Queridos amigos:
El cuento del rey
desnudo refleja en forma de metáfora la actitud adoptada por las personas que
se niegan a aceptar la existencia de un hecho obvio, hasta que un observador
inocente o no comprometido lo revela sin tapujos. La versión más antigua relata que unos hábiles
estafadores fingen confeccionar a un rey, un traje con una tela maravillosa que
no puede ser vista por quien no fuera hijo de su padre legal. En una versión
posterior del danés Hans Christian Andersen la tela no podía ser vista por
quien fuera inútil o inepto para el cargo que ocupaba. En ambas versiones el
nudo de la cuestión es que tanto el rey como sus cortesanos pretenden ver la
tela inexistente antes que correr el riesgo de ser señalados por bastardos o
incompetentes, llegando al punto de que el rey se pasea entre el pueblo sin
ropa alguna. El engaño se revela cuando un niño, símbolo de la inocencia y la
libertad de las ataduras de la vanidad y el orgullo, exclama ¡El rey
está desnudo!, provocando el reconocimiento repentino, colectivo y
tardío de la evidencia deliberadamente ignorada.
Este relato me ha
venido a la mente con gran recurrencia esta semana luego de que los obispos,
ocupando el papel del niño sin ataduras, expresaran en forma clara y terminante algo que todo ciudadano argentino
medianamente informado conocía muy bien: el
crecimiento de la producción, tráfico y consumo de drogas en la argentina.
Una vez “develado” el secreto, sabido por todas las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, se produjo una catarata de declaraciones y
denuncias. La Corte Suprema le
reclamó al gobierno medidas “urgentes” y “concretas” para combatir el
narcotráfico como respuesta a los graves planteos formulados por jueces de
Tucumán, Salta y Jujuy. En este como en otros casos, la Corte
demuestra su vocación como actor político, cuidadoso de los tiempos y la
oportunidad para expresarse según soplen los vientos de la opinión pública,
pero esa misma Corte es la que
emitió un fallo que mucho criticamos despenalizando el consumo de drogas como
si los consumidores no fueran parte necesaria de la cadena para la consumación
de los delitos vinculados a la droga.
De pronto todos los
funcionarios declaran sus conocimientos y sus activas gestiones para luchar
contra lo que obstinadamente se empeñan en llamar exclusivamente narcotráfico,
omitiendo deliberadamente mencionar a la producción y al consumo, y
justificando con vaguedades tanto los
hechos de violencia como la cadena de complicidades y connivencias que han
permitido el crecimiento desembozado del flagelo. Lo cierto es que los temas vinculados con la droga son
esencialmente de responsabilidad federal y que el gobierno nacional los ha
encarado con una indiferencia tal que la Secretaria
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el
Narcotráfico (SEDRONAR) está acéfala desde hace más
de siete meses pese a las reiteradas denuncias
y reclamos al respecto.
Ante la propuesta
concreta de promulgar una ley de derribo que inhiba la entrada de narcóticos en
forma clandestina por vía aérea, hecho que sucede frecuentemente desde nuestra
frontera norte, tanto el Ministro de
Seguridad como el de Defensa han
manifestado su oposición con argumentos sumamente endebles. Lo que esas
respuestas llevan a sospechar es que si
tal ley se promulgara, se haría evidente a la hora de su cumplimiento que
faltan radares para detectar a las aeronaves contrabandistas y se carece de
medios operativos idóneos para interceptarlas.
Los jueces de las provincias del norte también denuncian la carencia de
fuerzas de seguridad (recuerden el alto número de gendarmes aferrados en el
conurbano), la falta de cárceles federales, de juzgados, de puestos de
migraciones y aduanas, de personal para
investigar los delitos y de políticas integradas. Lo más grave, como denunciaron los obispos, es que no solo hay
indiferencia e ineptitud sino que existe la grave sospecha de que solo con la
connivencia de funcionarios públicos pudieron las organizaciones de criminales
organizados dedicados a la producción, tráfico y distribución de drogas,
instalarse en la Argentina del modo en que ya lo han hecho.
El gobernador Scioli, según su inveterada
costumbre, aceptó la existencia del problema y sumó su preocupación a la de los obispos. Sin embargo, como responsables de la fuerza policial en la
provincia de Buenos Aires, él ha sido elegido y es remunerado para brindar
soluciones a este tipo de problemas y
no para sumarse a la cadena de los preocupados.
A esta altura de los
acontecimientos ya no queda margen para
continuar con debates estériles. El Estado debe declarar la emergencia en el
área de la lucha contra los carteles de la droga y empeñar todos sus medios contra ellos,
incluyendo la depuración de todos los funcionarios responsables por acción u
omisión de la actual situación, además de lanzar una campaña nacional de
esclarecimiento de los daños irreversibles que produce el consumo de drogas,
los riesgos de la adicción y la falsedad de creer que hay drogas inocuas o
recreativas. Estamos al borde del abismo
y es necesario alejarnos rápidamente del punto de caída.
