El
Tribunal Oral Federal de Tucumán incorporó unos 3.000 documentos de la Iglesia
Católica recientemente desclasificados como elementos de prueba en el juicio.
Lo había pedido la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
con la adhesión de la fiscalía.
“El
Tribunal considera que se trata de prueba nueva y se oficiará el procedimiento
adecuado para que se pueda contar con ella, sin perjuicio de que sólo podrá
invocarse para su valoración aquella que tenga vinculación con los casos
debatidos”, señaló el Tribunal.
La resolución fue
informada en la 39 audiencia del debate oral que se desarrolla en Tucumán y
juzga a 19 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de
271 víctimas entre febrero de 1975 y el 24 marzo de 1976.
Los jueces decidieron
hacer lugar al pedido de la querella de la Decretaría de Derechos Humanos,
representada por los abogados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, que contó
con la adhesión de los fiscales Pablo Camuña, Julia Vitar y Agustín Chit.
Por el contrario, la
incorporación de esa documentación de la Iglesia Católica fue rechazada por las
defensas de los acusados.
Lobo Bugeau señaló
que la documentación contiene "cartas
de familiares de desaparecidos y algunas de ellas tienen respuestas" y
opinó que su incorporación como elementos de prueba "resulta útil para la investigación, porque hasta ahora era
desconocida".
La megacausa "Operativo Independencia" es
el juicio número 12 que se realiza en Tucumán por delitos de lesa humanidad y
es el mayor en cuanto al número de víctimas pese a que numerosos casos quedaron
afuera y se estableció para este debate la fecha límite del golpe de estado del
24 de marzo de 1976.
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