Completaremos
la memoria cuando, sin odios ni hipocresías, superemos las divisiones y
construyamos un futuro sobre la base de la verdad histórica
La decisión, luego
rectificada, de hacer móvil el feriado del 24 de marzo despertó el rechazo de
los organismos de derechos humanos, así como de una franja amplia del espectro
político. También fue criticada por otras entidades y personas, muchas de las cuales
están distantes de las ideas setentistas.
Distintas fracciones
del peronismo, en tanto, aprovecharon esa decisión del Gobierno para atacarlo y
encontrar una oportunidad de convergencia partidaria.
Quienquiera que
revise los archivos de prensa de los días y semanas previos al 24 de marzo de
1976 podrá hacerse una composición objetiva del marco social, político y
económico de aquel momento. En marzo de
1976 se había llegado a un verdadero vacío de poder frente a una situación
caótica. El peronismo descartaba el juicio político a la presidenta y
carecía de capacidad y programa para apoyarla o sustituirla. Incluso en la
oposición reconocían no tener soluciones. El
terrorismo montonero y del ERP producía víctimas, atacaba cuarteles y asesinaba
a policías y civiles.
Poco antes de morir, Juan Perón había consentido de hecho
formas de represión ilegales y su sucesora firmó un decreto que ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar la acción
subversiva. Alrededor de 900 desapariciones fueron anteriores al 24 de marzo
de 1976.
La
ocupación del gobierno por las fuerzas armadas contó con un amplio consenso de
la sociedad, como lo evaluaron en ese momento casi todos los analistas locales
y del exterior. La Justicia ya se ha expedido
debidamente sobre los orígenes y características del golpe de Estado. Pero la misma Justicia no se ha ocupado hasta el momento de investigar y
sancionar a los responsables de la acción de los movimientos guerrilleros,
quedando así incompleta no sólo la reconstrucción de la verdad histórica, sino
también la sanción penal a todos los responsables.
Los
setenta deben juzgarse con la historia y la memoria completas, que es
exactamente la contracara del relato kirchnerista
durante más de una década, sobre todo en su política de derechos humanos. Los avances anteriores hacia la
pacificación y reconciliación fueron retrocedidos y la Justicia, con pocas
excepciones, actuó con parcialidad, tanto sobre militares como sobre policías y
civiles. Otra vez la contradicción: el carácter de lesa humanidad no se
aplicó a los crímenes de las organizaciones armadas, una asimetría que
contradice la jurisprudencia internacional.
Es innegable que hubo
excesos y crímenes inaceptables de ambos lados, pero no existe una sola razón
para que no se juzgue a las organizaciones terroristas, que fueron las
iniciadoras del sangriento conflicto. Debe
recordarse que el gobierno de Héctor Cámpora, fuertemente influenciado por las
organizaciones subversivas, desmanteló el fuero judicial penal que juzgaba esos
delitos. Tampoco hay que olvidar que, habiendo sido juzgados y condenados,
luego de ser amnistiados en mayo de 1973, los guerrilleros atacaron físicamente
a jueces y asesinaron al doctor Jorge
Vicente Quiroga.
Las víctimas del
terrorismo, que el Centro de Estudios
Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) identificó en 1355
muertos y 18.300 heridos y afectados, no han recibido reconocimiento ni
indemnizaciones, mientras que sus victimarios y familiares fueron indemnizados
y han ocupado altos cargos oficiales, especialmente durante la administración
precedente. Basta un solo caso para exponer la irracionalidad con la que se
manejaron estas cuestiones. El soldado Luis
Roberto Mayol, uno de los militantes montoneros que en 1974 coparon el
Regimiento de Infantería de Monte de Formosa y asesinaron a 12 camaradas, es recordado con una placa en la
Universidad de Santa Fe que lo reivindica como víctima del terrorismo de Estado.
La institución del 24
de marzo como feriado para conmemorar el Día
de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue una disposición de Néstor Kirchner, quien buscó construir
poder e inmunidad haciendo un uso político de la causa por la defensa de los
derechos humanos.
Quienes hoy critican
al actual gobierno por haber intentado trasladar la fecha de ese recordatorio
nada dijeron cuando el kirchnerismo le adosaba feriados puente convirtiendo el
24 de marzo en un fin de semana largo para promover el turismo.
Como sucedió no hace
mucho con Darío Lopérfido, quien
debió renunciar a un cargo en el gobierno de la ciudad por sus cuestionamientos
al número de desaparecidos, ahora hay quienes reclaman la dimisión del jefe de
la Aduana, Juan José Gómez Centurión,
por haber opinado sobre estos hechos. Podemos estar o no de acuerdo con los
dichos de los demás, lo que no podemos hacer es censurarlos, ser intolerantes.
Todos, funcionarios o no, tenemos el derecho de opinar.
Por lo tanto,
resultan innecesarias las aclaraciones formuladas, entre otros funcionarios,
por el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el sentido de que las declaraciones de Gómez Centurión han sido "a
título personal". Son para destacar, en cambio, las del ministro de
Justicia, Germán Garavano. "Nunca más -expresó- tenemos que vivir
un horror de Estado y nunca más sufrir una dictadura."
En este contexto
deberíamos leer con atención la sugerencia que, entre otros, ha hecho el obispo
de San Francisco, Córdoba, monseñor
Sergio Buenanueva, respecto de si no sería más apropiado conmemorar el 10
de diciembre, "día en el que los
argentinos pronunciamos un sí no sólo a la democracia, sino a todo un modo de
entendernos a nosotros mismos y a nuestra convivencia".
El 10 de diciembre de
cada año, además, se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos, pues recuerda la jornada que, en 1948,
la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la declaración universal sobre esos derechos, que son de
todos.
El papa Francisco, en su visita a
Filadelfia, cuna de la independencia norteamericana, hizo una profunda
reflexión acerca de los pueblos que se empecinan en recordar su pasado, para
poder afrontar con confianza los retos del futuro, y los que lo olvidan
ignorando las consecuencias. "La
memoria -advierte Francisco- salva
el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o
utilizarlo para sus propios intereses."
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
