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| Eduardo Saiegh |
Hay una cuña muy
peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en
la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las
solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.
No se conocen
registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo
que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.
Continuamos pagando
los premios que, como pensiones, otorgó la ex presidente a los terroristas que
asesinaron, secuestraron y torturaron a miles de inocentes, niños, ancianos, y
mujeres con la finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula
del comunismo
En el propio gobierno
hay legisladores que las cobran.
Pero no sólo a ellos
se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó
Cristina Fernández de Kirchner, ya que también la hizo extensiva a los
desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión que la
Justicia aceptó sin reparos.
El resultado de estas
incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos
se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International
y otros pseudo organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a
costa de un país desquiciado. Es conocida
la polémica con el secretario Avruj sobre esta cifra que, aunque reconoce que
es casi diez veces menor, afirma que debe mantenerse porque es una cifra
simbólica. Es una estafa simbólicamente aceptada por el funcionario con un
grave perjuicio al Estado.
Ratificamos que los
organismos del Ministerio de Justicia son una peligrosa cuña abierta en el
Gobierno Nacional, a la cual se unen organismos del Poder Judicial
La Jueza Federal
María Servini de Cubría debe fallar sobre un reclamo de US$ 140 millones que el
empresario Saiegh exige, ahora basado en un fraguado delito de lesa humanidad,
pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado del mismo.
Este caso comenzó
cuando el dueño del Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981,
Saiegh, demandó al Estado por daños y perjuicios. Encontró apoyo en Osvaldo
Guglielmino, titular de la Procuración del Tesoro, pero la propuesta fue
rechazada por el Ministro de Economía.
Ante este fracaso,
convirtió la liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva
de crímenes de lesa humanidad ignorados hasta 2009.
Como no quedaron
registros en la Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas
de las torturas, ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de
sus lesiones, ni declaraciones notariales, alegadas por el farsante, la
denuncia del banquero fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a
impulsar la acción penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que
el relato carecía de seriedad. Pero la “justicia
legítima” actuó de inmediato en favor de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo,
fueron apartados.
Pero le quedaba la
invalorable connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.
Todos los organismos
del Estado recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140
millones de dólares. La Secretaría de
Derechos Humanos se presentó como querellante y también se alinearon tras
Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, ahora procesado por
prevaricato; el entonces titular de la UIF, José Sbatella, ahora procesado por
violación de secreto; el entonces presidente de la Comisión de Valores,
Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de autoridad, y el entonces director
del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado en la causa por el dólar futuro.
También pusieron sus medios de prensa al servicio de Saiegh beneficiarios de la
pauta oficial, como el grupo Szpolski y Página 12, además de 6,7,8 en el canal
oficial. Como se puede apreciar una
alineación de verdaderos delincuentes. El ex banquero nunca logró convencer
a las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia,
prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje.
El nuevo fiscal, Eduardo
Taiano, impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la
desilusión de Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era
falso y rechazó la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la “justicia legítima” actuó en favor de
Saiegh, y Oyarbide fue recusado y apartado. La Cámara Federal no se atrevió a
revocar ese fallo contundente, pero, ante la presión política, ordenó una
investigación más profunda, que conduce la jueza María Romilda Servini.
El juicio ordinario
contra el Estado nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión
está en suspenso hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa
humanidad. El tribunal se encuentra
dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo Estado nacional,
aun durante la gestión de Cambiemos. Indudablemente, los escollos son el
secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y Justicia Legítima [1].
El apoyo obtenido de
la Secretaría de Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su
reclamo, por más que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano
fue vaciado con “autopréstamos” a más
de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.
Advirtiendo que debe
aprovechar cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el
trámite para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación
que conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su
fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.
Silvio Pedro Pizarro
NOTA:
Los destacados y referencias no corresponden a la nota original.
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