Este año, la
Argentina ha reafirmado su compromiso con la Corte Penal Internacional de La
Haya mediante la aprobación en el Congreso de las enmiendas de Kampala. El
punto más importante de estas reformas es que se otorga a la Corte Penal
Internacional la posibilidad de investigar y juzgar agresiones entre Estados.
Dicho de forma más llana: si un país agrede a otro, la Corte Internacional
tendrá la facultad de investigar a los agresores y establecer sanciones.
La aprobación de las
enmiendas, que fue una iniciativa de la canciller Susana Malcorra y del
ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, no es la única acción
que impulsa el Gobierno nacional respecto a la Corte. También se ha firmado un
acuerdo de colaboración para la protección de testigos que brinda a la Corte un
aporte concreto y necesario.
Asimismo, el jueves
pasado se realizó un seminario de capacitación sobre el sistema de justicia
penal internacional creado por el Estatuto de Roma destinado a legisladores,
jueces, fiscales y funcionarios. Allí se explicó el funcionamiento de la Corte
Penal Internacional y el modo en que los Estados pueden colaborar para que su
funcionamiento adquiera una relevancia internacional mayor y así terminar con
la impunidad de quienes cometen los peores crímenes.
El conjunto de
acciones referidas a la Corte Penal Internacional forma parte de la reinserción
de la Argentina en el mundo. Debe destacarse que el apoyo de nuestro país llega
en un momento delicado para este importante tribunal internacional, ya que en
2016 Rusia ha tomado distancia de la Corte, y también se han retirado de ella
Sudáfrica, Gambia y Burundi.
¿Por qué es relevante
mantener la apuesta por La Haya? La Corte Penal Internacional juzga crímenes de
guerra, agresión internacional, genocidios y lesa humanidad. Para la Argentina,
este tipo de juicios tiene un impacto cultural y estratégico muy grande. En lo
cultural, el apoyo al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad reafirma el
compromiso con los derechos humanos que nuestro país ha asumido desde la vuelta
de la democracia.
En lo estratégico, el
apoyo en este momento crucial ubica a la Argentina como una referencia para la
Corte Penal Internacional tanto en Latinoamérica como entre los países
emergentes. El liderazgo de nuestro país es relevante para brindar un sostén a
la Corte en la región y en el hemisferio. En un mundo globalizado y con
escenarios de conflictos por los recursos naturales, no es menor que la
Argentina afiance su relación con una organización encargada de defender a
quienes reciben agresiones.
La presencia en La
Haya también tiene un contenido positivo para la política nacional. De la
última visita a la Corte participaron tanto representantes del Gobierno como
miembros de la oposición, como la diputada Margarita Stolbizer, presidente de
Parlamentarios para la Acción Global (PGA). Esta es otra señal importante de la
disposición al diálogo y a la construcción de políticas de Estado que presentan
en la actualidad tanto el Gobierno nacional como los representantes de otros
espacios políticos relevantes. De este modo, Argentina reafirma su compromiso
internacional y su solidaridad con las víctimas de los más graves crímenes
contra la humanidad que se cometen en todo el mundo.
Aníbal
Guevara y Ricardo Mikulan, de Puentes para la Legalidad, son hijo y nieto de
oficiales detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La
organización fue creada para lograr que se respeten los derechos humanos de sus
familiares que "son violados por los
mismos jueces y fiscales" que intervienen en los juicios. No piden
amnistía ni decretos especiales, solo igualdad ante la ley.
"La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) actuó con celeridad en el caso de Milagro Sala, pero mi padre
está con prisión preventiva desde hace diez años y todavía no pudo analizar el
caso", dijo Guevara en el piso de
InfobaeTV, dejando en evidencia la doble vara de la CIDH para medir los casos o
intervenir en los mismos, según de quien se trate.
A
continuación, la entrevista:
— Ustedes vienen bregando por el respeto a los
derechos humanos de sus familiares que están presos por delitos de lesa
humanidad. ¿Cómo es el caso de tu padre?
—
AG: Mi padre Aníbal Guevara está procesado, tiene condena en primera instancia,
no tiene condena firme. Está preso desde 10 años sin condena firme en distintas
condiciones de detención, hace 6 años que está en cárceles comunes.
— ¿Y el caso de tu abuelo cómo es?
