Frente a los próximos
comicios, es necesario superar las antinomias, promover el diálogo y establecer
compromisos de gobernabilidad y transparencia
Hace cuatro años, en
vísperas de la última elección presidencial, dirigentes de varias fuerzas
políticas firmaron un acuerdo programático de cinco puntos, con el fin de
comprometerse a llevarlos a la práctica independientemente de quién resultare
elegido en las urnas. Ese entendimiento fue suscripto con la mirada puesta en
un diálogo interpartidario que fuera más allá de diferencias ideológicas, y vio
la luz con el nombre de "Acuerdo de
gobernabilidad y políticas públicas". Sus cláusulas eran las
siguientes:
Gobernabilidad:
obligaba al Poder Ejecutivo y a la bancada que resultara con más miembros en el
Congreso a aceptar que los derechos de las mayorías no son absolutos y que es
deber de sus representantes "promover
el diálogo", al tiempo que la oposición se abstenía de obstruir
ilegítimamente la acción de gobierno.
Estado
de Derecho: los firmantes se comprometían de
manera rigurosa a respetar la división de poderes, la independencia de la
Justicia y los principios y garantías fundamentales consagrados por la
Constitución Nacional.
Seguridad
jurídica: disponía que quien contratara con el Estado o
realizara inversiones por él autorizadas tendría garantizado que esos actos
jurídicos no serían alterados mediante decisiones administrativas o leyes de
efecto retroactivo.
Transparencia:
se centraba en la revisión a cargo del Poder Judicial para impedir hechos de
corrupción administrativa.
Políticas
públicas: se propiciaba la constitución de equipos técnicos
de los que participarían todos los firmantes, de modo de fijar una agenda común
en asuntos de fondo, como la lucha contra la corrupción, la seguridad, la
educación masiva de calidad, el desarrollo productivo, el federalismo
económico, el aumento del poder adquisitivo del salario y la erradicación de la
pobreza.
Firmaron aquel
acuerdo de gobernabilidad Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Ricardo
Alfonsín, Ernesto Sanz, Hermes Binner y Margarita Stolbizer, entre muchos otros
dirigentes. El kirchnerismo, que finalmente ganó en los comicios del año
siguiente, no lo suscribió a pesar de que había sido invitado a hacerlo.
Aunque realmente está
a la vista, no es ocioso remarcar la brutal embestida que precisamente el
actual gobierno encaró contra todos y cada uno de los puntos de aquel acuerdo.
Los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner -muy especialmente durante sus dos últimos períodos-
han sembrado una enorme discordia y
desconfianza entre los argentinos; se ha roto deliberadamente la división
de poderes, poniendo al Ejecutivo por encima de los otros dos poderes del
Estado; se ha hecho añicos la seguridad jurídica, y las políticas públicas
jamás se consensuaron. Muy por el contrario, se utilizaron y se utilizan como
herramienta para consolidar el clientelismo y el prebendarismo.
Lamentablemente, ha
quedado claro en todos estos años que la única gobernabilidad que el
kirchnerismo puede proveer es la que se basa en la tergiversación de los
procedimientos, si es que a eso se le puede llamar gobernabilidad. Para el
actual partido gobernante, la opinión de la oposición no existe, como tampoco
tienen cabida quienes, dentro del kirchnerismo, muestren un ínfimo grado de
independencia, de diálogo y razonabilidad. Ha sucedido en los últimos días con
la visita del gobernador Daniel Scioli a un evento organizado por el diario
Clarín. "O están de este lado o
están del otro lado", resumió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Una síntesis perfecta de pensamiento
antidemocrático.
Ha abrevado poco el
kirchnerismo en su propio pasado. Acordar con otras fuerzas no es perder identidad
ni relegar autoridad, es buscar puntos programáticos en los cuales trabajar en
forma conjunta para llegar al mejor resultado. En 1970, el radicalismo y el
peronismo firmaron un documento denominado "La
hora del pueblo", con el propósito de reclamar el fin del gobierno
militar de entonces. El objetivo se cumplió. Fue un hecho histórico que llevó a
los comicios de 1973.
En 1981, la UCR, el
PJ, la Federación Demócrata Cristiana, el Movimiento de Integración y
Desarrollo y el Partido Intransigente conformaron lo que se conoció como la "Multipartidaria". Ocurrió
durante el último gobierno militar y con el mismo fin de reabrir el proceso
democrático.
