PABLO
VACA
Del
editor al lector
Exfuncionarios
K condenados por corrupción defendidos por los organismos de Derechos Humanos.
Militares detenidos por delitos de lesa humanidad con regalos del Papa. Los
aliados del Presidente que lo ponen en situaciones incómodas.
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| Julio De Vido en su casa: en diciembre le concedieron la prisión domiciliaria. |
Julio De Vido es un preso cómodo. Desde diciembre pasa sus
días de detención domiciliaria en su chacra de Zárate, casi cuatro hectáreas
que incluyen la casa de 600 metros cuadrados en dos plantas, lago, cancha de
fútbol y una enorme pajarera,
auténtico orgullo del propietario, coleccionista de aves. Sin embargo, el
exministro, condenado a cinco años y ocho meses por administración fraudulenta
por la Tragedia de
Once y
con prisión preventiva
también por
administración fraudulenta
en la mina de Río
Turbio, entre otras causas de corrupción
ya elevadas a juicio, acusa a otros de comodidad.
“Están
cómodos con nuestra prisión, se les nota demasiado -lanzó
el lunes por radio, sin disimular su vieja inquina con Alberto-. El
Gobierno tiene toda una estructura de poder que va desde el Presidente hasta los ministros y secretarios. No hay
ninguna inquietud, sacando al subsecretario de Medios (Francisco Meritello),
que se ha preocupado personalmente y ha ido a visitar a los compañeros que
están presos”. El ex planificador durante los 12 años del kirchnerismo defendió
de paso a Amado Boudou,
condenado a cinco años
y diez meses de prisión
por el caso Ciccone y a tres años
por truchar los papeles de un auto.
“Realmente
uno se siente, más que un preso, un
pelotudo -abundó De Vido en un párrafo antológico por los argumentos
utilizados-. Resulta increíble que sigamos presos. Es increíble que habiendo un
gobierno del mismo signo, el vicepresidente esté preso”. En fin.
Entre
“los compañeros que están presos” aparecen notables como D’Elía, condenado a tres
años y nueve meses por la toma de una comisaría en La Boca, y Milagro Sala,
condenada a 13 años por administración fraudulenta. No quedan en claro en
cambio los casos de Ricardo Jaime, acusado
en más de 30 causas y con tres condenas acumuladas, y el del arrepentido
José López, atrapado con las manos revoleando
bolsos con nueve millones de dólares. Tal vez sean difíciles de defender
incluso para De Vido.
De
ellos hablaron
el martes los organismos de Derechos Humanos en la Casa Rosada con su
máxima autoridad. Plantearon lo que plantea el ala dura del kirchnerismo: para
ellos se trata de "presos políticos" porque no tienen sentencia firme
de la Corte y, aunque tengan condena en primera o segunda instancia, deberían
seguir libres hasta que se expida el Tribunal superior. Obligaron así a Alberto
a practicar un arte que bien le sale, el de
la pirueta dialéctica, según se vio cuando al salir del encuentro, Estela
de Carlotto, de Abuelas, dijo que Fernández “no quiere que se diga que él tiene
presos políticos” sino “víctimas de una persecución política”: pese a la
comodidad que le enrostra De Vido, está claro que para el Presidente es un tema
incómodo. Exhibe, como otras cuestiones, el inestable equilibrio que existe entre las distintas corrientes del
Gobierno, empezando por las que encabezan Alberto y Cristina.
No
fueron en estos días las Abuelas y las Madres los únicos aliados que
incomodaron al Presidente meneándole en la cara a ciertos presos: el sábado el Papa les envió rosarios
a más de 50 militares detenidos por delitos de lesa humanidad. El obispo
castrense, Santiago Olivera, difundió el envío. Él le presentó a Francisco en
el Vaticano las siguientes cifras: hasta octubre pasado fueron condenados 983
militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, 847
están aún procesados y 553 murieron en prisión. Hay 93 que llevan más de una década con prisión preventiva sin que
se hayan alzado voces del garantismo en son de queja.
No
es sencillo el tema de los detenidos sin sentencia firme. De hecho, en la
Argentina rige desde marzo la emergencia
penitenciaria por la superpoblación en las cárceles federales. En total,
sumando los establecimientos provinciales, en el país hay casi 64.000 reclusos.
Y un 60% de ellos no tiene condena
definitiva. La inmensa mayoría, además, están hacinados, en prisiones
definidas por la Cámara del Crimen como “no aptas para la condición humana”.
Incómodos, definitivamente, pero sin incomodar tanto como sus colegas militares
y kirchneristas.