—
RM: Mi abuelo Cayetano Fiorini falleció el 19 de setiembre último en el
contexto de la mega causa III que transcurría en Santiago del Estero, con un
fuerte deterioro de su salud en el último mes de vida como producto de los
tironeos y manoseos judiciales. El tenía un cáncer totalmente manejado y un
aneurisma a la altura del abdomen, que podía explotar en cualquier momento y
morir. Una de las últimas juntas médicas que le planificaron, los médicos
cuando lo vieron llegar dijeron que era un riesgo haberlo trasladado así. Está
certificado. Lo trasladaron en un móvil del Servicio Penitenciario, esposado y
sentado. Y ni hablar de la situación de stress que tuvo 10 días antes cuando le
extirparon un riñón cuando una patrulla le toca el timbre a la una y media de
la mañana para decirle a los 86 años que se vuelva a la cárcel de Santiago del
Estero, a pesar de que tenía prisión domiciliaria en firme.
— ¿Por qué no nos hablan de la organización que
integran?
—
AG: Puentes para la Legalidad es una asociación de hijos y nietos de imputados
en causas de lesa humanidad que nos juntamos ya hace muchos años cuando
empezamos a notar que en los procesos que nuestros padres y abuelos eran
sometidos tenían muchas irregularidades en el proceso penal y violaciones a los
derechos humanos.
— ¿A quiénes representan?
—
RM: Tenemos alrededor de 2400 imputaciones, son más de 2100 las personas que
están perjudicadas en estos procesos, 1100 de esas personas están cumpliendo
detención en una cárcel o domiciliaria, la gran mayoría de ellos lleva más de
cinco años en promedio en detención preventiva, que es un exceso entre dos y
tres años en el límite que pone la ley 24390, que dice que el máximo que puede
estar esperando una persona son dos años, o máximo tres años.
—
AG: Hay casos que han llegado hasta 14 años de prisión preventiva. Solo 54 o 55
del total de casi 2200 personas tiene condena firme. Mi viejo tenía en el
momento de los hechos por el cual fue acusado 24 años de edad, más allá de su
bajo nivel jerárquico de responsabilidad no le probaron participación en delito
alguno, más allá de dos testigos que dicen que él los detuvo de día, de
uniforme, labrando actas, informándoles a los familiares dónde quedaban
detenidos, que eran los calabozos de tribunales de San Rafael. Y por eso salió
con una condena a cadena perpetua, que es más grande que la condena al
brigadier Agosti en el Juicio a las Juntas que tenía la responsabilidad en un
33 por ciento de haber dado el golpe militar.
— ¿El caso de tu abuelo cómo es?
—
RM: El era el segundo jefe del Batallón 141 de Santiago del Estero. Lo acusaron
de ser parte de una asociación ilícita y lo acusaron de ser autor mediato de la
desaparición de 45 personas. Lo que decían los jueces es que no podían no haber
sabido lo que estaba sucediendo, no hay sustento probatorio concreto.
— ¿Ustedes dirían que el tratamiento legal es
distinto al habitual del código penal?
—
AG: tanto es así que en Tribunales circulan los expedientes con un sello rojo
que dice "Derechos Humanos" no vaya a ser que el funcionario que lo
agarre se vaya a confundir y lo trate como un expediente normal. Van
señalizados con un sello rojo.
—
Ahora, ustedes hablan de casos de más de 10 años de prisión preventiva.
¿Hicieron alguna presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
—
AG: Sí, desde que tenemos personería jurídica como Puentes para la Legalidad
solicitamos un pedido de audiencia temática ante la CIDH. Como nosotros
denunciamos que este es un estado de situación general, no errores puntuales de
la justicia, una forma de accionar discriminatoria contra esta población, para
exponer ante el pleno de la comisión el estado de situación. En junio de este
año también hicimos una denuncia en Washington con 8 o 10 casos testigos y 80
que adherían a esta denuncia, porque hay responsabilidad directa de jueces y
fiscales que desatendieron situaciones de salud muy concretas, como fue el caso
del comisario Juan José Mussere que falleció en su celda a pesar de que tenía
un problema cardíaco claramente documentado.
— Este año vino el comisionado de la CIDH, James
Cavallaro, al país para ver las cárceles. ¿Pudieron reunirse con él?
