sábado, 13 de mayo de 2017

CARTA DEL ALMIRANTE (R.E.) ENRIQUE E. MOLINA PICO A LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS


Señores Académicos y Amigos:

Habiendo visto las consecuencias del fallo en los distintos grupos de la sociedad y conociendo en detalle la situación del colectivo integrado por militares, policías, etc. que se encuentra presos, siendo yo a la vez, parte interesada en este problema, pues tengo una gran cantidad de camaradas y amigos, entre ellos tres compañeros de mi promoción que se encuentran en prisión preventiva desde hace seis o siete años y dos más fallecidos en prisión, uno de ellos en circunstancias de negación de atención medica que motivó una denuncia por homicidio contra los jueces actuantes, quiero hacerles llegar mi visión como integrante colateral del grupo afectado.

Importa saber que quienes integran este grupo, se encuentran en una verdadera situación de abandono jurídico-político, pues para las autoridades del Poder Judicial este tema no tiene solución jurídica y por lo tanto la solución debe ser política, mientras que para las autoridades políticas no hay dudas que la solución debe ser jurídica, creándose así una verdadera zona de nadie, una nebulosa de la que emerge una conclusión: "los presos militares, policías, etc. son un problema, pero son un problema de otros y por lo tanto que lo solucionen otros", continuando su lento evolucionar que lleva -y lo digo sin cinismo- a la solución del problema por muerte, pues ya han fallecido 401 prisioneros, el 18,5% del total, de ellos 59 fallecieron en el gobierno del Presidente Macri. En el caso de la Armada fallecieron el 30% de los presos.

En esa quietud del lento desaparecer, el fallo de la Corte -con el que concuerdo, pero para cuyo análisis hay en la Academia voces mucho más autorizadas que la mía- produjo inicialmente una ola de esperanza entre los presos, que se revirtió posteriormente ante una avalancha de opiniones contrarias, fundadas o no, a las que se sumaron las autoridades argentinas con un conjunto de acusaciones y justificaciones cruzadas para no herir la línea de lo "políticamente correcto". Eso me lleva a tratar de comprender el efecto general del fallo más allá de los efectos jurídicos inmediatos, en su incidencia en la vida republicana.

El último fallo de la Corte marca la política.

Si bien, era esperado desde tiempo atrás pues el tema de la aplicación del 2x1 era seguido con atención por algunos grupos de militares presos que podrían llegar a ser sus beneficiarios, la reacción habida, hábilmente dirigida por un grupo ideologizado, ha superado límites que no me hubiese imaginado, logrando el cambio de posiciones públicas de autoridades nacionales, provinciales, y eclesiásticas entre otras, así como así como el establecimiento de una especie de competencia en la que la marca de éxito estaría dada por la gravedad de los denuestos contra los Ministros de la Corte firmantes del voto mayoritario, así como contra los procesados con o sin sentencia.

Como resultado de lo vivido en la semana, tendremos una nueva ley tendiente a limitar la aplicación del 2x1 al grupo militar, la que generará más confusión y violará una vez más el principio constitucional de igualdad ante la ley, apartándonos del camino hacia la Justicia y hacia una posible solución, alejándonos de la deseada estabilidad jurídica. Afirmándose la idea que para los militares no hay justicia, hay venganza.

Quedan por destacar dos aspectos que aunque no están relacionados con el fallo en sí mismo hacen a nuestra vida republicana:

a- El primero, que a mi juicio ha sido una oportunidad perdida para avanzar en el logro de la pacificación del país, pues hubiese sido suficiente que una autoridad nacional hiciese constar la posición del gobierno: "la justicia es independiente y los fallos deben ser cumplidos", pudiendo, o no, agregar, si concordaba o disentía en lo relacionado con el fondo de la cuestión. En lugar de avanzar, se ha generado entre los presos y otros grupos sociales un fuerte sentimiento de sorpresa, traición y desesperanza; a la vez que se han fortalecido las posiciones de los más ideologizados  y revitalizadas sus capacidades de poder.

b- En segundo lugar, creo que la reacción social podría llegar a mostrar, me atrevo a decirlo no siendo en absoluto experto en la materia, un grado de histeria colectiva e hipocresía tal que asombra y que quizás merezca un estudio específico pues podría permitir la adopción en tiempo record de decisiones de gobierno fuera de toda lógica y razonabilidad.

Surgen finalmente dos preguntas que hacen a la esencia del gobierno: ¿Será esto una consecuencia de actuar preferentemente dando prioridad a lo "políticamente correcto" en desmedro de la verdad?, y finalmente comparándonos con el mundo externo: ¿Cómo se relaciona la situación argentina mencionada herencia de los 70 y que nuestro gobierno hace lo imposible por ignorar, con la solución que comienza a aplicarse en Colombia y que fue elogiada en su momento por nuestro mismo gobierno?

