lunes, 18 de noviembre de 2013

EL REY ESTÁ DESNUDO

Queridos amigos:
 

El cuento del rey desnudo refleja en forma de metáfora la actitud adoptada por las personas que se niegan a aceptar la existencia de un hecho obvio, hasta que un observador inocente o no comprometido lo revela sin tapujos. La  versión más antigua relata que unos hábiles estafadores fingen confeccionar a un rey, un traje con una tela maravillosa que no puede ser vista por quien no fuera hijo de su padre legal. En una versión posterior del danés Hans Christian Andersen la tela no podía ser vista por quien fuera inútil o inepto para el cargo que ocupaba. En ambas versiones el nudo de la cuestión es que tanto el rey como sus cortesanos pretenden ver la tela inexistente antes que correr el riesgo de ser señalados por bastardos o incompetentes, llegando al punto de que el rey se pasea entre el pueblo sin ropa alguna. El engaño se revela cuando un niño, símbolo de la inocencia y la libertad de las ataduras de la vanidad y el orgullo, exclama ¡El rey  está desnudo!, provocando el reconocimiento repentino, colectivo y tardío de la evidencia deliberadamente ignorada.



Este relato me ha venido a la mente con gran recurrencia esta semana luego de que los obispos, ocupando el papel del niño sin ataduras, expresaran en forma clara  y terminante algo que todo ciudadano argentino medianamente informado conocía muy bien: el crecimiento de la producción, tráfico y consumo de drogas en la argentina. Una vez “develado” el secreto, sabido por todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales, se produjo una catarata de declaraciones y denuncias. La Corte Suprema le reclamó al gobierno medidas “urgentes” y “concretas” para combatir el narcotráfico como respuesta a los graves planteos formulados por jueces de Tucumán, Salta y Jujuy. En este como en otros casos,  la Corte demuestra su vocación como actor político, cuidadoso de los tiempos y la oportunidad para expresarse según soplen los vientos de la opinión pública, pero esa misma Corte es la que emitió un fallo que mucho criticamos despenalizando el consumo de drogas como si los consumidores no fueran parte necesaria de la cadena para la consumación de los delitos vinculados a la droga.
 


De pronto todos los funcionarios declaran sus conocimientos y sus activas gestiones para luchar contra lo que obstinadamente se empeñan en llamar exclusivamente narcotráfico, omitiendo deliberadamente mencionar a la producción y al consumo, y justificando con vaguedades  tanto los hechos de violencia como la cadena de complicidades y connivencias que han permitido el crecimiento desembozado del flagelo. Lo cierto es que  los temas vinculados con la droga son esencialmente de responsabilidad federal y que el gobierno nacional los ha encarado con una indiferencia tal que la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) está acéfala desde hace más de siete meses pese a las reiteradas denuncias  y reclamos al respecto.



Ante la propuesta concreta de promulgar una ley de derribo que inhiba la entrada de narcóticos en forma clandestina por vía aérea, hecho que sucede frecuentemente desde nuestra frontera norte, tanto el Ministro de Seguridad como el de Defensa han manifestado su oposición con argumentos sumamente endebles. Lo que esas respuestas llevan a sospechar   es que si tal ley se promulgara, se haría evidente a la hora de su cumplimiento que faltan radares para detectar a las aeronaves contrabandistas y se carece de medios operativos idóneos para interceptarlas.  Los jueces de las provincias del norte también denuncian la carencia de fuerzas de seguridad (recuerden el alto número de gendarmes aferrados en el conurbano), la falta de cárceles federales, de juzgados, de puestos de migraciones y aduanas,  de personal para investigar los delitos y de políticas integradas. Lo más grave, como denunciaron los obispos, es que no solo hay indiferencia e ineptitud sino que existe la grave sospecha de que solo con la connivencia de funcionarios públicos pudieron las organizaciones de criminales organizados dedicados a la producción, tráfico y distribución de drogas, instalarse en la Argentina del modo en que ya lo han hecho.
 


El gobernador Scioli, según su inveterada costumbre, aceptó la existencia del problema y sumó su preocupación a la de los obispos. Sin embargo, como responsables de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, él ha sido elegido y es remunerado para brindar soluciones a este tipo de problemas   y no para sumarse a la cadena de los preocupados.



A esta altura de los acontecimientos  ya no queda margen para continuar con debates estériles. El Estado debe declarar la emergencia en el área de la lucha contra los carteles de la droga  y empeñar todos sus medios contra ellos, incluyendo la depuración de todos los funcionarios responsables por acción u omisión de la actual situación, además de lanzar una campaña nacional de esclarecimiento de los daños irreversibles que produce el consumo de drogas, los riesgos de la adicción y la falsedad de creer que hay drogas inocuas o recreativas. Estamos al borde del abismo y es necesario alejarnos rápidamente del punto de caída.
 