—
AG: No nos recibió por un problema de agenda porque estuvo poco tiempo y
recorriendo cárceles, pero pudimos conversar con él en el aeropuerto y nos dijo
que la denuncia podía tardar un año como poco. El problema con los avisos que
le hace la CIDH respecto al tema de nuestros viejos, en el Estado no le dan
cauce a nuestras denuncias. Una de las
veces nos mandaron a hablar con el CELS, y nosotros no tenemos llegada al CELS,
hemos intentado reunirnos, pero sin éxito.
—
Me acabo de enterar que hay una declaración "Más 60" de la OEA que
protege los derechos humanos de los presos de más de esa edad, que Argentina
firmó, pero no se respeta en el caso de los padres y abuelos de ustedes.
—
AG: Según la declaración, arriba de los 60 son adultos mayores y tienen
consideraciones especiales en cuanto a sus derechos. Pero volvemos siempre al
mismo lugar, primero al prejuicio de lo que significan simbólicamente nuestros
padres y abuelos. La gran mayoría de los presos, la promoción que más presos
tiene de oficiales del ejército es la de mi padre, que tenían veintipico de
años en aquélla época. Son los que menos responsabilidades tenían y tampoco
pueden pedir prisión domiciliaria porque tienen bastante menos de 70 años. Y
los que tienen más de 70 años creo que hay más de 200 que están en las
cárceles.
—
RM: Alrededor de 600, la mitad de los presos mayores de 65 años en penales de
Argentina, son por causas de lesa humanidad están presos en cárceles comunes.
—
AG: Debería ser automático, y lo es, salvo en los casos de lesa humanidad.
Eugenio Zaffaroni dice en su doctrina que donde dice "puede" debe
leerse "debe", porque no puede quedar en la antipatía del juez, pero
en ningún caso de lesa humanidad falló de acuerdo a su propia doctrina.
—
RM: el espíritu de la ley es que la pena no se vuelva más mortificante de lo
que es la privación de la libertad. El PAMI no habilitaría ninguna de las
cárceles del país si se aplicasen los mismos requisitos que un hogar de
ancianos, rampas, dietas especiales, asistentes, espacios para rehabitación
kinesiológica.
— ¿Consideran que hay discrecionalidad de parte de
la OEA y la CIDH entre el caso de sus familiares y el de Milagro Sala, donde se
pronunciaron incluso antes de constatar sus condiciones de detención?
—
AG: Hay un tabú con respecto a las causas de lesa humanidad. Hay una cierta
flexibilidad moral para pedir por los derechos humanos en la gente que creemos
que piensa más o menos como nosotros y cuando de verdad se ponen en juego los
derechos humanos es cuando creemos que piensa muy distinto a nosotros. Nuestros
padres son un símbolo y nadie se anima a pedir por sus derechos y nadie se
anima a reclamar como en el caso de Milagro Sala. Consideramos que su detención
esté ajustada a derecho. Sabemos lo que es pasar muchos años en prisión
injustificada y sabemos lo que es estar sometido a un poder inmenso del Estado
y no poder acudir a nadie porque, en nuestro caso, son los jueces y los
fiscales los que violan esos derechos.
— Si ustedes le pudieran pedir algo a los
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ¿qué les pedirían?
—
RM: Nosotros tenemos cuatro pilares como ONG. En primer lugar el tratamiento
igualitario de la ley para todos, que haya jueces independientes, que los
procesos sean legales e imparciales, que no haya ningún tipo de duda sobre la
conformación del tribunal y los antecedentes. Y, por último, que se cumpla la
ley que está. No pedimos ni amnistía ni ningún tipo de decreto, ni nada nuevo.
Solo que se respete la ley, la Constitución, las reglas Mandela, los derechos
humanos.
—
AG: que no haya detenidos sin pruebas, que no haya ninguna violación a los
derechos humanos ni para nosotros ni para ningún preso en la Argentina.
El fiscal José María
Campagnoli se refirió en durísimos términos a la figura de la ex Presidente
Cristina Kirchner.
Invitado al programa
de Luís Novaresio, el fiscal tuvo que responder que sensaciones tenía cuando le
mostraban el monitor algunas imágenes. Y cuando vio la foto de Cristina
Kirchner se encendió.
