos en prisión.
La clase política,
corporativamente, ha decidido poner fin a las investigaciones judiciales, y ya
tiene media sanción un proyecto de ley -casi una autoamnistía- que así lo
ordena. Su repercusión en la sociedad fue inmediata, y fuertes cacerolazos resonaron
en la noche del miércoles en muchas grandes ciudades de nuestro vecino. Los
fiscales, por su parte, han solicitado al Poder Judicial que declare la
inconstitucionalidad de la eventual ley, lo cual generará un conflicto
institucional de proporciones homéricas.
El Juez Moro se ha
transformado en la gran figura de Brasil y, si presentara su candidatura para
algún cargo, sería elegido por un amplísimo margen; por ahora, ha manifestado
que quiere seguir con su función hasta terminar la tarea purificadora que ha
emprendido. La incógnita está centrada en hasta dónde podrá avanzar porque, se
dice, sus investigaciones alcanzan también a varios ministros del Supremo
Tribunal Federal.
Todo ha sucedido
mientras Brasil cae en la mayor recesión de su historia y, si no fuera porque
se trata de la mayor economía de América del Sur, y la séptima del mundo, toda
la región podría sentarse a contemplar el proceso y sus derivaciones por
televisión, pero sucede que es el más importante socio comercial que todos
tenemos, en especial la Argentina y, cuando el gigante se resfría, cogemos una
pulmonía.
Ignoro qué sucederá
aquí con las innumerables causas por corrupción abiertas contra Cristina Elizabet
Fernández, sus hijos, sus funcionarios, testaferros, empresarios y cómplices de
toda laya -¡hasta actores de cine y telenovelas!- que integran la asociación
ilícita que la ex Presidente encabezara, pero resulta claro que los únicos tres
que se encuentran efectivamente en prisión -Báez, Jaime, López- lo están por
sus propias torpezas y no porque el brazo de la Justicia haya ido a buscarlos;
si no fuera por los videos de La Rosadita y las decenas de estancias, la
obscena exhibición de barcos y aviones o el revoleo de bolsos en raros
conventos, los Tribunales no tendrían resultados que mostrar.
Mientras,
delincuentes emblemáticos como Boudou, Scioli, De Vido, Uberti, Parrilli,
Esteche, D'Elía, Bonafini, Shocklender, Daura, Milani, Moreno, Anímal, Máximo y
Florencia, Berni, Capaccioli, los Zacarías y muchos más continúan en libertad,
disfrutando de sus fortunas mal habidas, entorpeciendo los procesos, riéndose
en la cara de sus víctimas y poniendo en peligro las pruebas, sin que a los
jueces de Comodoro Py parezca importarles. No sugiero linchamientos, pero sí
que se les aplique la prisión preventiva, ineludible en estos casos.
Sin embargo, el
próximo 19 de diciembre será una bisagra, ya que la Sala I de la Cámara de
Casación ha convocado a todas las partes a una audiencia, fruto de la cual
resolverá si la causa por la denuncia del asesinado Fiscal Nisman es reabierta
o terminará juntando polvo, para siempre, en los archivos judiciales.
Comparecerán ante los magistrados el Fiscal General De Luca -que ya ha
desistido de los recursos que formulara su colega Moldes contra los reiterados
fallos del Juez Rafecas, quitando al proceso el impulso estatal- y la DAIA, que
quiere ser querellante para revivirlo.
Esa absurda
corporación de jueces (por ejemplo, la Juez Figueroa, de la Sala I) y fiscales
(entre otros, De Luca) autodenominada Justicia Legítima -quienes no la
integran, ¿son entonces ilegítimos?- está luchando denodadamente para mantener
el escudo que, desde que la causa por el memorándum firmado con Irán se
iniciara, protege a Cristina, su ex Canciller Timerman y varios más de las
acusaciones por traición a la patria, encubrimiento del terrorismo y otros
delitos menores. La agrupación pretende ahora desplazar a los jueces Hornos y
Borinsky, integrantes de la misma Sala, y reemplazarlos por otros que confirmen
los fallos dictados por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por ese otro
par de angelitos que son los jueces Ballestero y Freiler, éste con sus propias
denuncias por enriquecimiento ilícito, producto de la fortuna que detenta,
amasada durante la década robada.
Será un día
trascendental porque, si el proceso se reabriera significará que el huracán que
se acerca ha sido percibido en su gravedad y los vientos de purificación habrán
llegado para quedarse; en caso contrario, no sólo quedará garantizada la
impunidad para los más terribles delitos sino que la sociedad entera, a la cual
se le está exigiendo aceptar un presente de sangre, sudor y lágrimas en pos de
un mejor futuro, pedirá a todos, todos,
los poderes del Estado cuentas por su proceder y, una vez más, cualquier
atisbo de gobernabilidad habrá saltado por los aires.
Bs.As., 3 Dic 16
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
