"Yo
os envío, como ovejas en medio de los lobos".
Mateo 10:16
El Poder Ejecutivo
nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar
la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los
30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte
de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes
reivindican el accionar de los terroristas de los 70's y hasta pretenden
traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.
Para justificar esta
última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de
marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama,
firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas
para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar;
las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos,
intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el
diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro
Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!
Durante dos años, el
Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total
prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa
inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos
militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad,
aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los
espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda
permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y
la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa
inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida
tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos
procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las
cárceles de todo el país.
Pero, en su
inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos
humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el "club del helicóptero" para
continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la
República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini,
quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet
Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta
les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran
pertenecer a toda la ciudadanía.
Pese a que ya había
alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una
política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y
humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo
financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la "desaparición forzada" en
manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago
Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras
acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la
presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva
arma contra las instituciones argentinas.
El nuevo camino que
ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de
los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por
casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral,
tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido
elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las
democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición
temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro,
ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e
internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse
y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la
Gendarmería por su supuesto asesinato.
En este tema en
particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de
Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones
terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su
aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso
para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de
seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno,
porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe
velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.
Esta semana, la CIDH
celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación
de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales
sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de
participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr.
Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la
sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades
del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este
organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la
izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan
tener voz.
Esa actitud, de neto
corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de
Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una
puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro
Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura
sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una
inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la
protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a
aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las
víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente
indemnizados y premiados "jóvenes
idealistas", que asolaron el país hace cuarenta años.
El viernes pasado,
Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso
Maldonado con "fines políticos".
¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a
partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina
deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO,
terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre
nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda
utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para
denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la
Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.
Bs.As., 1 Nov 17
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