Los saluda atentamente.


Enrique E. Molina Pico

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS


DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas ha considerado necesario emitir opinión, tanto sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”, como de sus repercusiones en el plano institucional y político.

El fallo, decidido por el voto mayoritario, se fundamentó en principios constitucionales y en la legislación vigente. Respetó lo dispuesto en el Artículo 2º del Código Penal, el Artículo 9º del Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 15º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna. En este caso fue la ley conocida por “el dos por uno”.

El Código Penal y su  válida interpretación en el dictado del fallo, dice que ese beneficio es aplicable a todos los delitos, sin exclusión. La  sanción posterior de una nueva ley interpretativa para excluir de su alcance ciertas causalidades, implicó el reconocimiento  que fue correcta la interpretación jurídica del voto mayoritario de la Corte.

La sanción de leyes de modo apresurado, no es una buena práctica legislativa y mucho menos en temas de carácter penal.

Además de dejar sentada nuestra opinión en el plano jurídico y constitucional, consideramos necesario llamar la atención sobre la  deplorable ausencia de respeto por la independencia y división de poderes observada como consecuencia de este caso. Ese respeto hace a la esencia de nuestra República y del Estado de Derecho.

Se han visto desde altisonantes condenas al fallo por parte de legisladores, políticos, y miembros del propio gobierno, hasta pedidos de juicio político, denuncias admitidas por fiscales presurosos y declaraciones de inconstitucionalidad de otros tribunales.

En una sociedad libre todo ciudadano puede expresar su opinión y unirse en concentraciones callejeras si así lo desea, pero sí debemos manifestar nuestra extrema preocupación al observar que quienes tienen responsabilidades institucionales desconozcan la independencia y separación de poderes y rechacen un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Gregorio Badeni
María Teresa Carballo
Académico Secretario
Académica Presidente

CARTAS DE LECTORES


CORRECCIÓN POLÍTICA

Con relación al "dos por uno" y los acusados por crímenes de lesa humanidad, puede decirse que funcionarios, políticos, periodistas y militantes de derechos humanos y organizaciones de izquierda hacen oídos sordos a la Constitución y las leyes. Las coaliciones políticas en la Argentina siempre han coqueteado con la izquierda o han sido funcionales a ella, con la ingenua esperanza de obtener sus votos, cuando está históricamente demostrado que nunca la izquierda se los cedió y al contrario fueron siempre una salvaje oposición. Lo lamentable es que funcionarios y políticos que deberían encolumnarse detrás de la ley hacen propios los slogans de las organizaciones de DD.HH. y repiten términos instalados por estos organismos como verdad irrefutable. Hablar de genocidio es una vil mentira, los números no les cierran y su definición menos, el Estado no comete terrorismo ya que legalmente utiliza sus medios, que son los de la sociedad. Los desaparecidos fueron 6400 según figura en los archivos de la Secretaría de DD.HH. y en las investigaciones que se han hecho. Y aquí si hubo un guerra revolucionaria iniciada por organizaciones marxistas que respondían a Cuba y de esa forma lo expresa la Justicia en el juicio a los comandantes iniciado en 1983 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La gente común se refleja en sus dirigentes, los cuales tienen la obligación de moverse dentro de la ley y no por simpatías políticas y menos ordenar por ley, como en la provincia de Buenos Aires, en temas que afectan directamente a la libertad. Nuestros políticos deberían gobernar para las mayorías silenciosas y no para las minorías ruidosas, o de última para todos. Lamentablemente también siguen sumándose héroes de uniforme -que lucharon contra el marxismo, evitando que fuéramos la Cuba sudamericana y cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional- presos; y los combatientes de las organizaciones terroristas pululan por las cámaras y los medios de comunicación como grandes personajes.

Me dijeron que la Argentina es el reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez....

Jorge Gustavo Taboada
DNI 13.505.770

ODIOS INÚTILES

Realmente que hoy sigan buscando la división me angustia. En 1974 fui víctima de un atentado en el que trataron de secuestrar a mi padre, por ser funcionario de una empresa extranjera. Realmente no tengo ningún odio, ni quiero seguir con malignas divisiones. No dudo de que algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuaron muy mal, pero los guerrilleros no se arrepienten de ninguno de sus actos homicidas. Por lo vivido, o juzgamos a todos o perdonamos a todos. No hablemos de la cifra falsa de los treinta mil desaparecidos, ni de las indemnizaciones mal percibidas. Por todo esto hagamos la paz definitiva.