Dijo el fiscal “Una hipócrita. Por qué yo toda la vida
trabajé en la función pública, me considero un servidor público. No me quejo,
tengo mi casa, todavía estoy pagando la hipoteca, tengo mi auto que funciona,
voy de vacaciones, no me quejo, pero no soy millonario”.
“A mí la gente que
dice que trabaja para los pobres, o dice que se preocupa de los pobres, pero es
multimillonaria, me hace ruido, si siempre estuvo en la función pública. Y si
fue una abogado exitosa como alguna vez escuché en algún reportaje debe ser muy
fácil de demostrar cuales fueron los casos en que intervino y como tuvo la
fortuna que tiene”.
“Yo no dejo de
sorprenderme de los millones de dólares en la caja fuerte de la hija y todo ese
tipo de cuestiones, me parece que es una tomada de pelo a todos los argentinos
que viven de su sueldo, a todos los argentinos que no tienen trabajo, a todos
los que pasan hambre, a todos los que van al supermercado y cada vez está más
difícil”.
“Y
me parece que con una gran hipocresía se dicen muchas cosas y eso me llama la
atención”. Concluyó el fiscal José María Campagnoli.
Se cumplieron 40 años
del atentado terrorista de Montoneros contra la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Defensa. El 15 de diciembre de 1976, la "moral revolucionaria" inculcada desde la conducción
nacional y el aparato de inteligencia de la orga (Firmenich, Vaca Narvaja,
Walsh, Kurlat, Verbitsky, etc.) tuvo un día de gloria: el terrorista José Luis
Dios, sociólogo empleado del organismo, hizo detonar una bomba "vietnamita" durante una
reunión en medio de sus compañeros de trabajo (con los que había compartido
diez años, desde antes de graduarse). La explosión causó la destrucción parcial
del edificio y serios daños materiales en los linderos.
Hubo 15 muertos, 20
heridos graves (amputación traumática por arranque de miembros, graves
quemaduras externas y de vías respiratorias), cortes y laceraciones diversas y
una cantidad indeterminada de heridos menores. Las guardias de emergencia de
los hospitales colapsaron.
Ante la indiferencia
generalizada, instalada por la prédica oficial de 12 años de negacionismo y
ocultamiento de las víctimas causadas por el terrorismo, vimos con dolor cómo,
bajo un paraguas ideológico y revanchista, se aplicaron leyes caprichosa y
retroactivamente para encarcelar a quienes enfrentaron la agresión terrorista,
consagrando la indemnidad de los atacantes. Hoy, con igual dolor y estupor,
vemos que el nombre de este asesino (como el de tantos otros), incluido en los
muros del Parque de la Memoria de Costanera Norte, sigue recibiendo las
visitas, honores y reconocimientos que el protocolo oficial propone a cuanta
autoridad extranjera llega al país.
Desde AfaVitA
mantenemos vivo el recuerdo de nuestros muertos, trabajando junto a todo
argentino de buena voluntad que quiera acompañarnos en la búsqueda del futuro
de progreso, en paz y concordia que la Argentina se merece, de una vez por
todas?
Cnl.
(R) Andrés G. Fernández Cendoya
DNI 10.795.796
Presidente de la
Asociación de familiares y amigos de víctimas del terrorismo en la Argentina e
hijo del general (P.M.) Andrés J. Fernández Cendoya, fallecido el 27 de
diciembre de 1976 como consecuencia de las graves quemaduras provocadas por el
atentado del 15 de diciembre de ese año.
"Que
gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan
no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo". Joaquín
Sabina
El Gobierno, me
parece, está pecando de innecesaria humildad. Se niega a contarnos qué han
significado, en especial para el interior del país, algunos de sus más
importantes logros. Así, no habla de la grandiosa recuperación de la industria
metalmecánica, del record en el área sembrada, de la sideral cosecha que se
espera y del gigantesco ingreso de divisas genuinas que traerá aparejado, de la
recuperación de los valores de tierras e inmuebles, de la sorprendente venta de
tantas camionetas para el trabajo, de la prosperidad que se palpa en los
pueblos y ciudades que dependen del campo, etc., y se concentra en las malas
noticias que la economía produce todavía, ampliadas por las voces opositoras y
por los caraduras del "círculo
rojo" empresarial, que aún se niegan a invertir y apostar por el país,
mientras continúan reclamando mayores protecciones aduaneras.