A lo largo del
tiempo, se supo de otros grupos conformados por distintas agrupaciones con
objetivos precisos, como la búsqueda de
diálogo, la unidad y el respeto institucional. Tal el caso del Grupo de Acción Política, espacio
multipartidario auspiciado en 2012 por Pro, Unión por Todos, el Peronismo
Federal y la UCR, entre otros partidos.
Un año más tarde, monseñor
Jorge Lozano, en su carácter de presidente de la Comisión de Pastoral Social
del Episcopado, firmó con varios partidos políticos un compromiso para
instrumentar políticas públicas contra el narcotráfico. Del arco oficialista
sólo adhirió Scioli, aunque no asistió a la reunión a la que sí concurrió la
mayoría de los precandidatos presidenciales de la oposición.
Y, sin ir más lejos,
el año pasado, un grupo de ex directivos del Indec pidió a esos postulantes que
se comprometieran a normalizar ese organismo, otrora ejemplo de instituto
estadístico y, desde 2007, la más poderosa herramienta de falseamiento de datos
oficiales. Hasta el momento, suscribieron esa iniciativa Sanz, Sergio Massa,
Elisa Carrió y Fernando Solanas.
También en 2014 se
conoció el primer documento del Foro de
Convergencia Empresarial, denominado "La
hora de la convergencia", suscripto por una treintena de entidades del
mundo agropecuario e industrial, representantes de organizaciones académicas y
profesionales, y por el Episcopado, con vistas al diseño de políticas de
Estado. Más tarde, en un acto con el lema "Compromiso
para una Argentina posible", el Foro
de Convergencia Empresarial dio a
conocer sus propuestas de gobernabilidad sumando a numerosos dirigentes
políticos y entidades de la sociedad civil con el objetivo de comprometerse con
el fortalecimiento de los poderes del Estado, el combate a la inflación, la
defensa de reglas de juego claras y el impulso a la educación, la salud y la
generación de empleo.
Es necesario volver a
hacer hincapié en este tipo de compromisos, que nada tienen que ver con
alianzas electorales. Desde el acuerdo de 2010, que sigue vigente, se han
producido en el país numerosos y graves retrocesos, por lo que urge que
aquellos dirigentes, y los que quieran sumarse, se sienten a la mesa de diálogo
y discutan, entre otros asuntos, sobre cómo reducir la inflación, resolver el
drama del narcotráfico y la inseguridad, y sancionar la corrupción en el
Estado.
Aun con enormes
discrepancias ideológicas, es posible hallar caminos comunes y,
fundamentalmente, proponer soluciones. Como muy bien ha dicho Rodolfo Terragno,
uno de los impulsores de aquel acuerdo programático, la tarea no se agota en
coincidir sobre el "qué"; y
desentenderse del "cómo"
resolver los problemas. Un acuerdo serio requiere discutir su eventual
instrumentación, con papeles de trabajo, sin discursos y con la participación
de expertos en cada punto por abordar. "Es
como elogiar la felicidad o la salud. Nadie puede estar en desacuerdo. Lo que
tenemos que hacer es decir cómo se consigue todo esto", sostuvo
Terragno.
Un acuerdo
programático se piensa para muchos años. Los opositores de hoy pueden gobernar
en el futuro y esos compromisos estarán siempre por encima de todos ellos. Hay
que volver a generar confianza. Es falso y a la vez peligroso plantear la
transición en términos de todo o nada.
Es probable que el
kirchnerismo tenga una dificultad para comprender y aceptar este tipo de
consensos. Esa dificultad deriva de su concepción general de la política. La
agrupación gobernante se ve a sí misma no como una parte sino como el todo. Es
una propensión autoritaria que la historia argentina ha registrado con
demasiada frecuencia y que pone de manifiesto una incapacidad para reconocer
que puede haber un acierto en quien expresa otra idea, aunque más no sea la
semilla de una verdad. Esta inclinación aparece con frecuencia en los discursos
de la Presidenta cuando alega que, oponerse a su gobierno, es estar en contra
de la Patria. Este argumento le ha servido de plataforma para avanzar sobre la
Justicia o sobre la prensa.
En este 2015, los
argentinos volvemos a tener la oportunidad de definir nuestro perfil de país y,
para ello, necesitamos dirigentes sensatos, componedores, moderados, buenos
administradores, que den ejemplo de honestidad y que estén dispuestos a
trabajar para que podamos revertir los
odios y enfrentamientos que han caracterizado a la última década y que tanto
daño nos han hecho.
FUENTE:
http://www.lanacion.com.ar/1759161-politicas-de-estado-en-vez-de-un-estado-para-los-politicos
NOTA:
Los destacados no corresponden a la nota original.
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