Terminemos con odios inútiles y con pícaros que lucren con los desaparecidos. Vivamos en paz y no repitamos, nunca más, los errores del pasado.

Ernesto Vacarezza
DNI 7.595.105

¿DERECHOS HUMANOS?

Impresiona la tremenda reacción de políticos, jueces, fiscales, y también algunos obispos contra el fallo de la Corte Suprema que aplicó una ley (la denominada "dos por uno") que era y es claramente aplicable, tal como ha explicado LA NACION y también algunos juristas serios y objetivos. Triste es verlos desesperándose por ser primeros en la foto y en el grito desaforado que clama por unos "derechos humanos" convertidos en religión de conveniencia, mientras rechazan absolutamente lo propiamente humano: razonar. Triste, sobre todo, verlos hacer el juego nuevamente al destructivo izquierdismo kirchnerista, al que el país quiso dar la espalda para siempre hace tan poco tiempo. Todos nuevamente detrás de lo mismo, tal como hicieron durante el gobierno de Néstor Kirchner. Muy triste.

Carlos L. Bosch


RECETA CANÍBAL


"Mientras en la calle imperan el caos, el olvido, la prisa, la guerra contra el pasado y,
sobre todo, está esa gente ilusionada con un cambio, desbordada de júbilo,
diría que hasta muy contenta con lo que confían recibir por su fervorosa credulidad,
sin pensar que pronto les llegarán las exigencias terribles de la fe que ahora profesan".
Leonardo Padura

La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.

Para preparar el adefesio que cocinó por unanimidad -salvo la honrosa y valiente actitud del Diputado Alfredo Olmedo- el ¿Honorable? Congreso de la Nación utilizó varios ingredientes, todos en descomposición, lo cual facilitó la cocción: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Tratado de Roma, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso "2x1" que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.

El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.

Ese principio está consagrado en todas las normas, locales e internacionales, que he mencionado y hasta el ex Juez Eugenio Zaffaroni (de allí la desmemoria, ya que sus votos fueron calcados a lo ahora resuelto por la mayoría de la Corte) lo había respetado en sus fallos. Pero ello no fue óbice para que todos salieran corriendo a criticar a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y hasta llegaron al extremo disparate de denunciarlos penalmente por prevaricato, es decir, por resolver teóricamente en contra de las pruebas de la causa.

Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el "2x1" no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.

Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una "política de Estado" ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó -y muy tuertamente, por cierto- el concepto de "genocidio", descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.

Como dijo nuestra "abogada exitosa" esta semana en Bruselas, "todo tiene que ver con todo" y, precisamente para imponer el concepto de "genocidio", fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.

Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.

Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.

Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?

Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.

Tampoco será menor el costo que pagará Cambiemos por lo sucedido. Con excepción de Lilita Carrió, con su actitud imaginada como "políticamente correcta", que lo llevó a ponerse de sombrero la división de poderes y a descalificar a la Corte, pretende evitar el ataque permanente del kirchnerismo y de la izquierda irracional y, en el camino, recoger algunos imposibles votos de esas procedencias; pero olvida que, desde el lado sensato de la sociedad, que se manifestó en las calles el 1° de abril, se mira con asco este irracional proceder y muchos ciudadanos pensarán seriamente antes de repetir su elección de 2015.

Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La "noble viuda" obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.

Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.

Bs.As., 13 May 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

viernes, 12 de mayo de 2017

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES


La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia adjunta la declaración de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, cuyos claros términos son definitorios  en la interpretación del Fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Muiña”. Carlos Bosch - Secretario. Alberto Solanet- Presidente

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresa su preocupación por el afán expuesto por ciertos sectores de la sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” el 3 de mayo del corriente año.

Reiterando los argumentos vertidos por esta Academia en su dictamen del 7 de diciembre de 2004, ella considera que la aplicación de la ley penal más benigna tal como está regulada en el art. 2° del Código Penal es una garantía constitucional que, por integrar el concepto de ley penal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional, y adecuarse a las prescripciones del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede ser desconocido por una sociedad y su dirigencia si es que aspiran a una convivencia democrática basada sobre la tolerancia, la libertad, la dignidad y el progreso que están plasmadas en el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental.

Esta Academia entiende que el fallo de la Corte se ajustó a una estricta aplicación de la ley conforme a las reglas del Estado de Derecho, con prescindencia de la aceptación o rechazo que pueda merecer su parte dispositiva, inclusive para los jueces del Alto Tribunal que conformaron el voto de la mayoría.

