"Me
gusta cuando callas porque estás como ausente,
distante
y dolorosa como si hubieras muerto".
Pablo Neruda
Las confesiones de
Carlos Wagner, Juan Chediak, Claudio Uberti y Ernesto Clarens han dejado en
offside a todos los caraduras arrepentidos que, si bien reconocieron haber
entregado fondos a los Kirchner, los atribuyeron a aportes para las campañas
electorales y no, lisa y llanamente, a coimas. Ya hemos visto, esta semana, a
varios que habían arribado a acuerdos que mitigarían sus penas, volver
corriendo a Comodoro Py para corregir sus declaraciones pues, de comprobarse
que habían mentido, aquéllas se agravarían mucho.
Y el agregado de los
dichos de nuevos choferes y hasta pilotos de avión, que describen una enorme
cantidad de bolsos con dinero, a las pruebas que ya obraban en manos de Claudio
Bonadio y Carlos Stornelli, ratifica que resultará imposible detener el
proceso, aunque haya muchos interesados en hacerlo.
Todos los empresarios
presos o en libertad condicional coincidieron en atribuir esas coimas a la
necesidad de proteger la fuente de trabajo y, en el caso de Paolo Rocca y Luis
Betnaza, de Techint, hasta la seguridad personal de sus empleados que residían
en Venezuela cuando su empresa Sidor fue confiscada por el chavismo. Ante tal
unanimidad, me pregunto desde el absurdo: si en lugar de dólares les hubieran
exigido asesinar, ¿hubieran actuado del mismo modo? Si la respuesta fuera
negativa, implicaría que hay un límite moral insuperable, pero entonces, ¿cómo
calificarían al despojo cometido sobre un país entero? Porque tengámoslo claro:
todos esos sobornos no salieron de los bolsillos de estos falsos "capitanes de la industria",
que también lucraron más, sino que, transformados en enormes sobreprecios, se
pagaron con impuestos y con la miseria de muchos.
Parte de la porquería
cae de lleno sobre el propio edificio de Comodoro Py y la Justicia Federal
Criminal y Correccional que allí se aloja, en especial sobre su menor
jerarquía, los magistrados de Primera Instancia, que son los verdaderos dueños
del "pasa o no pasa" de las
denuncias relacionadas con la corrupción. La confesión del ex-juez Norberto
Oyarbide, y los vínculos políticos y económicos que mantienen con el poder de
turno sus colegas, antiguos y actuales, permiten que la sociedad se pregunte si
debe someterse -con su buen nombre, su libertad y su patrimonio- a un Poder
Judicial ya tan demostradamente venal.
Es cierto que sólo
han transcurrido dieciocho días desde que estalló el escándalo y que ya hay un
montón de imputados, detenidos o no, en la causa judicial, lo cual constituye
un record absoluto, pero no está de más recordar algunos nombres que aún faltan
en ella: ¿cuándo llegarán el Fiscal y el Juez a Máximo y Florencia Kirchner,
Romina y Natalia Mercado, Sergio Berni, Axel Kiciloff, Exequiel Espinosa,
Alberto Fernández, Sergio Massa, Anímal Fernández, Daniel Cameron, Mariano Recalde,
Daniel Scioli, Gildo Insfran, Fernando Espinoza, José Alperovich, Juan Manzur,
Milagro Salas, Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Sergio Shoklender, Jorge
Capitanich, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo de Pedro, Héctor
Icazuriaga, Andrés Larroque, José Ottavis, los hijos de Lázaro Baéz, Hugo
Moyano, Osvaldo Sanfelice, Enrique y Sebastián Ezkenazy? Todos ellos, y tantos
otros cómplices del saqueo, deben dar muchas explicaciones al país.
La jefa de la
asociación ilícita sigue callada frente a la Justicia, y sólo escribe
definiéndose como una perseguida política, mientras el coro de fanáticos
negadores de la realidad, aunque ésta se encuentre demostrada más allá de
cualquier duda, utilizan un mismo argumento: toda la mugre que se destapa a
cada hora es sólo un velo para ocultar la también innegablemente complicada
situación económica. Sin embargo, la grosera magnitud del botín -no hay mayor
en la historia del mundo, en términos tanto absolutos como relativos- es de tal
tamaño que, como dice el título de esta nota, no oculta la crisis sino que la
explica.
Para justificar esa
penosa afirmación pensemos, por ejemplo, en el sistema previsional y en el
monto de las jubilaciones, en los planes y subsidios, en las reservas del Banco
Central, en el 30% de pobres, en escuelas y hospitales, en agua potable y
cloacas, en tarifas de gas y de luz, en la deuda externa, en caminos y ferrocarriles,
en la inflación, etc. Si esos dineros robados o, al menos, gran parte de ellos
volviera a las arcas públicas, otra sería la música con la cual estaría
bailando el Gobierno y también sería otro el impacto de la crisis sobre los más
desprotegidos.
Nuevamente, el
peronismo multicolor y camaleónico, con la excepción de unos pocos senadores
encabezados por Miguel Pichetto, un experto en cálculos, se negó a bajar al
recinto el miércoles para discutir el simbólico allanamiento, con seguridad
infructuoso dado el tiempo transcurrido, solicitado por el Juez de la causa
sobre los domicilios de Cristina Elisabet Fernández, y la sesión se cayó. Esa
posición anticipa qué sucederá cuando llegue al H° Aguantadero de tantos
delincuentes el pedido de desafuero y detención de la ex Presidente, que será
librado contemporáneamente a su nuevo e inminente procesamiento.
Pero la sociedad está
también atenta al trámite del proyecto de ley de extinción de dominio, a punto
tal que ya se está difundiendo, a través de las redes, la convocatoria a una
marcha frente al Palacio Legislativo, convocada para el día martes 21, a las
19:00 hs., para manifestar su repudio ante la demora de más de dos años que el
PJ y el FR, preocupados por los efectos que la norma tendría sobre el
patrimonio de muchos de sus miembros, han logrado imponer, y apoyar el
desafuero de la ex Presidente.
Y no es para menos,
ya que es indispensable recuperar, como dije más arriba, al menos parte de lo
robado, porque sólo así la Argentina podrá salir del marasmo económico y social
en que el kirchnerismo la sumergió y que Cambiemos, con ingenuidad, omitió
explicar claramente en su momento. Si esa devolución a las arcas del Estado no
se produjera, quienes tienen que trabajar más de seis meses por año para pagar
el cúmulo de gabelas que los agobia, producirán una revolución pacífica:
dejarán de pagar sus impuestos; y no sería injustificado que lo hicieran,
puesto que ven diariamente con qué impudicia estos delincuentes se apropiaron
de ellos.
Para buscar la
ubicación de esos fondos, no debería resultar difícil contar con la
colaboración de la Justicia de Estados Unidos para investigar los cientos de
sociedades que, durante la década más infame de la historia, se constituyeron
en Nevada, y de la SEC para bucear en los documentos que presentaron las
empresas argentinas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, ya que
éstas se cuidan muy bien de mentir en sus estados contables. Por ejemplo, y ya
que está saltando la corrupción en la gestión de Mario das Neves, se podría
averiguar cómo consiguió Pan American Energy/British Petroleum extender la
concesión sobre Cerro Dragón.
Para terminar,
felicito a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su oportuna
decisión de recompensar a quien brinde datos que permitan localizar los bienes
provenientes de la corrupción ya que, hasta el jueves por la noche, ya se
habían presentado 500 personas dispuestas a cobrar.
Bs.As., 18 Ago 18
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
