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| Victoria Villarruel
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26 de octubre de 2017
Desde la semana
pasada se celebra en Montevideo el 165° período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se realizaron diversas jornadas
donde se trataron varios de los temas de la agenda de derechos humanos en la
región.
Las sesiones
comenzaron el sábado 21 de octubre con la presentación en sociedad de la nueva
unidad temática de la CIDH sobre memoria, verdad y justicia. El objetivo de
esta unidad dirigida por el ex preso político brasileño Paulo Vannucchi es
atender todo lo referido a crímenes de lesa humanidad, juicios, memoriales
públicos de recordación, reparaciones, impunidad, etcétera. Vannucchi asumió
recientemente esta posición como comisionado de la Comisión Interamericana y
entre sus antecedentes podemos mencionar que es periodista y licenciado en
ciencias políticas, que estuvo preso durante cinco años por integrar
movimientos de izquierda en Brasil y ha sido director de la Fundación Lula, el
think tank del cuestionado ex presidente Lula Da Silva.
Para participar de la
sesión había que inscribirse con más de una semana de antelación.
Consecuentemente, la Asociación Civil que presido, Centro de Estudios Legales
sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que representa a las víctimas del
terrorismo de la República Argentina, se inscribió para presentar sus
sugerencias para el período 2018-2019 ante la Comisión Interamericana, tal como
planteaba la convocatoria. Es que la jornada del 21 de octubre era sumamente
importante para definir los próximos lineamientos de la unidad temática en la
importante cuestión de memoria, verdad y justicia, que como todos sabemos en
Argentina tiene una importancia capital, pese a ser totalmente cooptada como
consigna por sectores de la izquierda.
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Algunas de las víctimas de la bomba puesta por Montoneros en un comedor de la Policía Federal,
atribuida a Jorge Taiana reciente candidato a senador nacional por Unión Ciudadana acompañando a CFK.
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Nuestra asociación
nuclea a las víctimas del terrorismo de los 70, es decir, todos aquellos
ciudadanos que fueron agredidos salvajemente por organizaciones armadas como
Montoneros y el ERP, que hasta el presente no han sido reconocidas en sus
derechos humanos por el Estado argentino ni sus victimarios han respondido por
los crímenes cometidos.
Las víctimas
sufrieron una doble violación de sus derechos humanos. Primero, por parte de
los terroristas que las agredieron y han quedado impunes y, luego, por el
Estado, que les ha denegado con alevosía esos derechos, pese a reconocérselos
arbitrariamente a muchos de sus agresores. Así lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en numerosos
fallos establece que los Estados no sólo violan los derechos humanos por
acción, sino también por omisión, al no hacer todo lo posible para salvaguardar
y proteger tales derechos de su población, lo que en 33 años de democracia no
ha ocurrido con ninguno de los gobiernos democráticos, incluido el presente. Pero, pese a esta situación tan violatoria
de derechos, la Comisión Interamericana no permitió a CELTYV participar en la
sesión del 21 de octubre aduciendo que no había cupo por no haber más plazas
disponibles.
Destacamos que CELTYV
era la única asociación civil de víctimas del terrorismo de toda la región en
presentarse al llamado a audiencia. Ninguna otra asociación similar había
solicitado estar presente en esta unidad temática que las incluye y abarca.
Pero, pese a ser la única voz en un mar de ONG integradas, en varios casos, por
ex terroristas, se impidió el derecho a participar, silenciando la voz de la
sociedad civil que es la principal agredida por el terrorismo, aquí y en
cualquier parte del mundo.
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| Paulo Vannuchi
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Agravó esa censura el
flamante comisionado Vannucchi, cuando en un tuit dijo: "Estamos aquí por
las víctimas de la violencia de Estado y para defender verdad, justicia y
reparación". Como si intentase crear las bases de un nuevo derecho
internacional, por el cual sólo violan los derechos humanos el Estado o sus
agentes, pero si es la población civil
la afectada por organizaciones armadas no estatales, estos crímenes no son
atendidos, ni reparados, ni alcanzados por el accionar de la Comisión
Interamericana.
Se da, así, la
situación de que terroristas montoneros o del ERP que sufrieron violaciones a
sus derechos humanos por parte del Estado son protegidos y reparados en las
resoluciones de la Comisión Interamericana, pero sus víctimas, asesinadas,
secuestradas, heridas incluso durante gobiernos democráticos, no están dentro
de la protección de la CIDH, según el comisionado Vannucchi. Por supuesto, que
hasta un terrorista tiene derechos humanos y el Estado debe respetárselos, pero
la obligación primaria del Estado no es con sus terroristas sino con la
población civil a la que estos agreden. Lamentablemente, como todos sabemos, en
Argentina y en varios países de Latinoamérica es exactamente lo contrario de lo
que sucede.
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| La Comisi{on de la CIDH visita a Milagro Sala |
En resumen, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentablemente se ha tornado, con
los años, en un ámbito donde el pensamiento único, ideologizado y parcial ha
reemplazado el espíritu de los derechos humanos, que es el de abarcar la mayor
cantidad de casos, proteger a todos los ciudadanos y no avalar violaciones de
derechos humanos sea quien fuere el que las cometiese. También se ha prestado a ser órgano de resonancia de casos que la
izquierda defiende encarnizadamente como el de Milagro Sala, que, luego de
montar una estructura delictiva paralela al Estado, es defendida como una
supuesta presa política, cuando todas las acusaciones son por delitos comunes.
O el caso Maldonado, la banalización más escandalosa de una muerte que haya
visto el país en años.
Por ello, ante este
panorama, en el que el ciudadano común no es escuchado, donde sólo hay oídos y
acciones en pro de los organismos de derechos humanos que reclaman derechos
humanos que ya se les han reconocido, dado que gozan y han sido reconocidos en
todos los derechos que como víctimas de abusos del Estado pudiera
corresponderles, recibiendo incluso subsidios estatales de la actual gestión,
ha llegado el momento de plantearse si no hay que denunciar un tratado que no
representa a todos los ciudadanos, que se mueve con parcialidad, cuyos
funcionarios no parecen contar con la sensibilidad suficiente para atender a
todos aquellos con los que no comulgan en lo ideológico y que hoy ha perdido
gran parte del espíritu con el que fue creado en 1959.
Instamos al Estado
argentino, principal responsable de la inequidad que aún sufren las víctimas
del terrorismo, a no profundizar las violaciones a los derechos humanos que
estas sufren y a plantear una clara posición frente a un organismo
supranacional cuyo único objetivo actual es solamente ser contralor del Estado
cuando son causas sensibles para la izquierda, mientras el resto de la
población subsiste como ciudadanos de segunda.
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