Estamos a dos
semanas, casi los minutos finales, de un año que fue para los argentinos en
general, incluyendo al Gobierno, muy complicado; al respecto, pongo a su
disposición un trabajo del Dr. Juan Carlos Sánchez Arnau, titulado "La pobreza en Argentina 2016",
por su esencial contribución al análisis del tema. Y, hasta que llegue el
pitido final de este primer tiempo, aún es posible que se complique todavía más
por obra y gracia de algunos salvajes kirchneristas que, mientras son alimentados
con dinero del Estado, siguen ilusionados con obligar a Mauricio Macri a
renunciar y huir en un helicóptero. Destaco que el Partido Justicialista no
comparte ese interés por desestabilizarlo, tal vez porque por el momento carece
de alguien capaz de constituirse en su único líder o nuevo macho alfa.
Ahora bien, si los
ministerios de Seguridad y las distintas policías, que cuentan además con un
-aunque viejo- extenso informe que había preparado el Gral. Milani, ahora
procesado por enriquecimiento ilícito, para Daniel Scioli cuando éste era
candidato a Presidente, sigo sin entender por qué ya no están presos quienes
instigan públicamente a saquear comercios en el Conurbano, puesto que esa
conducta constituye en sí misma un delito, con prescindencia de que no
encuentren un clima propicio para tales desbarajustes. A esta hora, ya deberían
estar tras las rejas personajes como Fernando Esteche, Luis D'Elía, Hebe de
Bonafini, algunos ex intendentes de las zonas conflictivas y, posiblemente,
algunos en actividad.
También podría
contribuir a generar situaciones incómodas el trámite en el Congreso de la
modificación del mal llamado impuesto a las ganancias (debiera ser "a los ingresos", como en el
resto del mundo). Desde hace décadas, este tributo, el más justo y redistributivo
de todos, se transformó en un dislate, pero el kirchnerismo lo convirtió,
durante sus doce años en la Casa Rosada, en un verdadero calvario para los
trabajadores registrados: al negarse a ajustar su base imponible -mínimo no
imponible, otro error de nombre- al ritmo de la inflación galopante,
prácticamente no dejó a nadie exento. Pero, si la CGT, tal como amenazan las
ramas del transporte, decidiera realizar un improbable paro general para
reclamar la sanción, seguramente no haría una contribución a la paz social.
El Gobierno logró en
ese debate indudables pero fugaces triunfos: consiguió que Sergio Massa quedara
pegado a los personajes más denostados de la anterior administración (Kiciloff,
Recalde, etc.), el ex Ministro de Economía debió confesar que había cometido un
sideral error en el cálculo del impacto fiscal del proyecto que tiene media
sanción de Diputados y, al introducir la posibilidad de no vetar la ley si
fuera sancionada así, obtuvo el apoyo de gran cantidad de gobernadores, todos
peronistas, para evitarlo. En el balance final, dentro de la interna del PJ, el
mayor beneficiado fue el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuya
conducta se constituyó en la mayor muestra de racionalidad.
Pero ese éxito deberá
ser rápidamente olvidado, ya que necesitará volver a negociar con el Frente
Reciclador (¡genial definición de Fernando Iglesias!) para obtener las leyes
que necesita; aunque triunfara en las elecciones legislativas del año próximo,
Cambiemos no obtendrá la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso. De
todas maneras, no olvidemos que la negociación es la base fundamental de la
democracia.
Los velos que
menciona el título de esta nota se refieren a los de la corrupción que, aquí y
en varios otros países de la región, fueron cayendo desde que comenzó el año y
expusieron ese rasgo esencial del populismo criminal. No fue una casualidad que
nuestra emperatriz patagónica se reuniera esta semana, en San Pablo, con Luiz
Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ya que la cabeza del PT está ya en el
ojo de la tormenta desatada por las investigaciones de la justicia brasileña
sobre las coimas que, desde las empresas públicas y privadas, fueron pagadas a
políticos de todos los partidos. Es claro que los tres están buscando armar, desde
el llano, un escudo protector y venderlo a las izquierdas mundiales de
escritorio para mantenerse fuera de la cárcel, disfrazados de víctimas del
imperio, como hacen con Milagro Salas; cuentan, sin duda, con la colaboración
de otros próceres de ese siniestro relato: Correa, en Ecuador; Morales, en
Bolivia; Ortega, en Nicaragua; y el inefable Maduro, en Venezuela.
