Es necesario poner en
marcha una decena de acciones posibles, articuladas en función del corto,
mediano y largo plazo, para dar un nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas
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| Mauricio Macri durante un acto de las Fuerzas Armadas (NA)
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Tras el triunfo
legislativo, la Administración Macri encaró la segunda parte de su mandato, proponiendo
e impulsando "reformas":
laboral, previsional, tributaria, fiscal. Posiblemente, haya sido una agenda
derivada de las urgencias económicas y ello
llevó a relegar temas trascendentes y de largo plazo, como cultura, ciencia y
tecnología, educación, salud, seguridad y defensa.
Respecto a esta
última área, cuando acababan de presentarse dichas reformas, la desaparición
del submarino ARA San Juan fue un duro y trágico llamado de atención, sobre la
necesidad de emprender una reforma en Defensa.
Planteado el tema, es
conveniente ante todo recordar cuales son los "fines" de la defensa. Son dos y están en la Constitución
Nacional. Una es la defensa de la
soberanía integral de la Nación y la otra la defensa de la Constitución.
(cabe recordar que siempre que un oficial de las Fuerzas Armadas asume un nuevo
cargo o destino jura defenderla).
Definidos los fines
que rigen para cualquier gobierno y cualquier situación, el presidente Mauricio
Macri en los primeros siete meses de gestión fijó públicamente seis misiones
para las Fuerzas Armadas.
El 29 de mayo de
2016, en el Colegio Militar, al conmemorarse el 207 aniversario de la creación
del Ejército fijó públicamente tres de ellas: 1) Ser instrumento de la política exterior. Se entiende por ello
acciones como la participación en las fuerzas multinacionales de paz, la
realización de ejercicios militares con otras naciones, ya sean bilaterales o
multilaterales y en última instancia participar en acciones multinacionales de
Búsqueda y Rescate, como hicieron 18 países con motivo de la desaparición del
Submarino San Juan; 2) La defensa del
Medio Ambiente. Está claro que Argentina es un país con grandes recursos
naturales y que tiene un territorio que, con el mar y la Antártida, se duplica.
Esta defensa no sólo implica la pesca, sino también el subsuelo marítimo, que
comienza a ser explotado como fuente de energía y minería. 3) La lucha contra el terrorismo. El
concepto es la participación en coaliciones globales contra el terrorismo
global, no el rol frente a una eventual insurgencia interna. El tema se
potencia por los desafíos que genera la realización de la Cumbre del G20 en
Argentina.
Un mes más tarde, el
3 de julio, en la Comida de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el Presidente
agregó otras tres: 1) La cooperación en
la seguridad de las fronteras. El concepto es contribuir a atenuar el
problema que genera el uso creciente de las fuerzas de seguridad federales para
enfrentar el crimen en las grandes concentraciones urbanas; 2) La cooperación en la lucha contra la droga.
Se trata de hacerlo en el mismo contexto que se hizo durante el segundo mandato
de Cristina Kirchner, con el despliegue de radares y medios aéreos, en el marco
de los operativos "Fortín"
y "Frontera Norte". 3) La asistencia a emergencia sociales
derivadas de catástrofes. Es quizás la más simple de las seis misiones y la
que se ha cumplido en forma más sistemática y continuada en los últimos dos
años.
Pero estas misiones,
planteadas con claridad y ante la sociedad entre fines de mayo y comienzos de
julio de 2016, no fueron acompañadas de un conjunto articulado de acciones para
alcanzarlas.
La primera sería la
sanción de una Ley de Movilización que permita al Estado movilizar los
recursos, públicos y privados, para enfrentar crisis, ya sean militares o
civiles (sociales, climáticas, etc.) Es
una ley pendiente desde 1988, cuando fue sancionada la Ley de Defensa Nacional
hoy vigente.
Paralelamente, se
hace necesario sancionar una Ley de Reservas, también pendiente desde hace tres
décadas. Hay un proyecto en el Congreso que no ha tenido tratamiento y que
podría tomarse como base para el que se propone. La sustitución del servicio
militar obligatorio por la tropa voluntaria da una gran oportunidad, dado que
se cuenta con casi decenas de miles de hombres que han pasado por el nuevo
sistema en las últimas dos décadas y pasarían a ser la base de las reservas.
La Administración y
articulación de ambos sistemas podría quedar en manos del Ejército y sus
cuarteles convertirse en centros de organización de reservas y de coordinación
de las acciones de movilización.
Pero
la mirada hacia el futuro requiere también de la modificación de una ley y la
reglamentación de otra. La Ley de Personal Militar -que
diseña el plan de carrera de los integrantes de las Fuerzas Armadas- es la
19.101, sancionada en 1971 durante el gobierno de facto de Lanusse, que ha
tenido sucesivas modificaciones, y requiere una actuación completa, más allá de
los cambios introducidos en su decreto reglamentario desde entonces; el
Gobierno ya anunció que ha constituido una Comisión para hacerlo.
