La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos debe resolver ahora sobre el recurso
planteado por la viuda del capitán asesinado por el ERP en 1974
El 1° de diciembre de
l974 el país fue conmovido por un nuevo atentado terrorista de los muchos
perpetrados en esa década. Tres individuos del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) ametrallaron a mansalva en Tucumán el auto del capitán Humberto
Viola, que transitaba con sus hijas María Cristina y María Fernanda, de tres y
cinco años, asesinando a los dos primeros y dejando gravemente herida a la
última.
Embarazada entonces
de cinco meses, María Cristina Picón de Viola, esposa y madre de las víctimas,
contempló horrorizada cómo su familia era diezmada por los terroristas.
Eran tiempos
difíciles. La Argentina estaba inmersa
en un duro conflicto armado interno y sufría -cabe recordar- un ataque
sistemático contra la población civil, que amenazaba con destruir la República.
María Estela Martínez de Perón había decretado el estado de sitio, denunciando
expresamente la barbarie desatada.
Más de cuarenta años
han pasado desde entonces y tan sólo unos pocos partícipes en esos hechos de
terrorismo han sido juzgados.
Una petición de la
viuda del capitán Viola para que se reabra la investigación, por considerar
esos asesinatos crímenes de lesa humanidad, fue denegada por el juez federal
actuante, quien alegó que lo sucedido no encuadraba en ese tipo penal. La Cámara
Federal de Tucumán no compartió el criterio del juez y recordó que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que, si aparecen nuevas
pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de crímenes de
lesa humanidad, las investigaciones pueden efectivamente ser reabiertas. No
obstante, no dispuso reabrirlas, fundándose en que los responsables habían sido
ya juzgados; lo hizo sin advertir, lamentablemente, que el camarista Marcos
Herrera, al emitir su voto en la sentencia de condena, años atrás, había
enfatizado expresamente que muchos de los responsables no habían sido juzgados
y que tampoco lo habían sido los autores ideológicos del atentado. Al
interponer el recurso de casación, la señora de Viola identificó como autores
mediatos a los integrantes del buró político del ERP y solicitó su indagatoria.
El recurso fue
rechazado, al considerar los camaristas Cabral, Gemigniani y Figueroa que los
miembros del buró político del ERP que ordenaron asesinar al capitán Viola no
tenían vinculación con ese crimen. La Corte Suprema se negó a abrir el recurso
extraordinario.
Ante lo sucedido, la
viuda del capitán Viola acaba de formular una presentación ante la CIDH. Denuncia la violación de los derechos
resguardados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25°
(protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de
Ginebra de 1949. Este último establece que no se puede atentar contra
civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado, sea internacional o
interno, un hecho que -de producirse- configura un delito de lesa humanidad.
Sin perjuicio de que
en el conocido fallo "Tadic"
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estableció que los actores no estatales también pueden ser
autores de crímenes de lesa humanidad, la señora de Viola aporta en su
denuncia abundantes pruebas para demostrar que el terrorismo en la Argentina
fue también terrorismo de Estado. No sólo por haber contado con el financiamiento y el apoyo del Estado cubano,
sino también por haber sido facilitado por la acción u omisión del Estado
argentino.
No debe tampoco
olvidarse que, luego del ataque del ERP al Regimiento de Azul, el presidente
Juan Domingo Perón denunció que, no por casualidad, tales hechos ocurrían en
determinadas jurisdicciones, exigiendo la inmediata renuncia de los
gobernadores de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, Oscar Bidegain y
Ricardo Obregón Cano, respectivamente.
La señora de Viola
expresa que le es particularmente doloroso formular su denuncia en momentos en
que la enorme corrupción de los
gobiernos kirchneristas está saliendo a la luz. Esos gobiernos estuvieron integrados por algunos miembros prominentes
del ERP y de Montoneros, organizaciones armadas que se arrogaron el derecho de asesinar a civiles inocentes para
construir presuntamente un mundo "más
justo, solidario y honesto".
"El ideal ha sido transformado en una farsa y ha quedado al
desnudo. Ni un peso de las enormes sumas obtenidas mediante los secuestros
extorsivos llevados a cabo por el terrorismo guerrillero en la década del 70
fue devuelto para disminuir la pobreza y la desnutrición. Impunes, pretenden
seguir gozándolos y acrecentándolos", concluye la
señora de Viola. La palabra en este delicado tema la tiene ahora la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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