Asimismo, considera que fueron deplorables para la preservación de la institucionalidad republicana ciertas actitudes tales como requerir el juicio político de aquellos jueces por el contenido de una sentencia; la insólita denuncia penal por el delito de prevaricato efectuada por un integrante del Ministerio Público Fiscal que lo descalifica jurídicamente; las manifestaciones efectuadas por algunos jueces provinciales desconociendo que, para la Constitución, la jefatura de la función judicial del gobierno corresponde a una Corte Suprema de Justicia (art. 108); y las audaces declaraciones emitidas por integrantes del Poder Ejecutivo Nacional que, al pretender interferir en el funcionamiento independiente de los jueces, quedan alcanzados por los efectos colaterales de la prohibición establecida para ellos de arrogarse el conocimiento de causas penales o ejercer funciones judiciales (art. 109). Son comportamientos que no se compadecen con aquellos propios de una sociedad cuya cultura cívica está consolidada.

Toda sentencia judicial puede ser objeto de una vehemente discusión y debate, pero sin llegar al extremo de apartarse del cauce constitucional procurando que aquella responda a cierta concepción política y no al mandato de la ley. Semejante actitud fomenta el curso de la desconstitucionalización, deteriora la educación cívica y conduce, inexorablemente, a la sustitución del imperio de la ley por la voluntad de la fuerza irracional. Son fenómenos que esta Academia procura evitar dando cumplimiento a su objetivo estatutario y con el propósito de preservar la sensatez republicana.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017.



Emilio P. Gnecco                         Jorge R. Vanossi
Académico Secretario                      Académico Presidente



ELISA CARRIÓ APOYÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA PARA MAYORES DE 75 AÑOS "HAYAN COMETIDO DELITOS DE LESA HUMANIDAD O NO"

"No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes", dijo la diputada nacional

Elisa Carrió:. Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

"No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes". La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que está "de acuerdo" con que las personas presas mayores de 75[1] años puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria independientemente del tipo de delito que hayan cometido, "hayan cometido delitos de lesa humanidad o no", precisó.

"Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria. No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tengan prisión domiciliaria. No me parece que eso sea humanista. Creo que hay que resolver ese tema", sostuvo.

En diálogo con radio Mitre, la líder de la Coalición Cívica pidió "resolver el derecho a la verdad". Se refirió a "las víctimas civiles de la guerrilla".

"Hay que resolver el derecho a la verdad, ya no a la justicia, porque está prescripto, que tienen muchas muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó", aseguró.




[1] La Ley 26.472, sancionada el 17 de diciembre de 2008 y promulgada de Hecho: el 12 de enero de 2009, dice:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Modifícase el artículo 32 de la Ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:

El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria:

a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;

d) Al interno mayor de setenta (70) años;
Sigue el texto de la ley…

jueves, 11 de mayo de 2017

2015, EL AÑO EN QUE VOTAMOS A KERENSKI


“Traición, señor, es sólo una cuestión de fechas"
Frase de Charles Maurice de Talleyrand al zar Alejandro I

No sé si por liviandad o ignorancia o abrumados por el desquicio que el cambio ha traído a la República son muchos los que son incapaces de dilucidar que en el fondo y aunque a veces se peleen, oposición y oficialismo son el mismo producto de albañal aunque quizás con distinto olor. Todo el estiércol político que inunda las instituciones de la República llevan tatuado en el cerebro la palabra “progres”, donde la única diferencia se da en que unos, los ladrones anteriores con pretensiones de “zurdos” son resentidos de alma y los otros son tilingos con anhelos de creerse nacidos en Recoleta.


Es esa liviandad, ignorancia o abulia, o quizás el miedo a que vuelvan los bárbaros a saquear lo que aún no se han podido robar, lo que a muchos les ha hecho creer que cuando el presidente acompañó a Obama y a Hollande a tirar flores al río lo hacía en plan de excursión dominical y no como gesto político hacia una izquierda vernácula a la que teme con el alma y que lo desprecia profundamente, u olvidar que Gabriela Michetti, la vicepresidente, fue, como senadora, funcional al “emprendimiento inmobiliario” de la madre Bonafini aportando su voto para que la dulce viejita pudiera hacerse con la propiedad de diecisiete hectáreas en plena Avda. del Libertador, o mirar para el costado cuando con su voto se prestó a la payasada del parque de la memoria donde hay 30.000 chapas de las cuales sólo el 24% tienen nombre porque el otro 76% responde a una mentira infame y en las que aquellas que tienen nombre se mezclan en un carnaval mistongo, el nombre de una prestigiosa y difunta jueza que aún no ha devuelto su indemnización de desaparecida junto al de un psicópata como fue Gorriarán Merlo.