Que no se hayan
sumado Bachelet (Chile), Castro (Cuba) ni Temer (Brasil) habla de los problemas
que este trío padece. La primera afronta un clima sumamente adverso, derivado
del negociado de su nuera y su hijo; el gerente caribeño, aún de duelo, pisa
con cuidado los huevos del descongelamiento operado por Obama y las amenazas
latentes surgidas con el triunfo de Trump; y el propio Presidente en ejercicio
está inmerso en la peor crisis política que recuerde la historia verde-amarela,
a la cual se suma la fuerte recesión que golpea a su economía, que repercute
negativamente sobre el resto de los países. Ninguno, entonces, tiene tiempo, ni
ganas de acompañar la aventura de los ladrones que ya están en el llano.
El próximo lunes 19
será para sacar balcones, puesto que se celebrará en la Sala I de la Cámara de
Casación (Figueroa, Hornos y Borinsky) la audiencia para determinar si se abre,
finalmente, la investigación sobre la denuncia del asesinado Fiscal Nisman
contra Cristina Elizabet Fernández, Héctor Timerman y varios más (entre otros,
nuevamente Esteche y D'Elía) por traición a la patria, encubrimiento al
terrorismo y asociación ilícita. Se presentarán el Fiscal General De Luca, un
conspicuo integrante de "Justicia
Legítima", que pretende cerrar el caso, y la DAIA, que exige la
apertura.
Esta es la causa que
más preocupa a la ex Presidente por su repercusión internacional; por eso, su principal
escudero judicial, Carlos Zannini, desarrolla tantos esfuerzos -y desembolsa
tanto dinero- para impedir que se investigue, después que la cerraran dos
veces, sin siquiera escuchar las miles de horas de grabaciones interceptadas,
el Juez Rafecas y la Sala I (Freiler y Ballesteros) de la Cámara Federal.
La que tiene en sus
manos es mi última nota del año, ya que sólo volveré a escribir a partir del
sábado 7 de enero. Entonces, sólo me cabe desearle, a usted y a los suyos, una
feliz Navidad; o feliz Janucá, si es usted uno de mis muchos amigos judíos.
Sigo siendo optimista, y tengo la certeza de que 2017 será el año de la
recuperación de nuestro querido país, al que tanto hemos maltratado.
Al cumplirse el día
21 de Diciembre del corriente año el 2º mes del fallecimiento de quien fuera el
primer Presidente de la UP - Delegación Mendoza y posterior miembro de la Mesa
de Trabajo de la Organización, Coronel
(R) Julio Celestino Delucchi (Artillería - Promoción 80 - CMN),
conjuntamente con la Asociación Unidad Argentina (AUNAR) invitamos a participar
de la Santa Misa que se celebrará en su memoria.
Lugar:
Iglesia Nuestra señora del Luján Castrense, sita en Avda. Cabildo 425 -
C.A.B.A.
Día
y Hora: Miércoles 21 de Diciembre - 19.00 horas.
Los invitamos a
acompañarnos y solicitamos dar la mayor difusión posible a este mensaje.
A través de la Unión
de Promociones hemos tomado conocimiento que el jueves 15 de Diciembre de 2016,
falleció el señor Coronel (R) Norberto
Ricardo Ferrero (Ingenieros - Promoción 83 - CMN), injustamente detenido
como Preso Político y 84 años de
edad.
Consecuentemente, ya
son 386 (trescientos ochenta y seis)
los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de
este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO
en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en
el ámbito de una justicia prevaricadora.
Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido,
45 (cuarenta y cinco) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de
2015.
Reiteramos nuestra
solicitud a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas
Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a
familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de
todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar,
fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una
justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del
irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua
lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la
reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República,
así lo exige.
Expresamos nuestras
sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos,
rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.
Dadas las avanzadas
edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas
lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra
voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es
su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido
proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por
sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que
después de 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora.
¡BASTA!