Una vez comprobada la
desnudez del rey, la sociedad quedó atenta para ver aflorar otros engaños que
yacen sumergidos en el barro del ocultamiento con que los cubren las
autoridades. Uno de los temas que resurgió con firmeza en la semana fue el de la inseguridad, no ya por la denuncia de
un niño inocente ni por la sinceridad de un obispo, sino por la visión
cruda y en directo de un criminal,
sosteniendo por el cuello a su
rehén y exhibiendo sin inhibiciones el
arma que daba forma a su sentido del poder. La toma de rehenes acaecida en
Tortuguitas y resuelta con la entrega de
los criminales, luego de horas de negociaciones y tensión, mostró a un criminal
sometiendo a sus exigencias a la jueza de garantías, al Jefe de Policía de la
Provincia de Buenos Aires y por supuesto a una familia aterrorizada por la
violenta situación. Al final, comunicadores y autoridades se congratulaban
porque todo había salido muy bien. Faltó decir que “la casa estaba en orden”.
Lo cierto es que la
sociedad fue conmocionada durante horas por el hecho y que hubo que desplazar a
cientos de policías y desalojar a los vecinos. Que una familia vivó
circunstancias que alterarán su calma
por mucho tiempo y que el protagonista de la acción era un
criminal condenado por asesinato, fugado de la prisión en varias
oportunidades y que se permitió denunciar la complicidad de funcionarios
públicos que le habrían permitido ejecutar esas fugas. Desde nuestro punto de
vista nada está bien. El solo hecho de que no hubiera víctimas fatales es un
consuelo pero es evidente que el gobierno tiene que cambiar el paradigma. Para que todo esté bien, las leyes, la
justicia y los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad tienen que priorizar la defensa
de los derechos de los ciudadanos honestos que cumplen la ley antes que los de
los criminales. Los ciudadanos tienen que comprender que no se puede
liberar a convictos si no hay modo de controlarlos y que las cárceles deben
cumplir las condiciones de seguridad que garanticen el cumplimiento de las
penas. Hemos llegado al extremo, denunciado por la señora Cohen Agrest, de la
presentación de un proyecto de ley por parte de la Procuración Penitenciaria de
la Nación que propone liberar presos para evitar la superpoblación
carcelaria. Tamaña sinrazón solo cabe en mentalidades abolicionistas que han
perdido el sentido de lo que significa vivir en una sociedad organizada y lo
han reemplazado por una ideología perversa y anestesiadora hasta del propio
instinto de conservación. Necesitamos un cambio urgente.
Pero en estos tiempos
que vivimos en nuestra querida y sufrida Argentina no solo las ropas del rey
son invisibles sino que al rey mismo no se lo puede encontrar. La señora presidente volvió a postergar
por una semana más su reasunción por
razones de salud y los escuetos partes médicos dejan espacio para las dudas y
conjeturas. La situación del ejecutivo es confusa porque el vicepresidente en ejercicio de la presidencia tiene sus
funciones acotadas por su falta de prestigio y su mala imagen, y se nota como nunca la falta de un equipo
confiable de Ministros capaces de tomar decisiones y afrontar los problemas económicos más
urgentes como el rápido incremento de la inflación y la más rápida aún
disminución de las divisas que ya cayeron por debajo de los 33.000 millones de dólares y son miradas con
inquietud hasta por los funcionarios más negadores de la dura realidad.
Es de esperar que con
el regreso de la señora presidente
se moderen al menos algunas de las tendencias más preocupantes como la
innecesaria urgencia que se le pretende dar al tratamiento del nuevo Código Civil cuya trascendencia
requiere de profundos debates y grandes consensos. Su nueva redacción incorpora artículos que
relativizan el derecho a la propiedad privada, quitan al Estado la
responsabilidad civil y restan solidez a
las relaciones matrimoniales, entre otros temas que requieren mesura y
seriedad. Ni la redacción original
con influencia de Ricardo
Lorenzetti, ni las modificaciones introducidas por el oficialismo, brindan
garantías de estar ante un documento
redactado en función de su importancia y trascendencia. Es un tema en el que es
necesario hacer oír la voz ciudadana e inducir a los legisladores opositores a
hacer sonar fuerte su voz crítica, tanto por los contenidos como por los
procedimientos.
"luto abreviado" |
La única nota
positiva es que cada vez se le hace más difícil al gobierno mantener la mentira
de que los problemas no existen, a pesar
de que ya dispone de la ley de medios aprobada a su medida o de que tenga la
desvergüenza de licitar por 52 millones de pesos la filmación por parte de una
empresa privada de los actos y movimientos presidenciales. El rey está desnudo y esa desnudez se hace tan
visible que, mal que le pese, el oficialismo tendrá que abocarse prontamente a
la solución de los graves problemas nacionales aunque no sepa ni quiera
hacerlo.
Un abrazo para todos.
Juan
Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana
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