Una vez comprobada la desnudez del rey, la sociedad quedó atenta para ver aflorar otros engaños que yacen sumergidos en el barro del ocultamiento con que los cubren las autoridades. Uno de los temas que resurgió con firmeza en la semana fue el  de la inseguridad, no ya por la denuncia de un niño inocente ni por la sinceridad de un obispo, sino por la visión cruda  y en directo de un criminal, sosteniendo por el cuello a  su rehén  y exhibiendo sin inhibiciones el arma que daba forma a su sentido del poder. La toma de rehenes acaecida en Tortuguitas  y resuelta con la entrega de los criminales, luego de horas de negociaciones y tensión, mostró a un criminal sometiendo a sus exigencias a la jueza de garantías, al Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto a una familia aterrorizada por la violenta situación. Al final, comunicadores y autoridades se congratulaban porque todo había salido muy bien. Faltó decir que “la casa estaba en orden”.


Diana Cohen Agrest
Lo cierto es que la sociedad fue conmocionada durante horas por el hecho y que hubo que desplazar a cientos de policías y desalojar a los vecinos. Que una familia vivó circunstancias que  alterarán su calma por mucho tiempo y que el protagonista de la acción era  un  criminal condenado por asesinato, fugado de la prisión en varias oportunidades y que se permitió denunciar la complicidad de funcionarios públicos que le habrían permitido ejecutar esas fugas. Desde nuestro punto de vista nada está bien. El solo hecho de que no hubiera víctimas fatales es un consuelo pero es evidente que el gobierno tiene que cambiar el paradigma. Para que todo esté bien, las leyes, la justicia y los miembros de las fuerzas policiales  y de seguridad tienen que priorizar la defensa de los derechos de los ciudadanos honestos que cumplen la ley antes que los de los criminales. Los ciudadanos tienen que comprender que no se puede liberar a convictos si no hay modo de controlarlos y que las cárceles deben cumplir las condiciones de seguridad que garanticen el cumplimiento de las penas. Hemos llegado al extremo, denunciado por la señora Cohen Agrest, de  la presentación de un proyecto de ley por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación que propone liberar presos para evitar la superpoblación carcelaria. Tamaña sinrazón solo cabe en mentalidades abolicionistas que han perdido el sentido de lo que significa vivir en una sociedad organizada y lo han reemplazado por una ideología perversa y anestesiadora hasta del propio instinto de conservación. Necesitamos un cambio urgente.
 


Pero en estos tiempos que vivimos en nuestra querida y sufrida Argentina no solo las ropas del rey son invisibles sino que al rey mismo no se lo puede encontrar. La señora presidente volvió a postergar por  una semana más su reasunción por razones de salud y los escuetos partes médicos dejan espacio para las dudas y conjeturas. La situación del ejecutivo es confusa porque el vicepresidente en ejercicio de la presidencia tiene sus funciones acotadas por su falta de prestigio y su mala imagen,  y se nota como nunca la falta de un equipo confiable de Ministros capaces de tomar decisiones  y afrontar los problemas económicos más urgentes como el rápido incremento de la inflación y la más rápida aún disminución de las divisas que ya cayeron por debajo de los  33.000 millones de dólares y son miradas con inquietud hasta por los funcionarios más negadores de la dura realidad.



Es de esperar que con el regreso de la señora presidente se moderen al menos algunas de las tendencias más preocupantes como la innecesaria urgencia que se le pretende dar al tratamiento del nuevo Código Civil cuya trascendencia requiere de profundos debates y grandes consensos. Su nueva redacción incorpora artículos que relativizan el derecho a la propiedad privada, quitan al Estado la responsabilidad civil y restan solidez a  las relaciones matrimoniales, entre otros temas que requieren mesura y seriedad. Ni la redacción original  con influencia de Ricardo Lorenzetti, ni las modificaciones introducidas por el oficialismo, brindan garantías de estar ante  un documento redactado en función de su importancia y trascendencia. Es un tema en el que es necesario hacer oír la voz ciudadana e inducir a los legisladores opositores a hacer sonar fuerte su voz crítica, tanto por los contenidos como por los procedimientos.
 

"luto abreviado"

La única nota positiva es que cada vez se le hace más difícil al gobierno mantener la mentira de que  los problemas no existen, a pesar de que ya dispone de la ley de medios aprobada a su medida o de que tenga la desvergüenza de licitar por 52 millones de pesos la filmación por parte de una empresa privada de los actos y movimientos presidenciales. El rey está desnudo y esa desnudez se hace tan visible que, mal que le pese, el oficialismo tendrá que abocarse prontamente a la solución de los graves problemas nacionales aunque no sepa ni quiera hacerlo.

Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana