Fragmento de la carta
que Mauricio Macri no quiso recibir.
Manifiesto
La Justicia y los Juicios de Lesa Humanidad
“Y la que los
músicos llaman armonía en el canto,
Es lo que en
la ciudad de llaman concordia,
Vínculo de
bienestar seguro y óptimo para toda república,
Pues ésta no
puede subsistir sin la justicia.”
Cicerón, República, II, 42 y 44
Quienes firmamos esta
declaración hemos dedicado nuestras vidas a la enseñanza y la práctica del
derecho y, por ende, al servicio de su fin o ideal: la justicia.
La justicia entre
nosotros ha sufrido ataques y daños de considerable envergadura durante los
últimos años, lo que ha generado amenazas muy graves para el bien común y la
salud de la República.
Creemos que, gran
parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de
individuos fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de
situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que
viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos.
Así, se constata que,
bajo el pretexto de la comisión de
delitos de lesa humanidad, se violó el principio de legalidad, se reabrieron
procesos que habían adquirido categoría de cosa juzgada y a los supuestos
responsables de esos delitos se los ha privado de su derecho a un debido
proceso, se les ha negado el beneficio de la detencón domiciliaria y se los ha
excluido de una asistencia médica elemental.
Son los únicos a
quienes se mantiene en proisión provicional, sin condena, luego de dos, tres,
diez y más años. Son los únicos los cuales se les niega la aplicación de la ley
penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se
les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se les
conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias
de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que
hayan sido acusados o condenados.
De resultas de este
estado de cosas, hasta el momento 1.435
personas han sido privadas de su libertad y, de éstas, 248 llevan más de tres
años de prisión preventiva y 360 han muerto en cautiverio. Todo ello en abierta
violación a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional como
la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
No
menos censurable es el contexto y forma en que se han desarrollado estos
juicos, ofreciendo en muchos casos un espectáculo indigno, absolutamente
impropio de lo que debe esperarse de un tribunal, llegándose incluso a
trasladar a los tribunales a personas en camilla o visible situación de
incapacidad.
Asimismo, a los
parientes de las víctimas del terrorismo que tuvo lugar antes de 1976 no se les
ha reconocido reparación alguna, ni siquiera el derecho a la verdad. Una
jurisprudenmcia amaneada ha considerado que los graves hechos que se llevaron
la vida de sus parientes no constituyen delitos de lesa humanidad por no haber
existido intervención del Estado en su comisión. ello pese a que el Estatuto de
Roma, que creó la Corte Penal Internacional y tipificó la figura de lesa
humanidad, vigente en la Argentina a partir de Julio de 2002, considera
expresamente, tanto a los delitos cometidos por agentes del estado cuanto a los
perpetrados por bandas armadas, dentro de la misma categoría de lesa humanidad
y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad, entre otras
características diferenciadoras de los delitos comunes.
En la última década
se ha hecho una seria discriminación en
detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo,
quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles,
recibieron en todos los casos penas gravísimas. Mientras que a los responsables
directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos
casos se los ha premiado con cargos públicos e indeminzaciones. Esta asimetría
hiere la conciencia y reclama urgente reparación. De lo contrario, lejos de
hacerse justicia se habrá incurrido en una grave arbitrariedad.
No podemos aceptar
que a las puertas del Bicentenario persista esta situación que continuará
creando grietas en la sociedad, y que además, puede acarrearle a la Argentina
responsabilidad internacional por la grosera violación de convenios
internacionales. Esto debe terminar.
El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y de
la instrumentalización política del odio y la venganza que caracterizaron a los
años precedentes, constituyen una esperanza y es indispensable que restauren la
concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos de orden jurídico.
Juan
Ramón Aguirre Lanari - Julio E. Altamira Gigena - Jaime Anaya - Gregorio Badeni
- Alberto Bianchi - Juan Carlos Cassagne - Ivan José María Cullen - Siro M.A.
De Martini - Daniel Funes de Rioja - Guillermo Ledesma - Roberto Luqui - Daniel
Sabsay - Alfonso Santiago - Jorge Vanossi.
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