Al
mismo tiempo, la ley de Reestructuración Militar 24.848 (también llamada Ley
Jaunarena), sancionada por unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional en
1998, debe ponerse en vigencia, lo que no se ha hecho en sus casi dos décadas
de existencia. Se trata de una buena norma, que pese
a haber transcurrido casi dos décadas de su sanción sigue siendo un instrumento
útil para diseñar el horizonte de la defensa. La mencionada modificación de la
ley de Personal Militar, puede ponerse en el marco de esta ley de
Reestructuración Militar, ya que así lo prevé.
Para completar los
cambios del marco legal es necesario modificar el decreto 727 de 2006, que
introdujo cambios en las reglamentaciones de la ley de defensa (23.554) y de
seguridad interior (24.509). Se hace necesario modificar sus dos artículos que
impide actuar a las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas, como establece
la ley, si no se trata de agresiones de fuerzas regulares de Estados organizados.
Si no se modifica, la cooperación
militar para la Cumbre del G20 se vería complicada.
El tema de los
recursos, como en cualquier política pública, resulta central. En los primeros
meses de 2016 se firmó un acta por la cual se impuso como objetivo equiparar
los salarios de las Fuerzas Armadas con los de las Fuerzas de Seguridad
Federales y "blanquear" los
suplementos que cobra el personal en actividad pero que no son contabilizados
para el retiro futuro. El acta se viene
cumpliendo con demoras y limitaciones y es importante que se lo haga en forma
plena y efectiva.
En cuanto a los
recursos para inversión y reequipamiento, es un tema urgente, como lo subrayó
la tragedia del submarino ARA San Juan. La
Argentina debería destinar el 1,3% del PBI a gasto militar en el corto y
mediano plazo. A dicha cifra puede llegarse en tres años.
La ley de
reestructuración militar 24.848, mencionada precedentemente, contiene
disposiciones que en base una adecuación del coeficiente predeterminado permite
diseñar un horizonte de largo plazo en materia de inversiones. El ex Ministro
de Defensa Ricardo López Murphy ha propuesto que se destina dicha cifra durante
una década, lo que permitiría un reequipamiento adecuado y necesario con un
horizonte de largo plazo.
Potenciar
la actividad, organización y funcionamiento conjunto de las Fuerzas Armadas es
otra prioridad. Entre otras iniciativas, pueden
crearse comandos conjuntos regionales que podrían organizarse en base a las
tres divisiones del Ejército.
Pero ello también
requiere poner en marcha y desarrollar el Comando Conjunto del espacio
marítimo, integrado por el mar argentino. El Comando Aeroespacial, que incluya
el factor satelital y un Comando Conjunto de Cyber Defensa, amenaza creciente
en todo el mundo, en materia de defensa y seguridad. La Armada tendría el mando
en el primero de estos y la Fuerza Aérea del segundo.
La superación de los
conflictos del pasado, implica dejar atrás definidamente, acciones como las
implementadas por el kirchnerismo, que
llegó a impedir ascensos por ser hijo de alguien que prestó servicios durante
el último gobierno militar o buscar sanciones disciplinarias menores a
oficiales superiores de cuando eran jóvenes para impedir sus ascensos.
Potenciar la
capacidad científico-tecnológica en el área de defensa debe ser otra prioridad.
La Argentina anticipó que busca un segundo buque polar, lo que resulta jumental
para afianzar y desarrollar la campaña antártica. Proyectos de largo plazo,
como contar con un rompehielos a propulsión nuclear (como tiene Finlandia),
bien puede entrar en planes que comiencen a discutirse y prepararse.
La vinculación de las
Fuerzas Armadas con los diversos sectores de la vida nacional (universidades,
empresas, sindicatos, etc.) debe ser otra política tendente a contribuir a la
mejor articulación entre civiles y militares.
Por último, potenciar, desarrollar y poner en valor el
progreso intelectual y académico es otra acción relevante. En las últimas
tres décadas, el adiestramiento de personal bajo significamente por la falta de
presupuesto y el material por la escasa inversión ha quedado en muchos rubros
obsoleto. Pero es el campo académico e intelectual donde ha tenido lugar un
progreso notorio. Son muchos más los oficiales superiores, jefes y oficiales
que no sólo tienen título de grado universitario, sino también posgrado en
muchos casos más de uno y no son pocos quienes lo tienen en el exterior. Tanto
el Estado como la sociedad deben utilizar esta capacidad.
En conclusión: una
reforma militar requiere asumir los fines de las Fuerzas Armadas determinados
en la Constitución Nacional y cumplir las misiones fijadas por el Poder
Ejecutivo Nacional. Para ello es necesario poner en marcha una decena de
acciones posibles, articuladas en función del corto, mediano y largo plazo,
para dar una nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas.