No nos confundamos, la murga majadera y descorbatada que hoy manda -¿manda?- en la República son “progres” y como tales tienen, aunque traten de disimularlo, los tics comunes  a estas pandillas de logreros que vienen asolando la República desde 1983: la cobardía, el desprecio por la palabra empeñada, el desconocimiento en función de su propio provecho de la historia reciente y la duplicidad frente a las creencias de la mayoría de los que, equivocados, los votaron.

Tienen, estos tilingos con pretensiones, una innata capacidad para mimetizarse. Con sólo leer las declaraciones, referidas al fallo de la Corte, que una recua de tontos de culo hace -tontos de culo es el mote que los españoles le dan a los estúpidos sin remedio- recua integrada, entre otros, por la inefable Michetti que aprendió temprano que dar lástima reditúa más que el conocimiento, por el jefe de gabinete, por el ministro de “justicia” y por el saltimbanqui mayor, Claudio Avruj, que pidió primero respeto por el fallo de la Corte y luego se desdijo; vemos que en este gobierno todo es en broma cuando no mentira. Desde los cuentos de las tarifas hasta el “vamos a acabar con el curro de los derechos humanos”.

Solo han cambiado  los modales -es que el Newman, el Saint Andrews, el Champa o el Salvador, más algunos otros- te dan una impronta, aunque vengas de un tano albañil, que nunca tendrá una grela de Tolosa por más clases que le dé Andrea del Boca, pero, a más de quince meses del cambio prometido ese es el único cambio del que podemos dar cuenta.

No hoy, hace ya bastante tiempo que se han sacado la careta; cuando la historia reciente se les viene encima llegan a excelsos niveles de necedad y amontonando frases hechas y huecas aluden a “los procesos, de memoria, verdad y justicia” que no son otra cosa que los circos judiciales con que se persigue a quienes combatieron al terrorismo. Su visión de la historia no es muy diferente a la enunciada por las madres y abuelas de terroristas y por los emprendimientos financieros de las “orgas” de derechos humanos. Nada hay de original en ellos, ni siquiera se animan a hacer una concesión a la teoría de los dos demonios esbozada, años atrás, por los “progres” del radicalismo. Para ellos no existieron ni Larrabure ni Ibarzábal ni niños asesinados como María Cristina Viola, Paula Lambruschini o Juan Eduardo Barrios entre otros.

Para ellos, los culpables son, taxativamente, todos aquellos que en la guerra contra la subversión vestían uniformes y que obedecieron el juramento empeñado de defender a la República de la agresión marxista. Cabe acotar, en beneficio de estos vivillos que, como se creen más allá de las ideologías, su estrechez cerebral les impide creer que haya existido una agresión armada marxista, no, para ellos solo fue una algarada de “chicos maravillosos” comprometidos con algo que probablemente ni siquiera ellos, en su ignorancia sepan de que se trataba.

Si esto no fuera doloroso para los que vivimos en carne propia la otra parte de la historia - esa que está prohibido contar- podríamos tratar a estos farabutes como lo que son: incompetentes a los que su carencia moral les impide profundizar cualquier pensamiento más allá de un elemental relato, pero no contentos con eso se acercan a lo cómico cuando dicen que la justicia debe ir a fondo, ¿qué justicia?, ¿la que ya asesinó a 402 militares y policías?, ¿la que demora once meses para autorizar una operación para extirpar un tumor canceroso?. No, estos hace ya tiempo que han elegido los albañales políticos para medrar y, al no haber visto jamás lo que es la payasada institucionalizada de un TOF en funcionamiento han elegido el papel de Pilatos, pero lavándose las manos en agua podrida.

¿Alguien puede en verdad sorprenderse porque el presidente, muy suelto de cuerpo diga, que él siempre estuvo en contra del 2 x 1?, ¿que Rodriguez Larreta diga sin ruborizarse que es hijo de desaparecidos porque al padre lo retuvieron diez días el 24 de marzo?, vamos, acá los estúpidos somos nosotros, nos asqueaba tanto el kirchnerismo que no queríamos ver lo obvio, ¿o nos olvidamos cuando, hace años, el PRO apoyó al montonero Kestelboim como defensor de la ciudad?

Siento una profunda pena por parientes y amigos que se ilusionaron con la idea de que el Pro era un partido que rescataría valores que eran caros para una gran parte de la sociedad, pero la realidad es dolorosa, eso que veían como algo brillante y que les hacía imaginar un futuro mejor no era un oasis al fin de la travesía, sólo era un pozo séptico con azulejos brillantes en lugar de ladrillos.

José Luis Milia