"Nada
hay más injusto que condenar a un inocente"
reza una máxima intachable. Salvo, claro está, "el condenar a miles de inocentes". Cuando la Justicia,
ese aparato costosísimo que sostenemos los contribuyentes, se usa para impartir
injusticia, estamos en problemas. Así viene sucediendo en nuestro país desde
hace doce años, sin que la sociedad haya protestado en la dimensión que merece
la feroz ignominia. Ni un solo diputado o senador nacional ha hecho sentir su
voz para denunciar la persecución política y la denegación de justicia que
sufren los ciudadanos que son acusados, encarcelados y/ o condenados por lesa
humanidad. Más bien, miran para otro lado o actúan como cómplices. También hay
que pasar horas y horas buscando en Internet para encontrar algún artículo que
se ocupe del problema; por lejos, el más sombrío que acucia a la Argentina. La
prensa también es cómplice. Tanto, que miente acerca de que son treinta mil los
desaparecidos y calla, como si no hubieran existido, a las víctimas de la
subversión. Dadas así las cosas, al que sufre la persecución del Estado y la
indiferencia de la sociedad no le queda otra que aceptar mansamente el calvario
o inmolarse.
El general de
división (RE), Eduardo Rodolfo Cabanillas, de 74 años, ha comenzado una huelga
de hambre el 13 de este mes. Perdidas las esperanzas de que el nuevo gobierno
responda de algún modo a la situación desesperada de los presos políticos, ha
decidido jugar a cara o cruz su suerte. No justificamos su decisión, pero la
comprendemos, porque ¿qué se puede esperar de un Poder Ejecutivo cuya
Secretaría de Derechos Humanos se constituye como enemigo de aquellos a quienes
debe asistir y de jueces que condenan sin pruebas?
Cap.
Rodrigo A. Caro Figueroa (RE)
DNI 14.022.309
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!