Algo "livianito" para leer en la
playa...
"De
esto no se habla..."
Por Lara Ronín
Impolíticamente
correcta
(Bs. As.)- Pensar la
ESMA de manera diferente al relato oficial parece una tarea que nadie quiere
realizar seriamente, por cierto es más fácil repetir los latiguillos que tan
efectivamente se han impuesto en los medios desde hace más de 30 años.
Sin embargo, indagar
en los hechos, las circunstancias y los intereses que convergieron para que la
ESMA adquiera el estatus que hoy detenta, abre una perspectiva más cercana a
una realidad que se niega sistemáticamente, pero aflora en cuanto se intenta un
análisis más profundo de las vicisitudes acontecidas.
Una de las razones
por la cual es posible tener una perspectiva diferente, se reveló en el segundo
tramo del juicio ESMA y se amplió en el tercero, y es indudablemente una consecuencia
de la política distintiva que llevó adelante la ESMA.
De acuerdo con las
fuentes consultadas y las revelaciones de los debates orales, fueron las
actitudes de dos detenidos provenientes de Montoneros, Alfredo Buzalino y Marta
Álvarez, quienes a mediados de 1976 dieron al jefe del centro, el almirante
Chamorro, los primeros parámetros apropiados para reprimir al terrorismo de
manera eficaz y diferenciada.
Esta práctica, le
permitió a Chamorro, ordenar acciones militares exclusivamente sobre miembros
de la organización Montoneros. Primero Buzzalino
y luego Marta Álvarez de una larga
lista de colaboradores, que alentaron modificaciones tácticas y estratégicas y
favorecieron nuevas modalidades de lucha contra el terrorismo, a las que la
ESMA se adaptó rápidamente buscando minimizar de manera drástica daños a
terceros, tal como lo explicó Chamorro, en una indagatoria en los ’80,
determinado a no afectar a la población civil.
Había nacido el
colaboracionismo, que terminaría transformando a los ex montoneros en agentes
de inteligencia de la marina.
Chamorro encontró la
manera de mantener, dentro de un esquema de colaboración, a un número creciente
de detenidos, sin grandes cuestionamientos por parte de sus superiores, que lo
inspeccionaban de manera regular.
Como todos los
comandantes militares, sabía de la urgencia para controlar la situación de
violencia.
La directiva 01/75
del Consejo de Seguridad establecía: “La
ofensiva deberá Lograr antes de finalizar el año 1975 una disminución notable
del accionar subversivo y transformar a la subversión en un tema de naturaleza
policial para fines de 1976”. Por obvio, ello llevaba implícito acciones
muy cruentas tal como lo había decidido Ítalo
Luder en una reunión reservada mantenida con los Comandantes Militares.
Para Chamorro el
camino de los colaboradores fue la llave para reducir las hostilidades con
claro ahorro en víctimas, personal, tiempo y medios.
La ESMA destinó un
esfuerzo importante para mantener los colaboradores haciéndose cargo de todas
sus necesidades.
La testigo María Eva Bernst de Hansen detenida en
la ESMA a principios de 1978, en su testimonio ante la CONADEP ratificado ante
sede judicial, dijo: “que tiempo antes de
salir (de la ESMA) la dicente, le fue conseguido un trabajo afuera como
encargada de un negocio de venta de calzado, llamado calzados Valeria en una
galería de Villa Ballester, (…) que antes de que fuera a trabajar le compraron
ropa, es decir le dieron plata y la acompañaron a comprar ropa para que pudiera
estar presentable en el trabajo”.
Tales prácticas le
permitieron a la ESMA trabajar de un modo diferente al de la media de otras
unidades militares. El resultado no se hizo esperar, la ESMA comenzó a llegar a
los lugares más secretos de Montoneros, entre los que se encontraba el Área Federal,
verdadero corazón de la Conducción Superior de Montoneros y por ende de la
logística de la organización.
Sin embargo, quedó
aprisionada por su propia y eficaz política. Pues incapaz de otorgar un salvo
conducto efectivo como parte de la negociación con cada colaborador, una parte
importante optó por ubicarlos en el extranjero para su seguridad.
La decisión parecía
razonable, pero no evaluaron las consecuencias de encontrarse con la militancia
de Montoneros y el remanente de la Conducción Nacional de la organización, quienes
los acusaron de traidores.
Durante un tiempo
sobrellevaron el peso de la traición sobre sus hombros, hasta que la conducción
de Montoneros decidió cambiar la estrategia y los acogió para su provecho
político como víctimas de la dictadura, con la finalidad de utilizarlos en
beneficio de sus últimas aventuras militares, la contraofensiva de los años ‘79
y ‘80.
Su primer acto fue
una conferencia de prensa de tres ex colaboradoras de la ESMA, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Alicia Milia de Pirles, en la sede de
la asamblea francesa en París en octubre de 1979, coordinada por la Conducción
Nacional de Montoneros y estructurada por Eduardo
Luis Duhalde en Madrid con la finalidad de ocultar a la opinión pública
europea los ataques a la población civil de la contraofensiva en Buenos Aires,
que victimizaron a los civiles Juan
Aleman, Guillermo Walter Klein y
el empresario de origen suizo, Francisco
Soldati.
Ya en su nuevo rol de
víctimas, los colaboradores no sólo se reivindicaron a sí mismos, extendieron
también el efecto reivindicativo a toda la organización y se convirtieron en
testigos claves y bien dispuestos para la etapa de juicios que abrió el
kirchnerismo.
Esta son algunas de
las fotos de los colaboradores de la ESMA ofrecidas durante los debates orales.
Lo más notable es que los jueces las observaron y pese a estar comprometidos en
las generales de ley por su manifiesta intención punitiva en el resultado del
juicio, los testimonios de los colaboradores al momento de valorar prueba
fueron considerados determinantes para las condenas impuestas. Poco serio.
Qué puede esperarse
de un colaborador con sentimiento de culpa por su condición de traidor a la
militancia que ahora lo convoca a declarar como testigo. ¿Va a declarar la verdad
o responderá a los intereses punitivos de la militancia?
La victimización de
los militantes de montoneros fue acompañada por más de 20 leyes nacionales de
reparación que distribuyeron más de 11.000.000.000 de dólares según un estudio
preliminar y parcial, realizado por una ONG, basado en cifras oficiales, que
llegó a manos del ministro Garavano.
Ello pone en
evidencia en inmenso negocio de los derechos humanos, a lo que se debe agregar
el costo multimillonario de los juicios de “lesa
humanidad”.
Es preocupante que Marcos “Naif”
Peña ignore la falta de seguridad jurídica que constituyen este tipo de
juicios en un país que pretende sentarse en la mesa del G-20. Así como el hecho
de que se mantenga el gasto millonario de estos procesos y se pretenda continuar
invirtiendo en el plan de derechos humanos, que sólo le importa a una minoría,
mientras se pretende hacer economía con los jubilados.
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Defensores De Derechos Humanos de Latinoamérica
