Yacen en prisión privados de todos los derechos legales y humanos desde hace
más de diez años, los militares, policías, agentes del Servicio Penitenciario,
de las Fuerzas de Seguridad y civiles que durante el gobierno militar o antes
que éste, se opusieron a las organizaciones terroristas, o fueron señalados
como enemigos por los gobiernos de los Kirchner.
Los únicos presos de más de 70 años, con 80 y 90 años que tiene el Servicio Penitenciario argentino pertenecen a este grupo vulnerable de personas.
Trescientos cincuenta y cinco ya han muerto detenidos, dieciseis de ellos durante el gobierno actual.
Son los únicos en la
historia judicial de la Nación a los cuales se les aplica retroactivamente la
ley penal.
Los únicos a los que se
les aplica una ley penal no escrita.
Son los únicos a los que se mantiene en prisión provisional, luego de dos, tres, seis, diez y más años.
Son los únicos a los
cuales no se les concede la excarcelación, la libertad condicional, ni la ley
más benigna para el cómputo de sus penas.
Los únicos a los que se
les desconocen los beneficios de las leyes de pacificación dictadas por el
Congreso y el instituto de la prescripción.
Los únicos a los cuales
se les impide estudiar en prisión y acceder a cursos que disminuyan sus
condenas.
Cualquier enfrentamiento
armado en que hayan participado con terroristas es considerado un homicidio
imprescriptible dentro de un plan de exterminio.
Basta un legajo con la
indicación de un destino militar, una condecoración por haber sido herido en
combate o un solo testimonio, luego de 40 años, para que se los condene a
cadena perpetua, no importa la prueba, el grado o la función que cumplieron.
Mientras que la Cámara que juzgó a los Comandantes, le impuso a uno de
ellos la pena de cuatro años y medio de prisión, cuarenta años después
suboficiales de cualquier Fuerza son condenados a cadena perpetua por haber
hecho guardia en una dependencia militar o policial.
¿Esto es un Estado de
Derecho?; ¿es ésta la Nación que proclamó siempre, orgullosa, el imperio de la
ley y la igualdad de todos sus habitantes?.
Urge terminar con la
doctrina que instaló la posibilidad de juzgar a alguien por una ley no escrita,
aplicada a unos y no a otros, generadora de desigualdad e inseguridad para
todos. Basta de discriminación a las FFAA y de Seguridad. Basta de
persecución y exterminio por motivos ideológicos.
Sin legalidad no es
posible arribar a la Justicia.
MESA DE CONVERGENCIA REPUBLICANA
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