Por Fernando
Gutiérrez
Controversia por caso
Maldonado y reclamos por tierras ancestrales
El caso Santiago
Maldonado está teniendo algunas derivaciones inesperadas. Además de generar la previsible
alarma por una desaparición en democracia y la presunta responsabilidad de la
Gendarmería, y más allá del debate sobre el uso político del asunto, tuvo el
efecto de enfocar la atención de la opinión pública sobre la comunidad mapuche
de la Patagonia.
Maldonado era
simpatizante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace
dos meses solo era conocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut,
Neuquén y Santa Cruz, pero que hoy se transformó en un tema recurrente en los
medios de comunicación y las redes sociales.
En el ojo de la
tormenta, este grupo tiene defensores y detractores. Para algunos, una legítima
forma de organización para defender las reivindicaciones históricas de un
pueblo originario que ha sufrido persecución y despojo durante dos siglos.
Para otros, en
cambio, representa el peligroso embrión de un movimiento autárquico, que no
solo desconoce al Estado argentino sino que hasta quiere menoscabar su
soberanía al formar una especie de enclave. Y que, en su afán reivindicativo,
recurre a métodos violentos, como la extorsión y el sabotaje, incluyendo
agresiones a personas e incendios de propiedades.
Pero el punto menos
conocido, que en estos días está saliendo a luz, es el de una extensa lista de
negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea en forma de pago por
reparación ambiental, por derecho de uso de "tierras ancestrales" o
por la contratación compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones
mapuches han generado ingresos financieros nada despreciables sobre la base del
reconocimiento estatal de su preeminencia histórica.
Su ingreso más
importante está vinculado al petróleo, la principal actividad económica en las
provincias patagónicas. Y, más específicamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada
luego de haber sido vendida al grupo español Repsol en los años 1990.
Las vías por las
cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, básicamente,
tres: los juicios de reparación por daños ambientales, el concepto legal de
"servidumbre" por hacer uso de tierras ancestrales para una actividad
de extracción y la contratación de servicios tercerizados de estas mismas
comunidades.
Por ejemplo, en los
últimos tres años, la comunidad Kaxipayiñ cobró unos US$ 10 millones, al tiempo
que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de daño ambiental en el
yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén.
Aunque la defensa del
medio ambiente es parte central de la retórica de estos grupos mapuches, hay
acusaciones en el sentido de que se trata de un ecologismo impostado, que en
realidad solo es una excusa para obtener ingresos económicos.
Quien hace esta
acusación es principalmente YPF, que refiere que los propios grupos mapuches
han obstaculizado, y en algunos casos, impedido, la aplicación de medidas para
recuperar tierras afectadas por la explotación petrolera.
La acusación de la
empresa es que la organización mapuche presionó para que se contratara los
servicios de una "consultora ambiental" de la propia comunidad, que
ya lleva cobrado más de U$S 500 mil.
La principal queja
alude a la metodología extorsiva y violenta que estas organizaciones utilizan
en su relacionamiento con las empresas de la región.
La contratación de
los servicios de transporte, seguridad, limpieza y supuesta asesoría ambiental
ocurre bajo presión y, por cierto, en contratación directa y sin licitación. En
las ocasiones en que las empresas se han negado a contratar esos servicios, la
respuesta fueron los piquetes, las agresiones a los trabajadores y los cortes
de accesos a las áreas de extracción petrolera.
Abundan en esa zona
las referencias a cómo los líderes de estas comunidades aumentaron en forma
exponencial su patrimonio, al punto que se mueven en lujosas camionetas 4x4 e
incluso hasta compraron caballos de carrera.
Llamativamente, las
acciones conflictivas, que antes se limitaban a la zona de Loma de la Lata,
están ahora también trasladándose a Vaca Muerta, la región en la que hace pocos
años se descubrió un megayacimiento de petróleo y gas no convencional, y que
está en el inicio de su fase de perforación con el costoso método fracking.
Pero no solo el
petróleo fue objeto de la protesta violenta. También se registró una larga
lista de ataques a estancias, en especial a algunas con dueños extranjeros de
alto perfil, como la del grupo italiano Benetton en la provincia de Chubut.
En esos campos,
comprados por grupos extranjeros en los años 1990 y que se dedican
principalmente a la cría de ganado ovino, se registraron agresiones a los
puestos de guardia y ocupaciones ilegales de terrenos.
La argumentación es
que se trata de tierras "ancestrales" que les pertenecen por derecho.
Se estima que las
áreas reclamadas por estos grupos podrían valer más de US$ 150 millones.
Ante la sucesión de
episodios violentos y por la repercusión internacional negativa de estos
hechos, el grupo Benetton está reconsiderando la continuidad de sus negocios en
el país.
Costumbres
argentinas
A nivel mediático los
grupos mapuches corren con cierta ventaja en esta pulseada. Frente a las
grandes corporaciones, la imagen de pequeñas comunidades indígenas que reclaman
por la reparación histórica tras más de un siglo de despojos siempre es
recibida con simpatía por parte de la población.
Sobre todo si esa
población vive en Buenos Aires, alejada de la zona de conflictos cotidianos, y
cultiva un perfil “progresista” que
gusta del revisionismo histórico y considera que episodios como la “Conquista del Desierto” de fines del
siglo XIX es asimilable a un genocidio.
Mientras se
desarrolla ese debate en los círculos intelectuales, los mapuches intentan
reforzar su imagen a nivel mundial. La organización Enlace Mapuche
Internacional anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para acusar al gobierno argentino de
incitación al odio étnico y racial.
La base para esa
denuncia es la insinuación realizada por parte de funcionarios del gobierno
macrista en el sentido de que los mapuches argentinos podrían estar
esponsoreados y financiados por organizaciones internacionales vinculadas a
Gran Bretaña, así como de estar vinculados a actos de terrorismo ocurridos en
territorio chileno.
Lo cierto es que, de
ser ignorados durante décadas, los mapuches pasaron a ocupar un lugar central
en la política y la atención mediática.
De pronto, los
argentinos empezaron a hablar sobre los lonkos, que dirigen a las comunidades
organizadas en lofs y que son invitados a los estudios de televisión. El rating
y la controversia están garantizados, porque los grupos más radicalizados
plantean expresamente su desconocimiento del Estado argentino y reivindican la
lucha armada.
En todo caso, de lo
que no se los puede acusar es de no seguir las más arraigadas costumbres
argentinas: la búsqueda del subsidio continuo por parte del Estado y el uso de
la extorsión para lograr contratos son, desde hace décadas, parte de la cultura
sindical.
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