La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos son los organismos con competencia en el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados partes en la convención sobre ese
asunto. La Comisión, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados
Americanos (OEA), concluirá hoy su sesión en Montevideo con la participación de
algunas organizaciones de la sociedad civil y un conjunto de ciudadanos
dispuestos a interactuar en los grupos de discusión a través de los cuales se
canalizan las recomendaciones al organismo para el período 2018-2019, tras las
audiencias públicas enfocadas en los casos de Venezuela, la Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En la consulta
pública realizada el pasado 21 sobre Unidad Temática Memoria, Verdad y
Justicia, cuyo ingreso es libre, sólo limitado por el espacio, participaron
representantes de varios países de la región, así como diversas organizaciones
y organismos de derechos humanos. Los
grupos de trabajo incluyeron a integrantes de dos asociaciones argentinas
dedicadas a defender los derechos humanos y evitar el maltrato de quienes han
sido detenidos en causas de lesa humanidad. Sus
manifestaciones sobre la dura situación de detención de algunos de ellos en
nuestro país fueron interrumpidas por otros concurrentes con sonoros abucheos,
insultos, amenazas y empujones, lo que generó un lamentable clima de violencia
e intolerancia que se salió de cauce, puesto que ninguna autoridad llamó al
orden ni intentó controlar los desbordes.
La
censura de estas voces, tan dignas de expresarse como cualquier otra, se
repitió también por la tarde, tanto que debieron estos participantes retirarse
ante la discriminación de la que eran objeto.
La CIDH debe ser
imparcial por definición; debe respetar el principio de no discriminación y
escuchar a todos quienes pretendan hacerle conocer violaciones de los derechos
humanos en nuestra región. Esto supone
actuar sin arbitrariedades ideológicas. Lo reseñado
impidió la inclusión del tema de las condiciones de detención de los procesados
por causas de lesa humanidad en nuestro país, cuestión que involucra instancias
de posible maltrato a personas de más de 80 años que deben ser también objeto
de tutela por parte del organismo mencionado, respetando las normas y
principios internacionales. Lamentablemente,
la actitud de la CIDH, que no recogió sus testimonios en la audiencia temática,
deja fuera del alcance de su protección a estas víctimas.
La posición actual de
la Comisión mantiene así en el desamparo a las víctimas de los delitos y
violaciones de derechos humanos cometidos por grupos armados distintos de los
Estados que actuaron en conflictos internos durante la década del 70,
imposibilitando de esa manera que las víctimas de esos graves delitos ejerzan
su derecho de acceder a la verdad y a la reparación que en justicia les
corresponde. Preocupa seriamente que un
ámbito privilegiado como el que propone este organismo para el debate y el
tratamiento de cuestiones tan delicadas incurra en estos groseros procederes.
Cabe preguntarse si, de igual forma, la activa participación de la CIDH en
asuntos como la detención de Milagro Sala o el caso Maldonado no son ejemplo
también de una mirada claramente sesgada ideológicamente que vuelve a proponer
que los derechos humanos rijan sólo para algunos.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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