Luego de los dichos
de Juan José Gómez Centurión, Nilda Garré ingresó en la Cámara de Diputados un
proyecto para penalizar el “negacionismo”, buscando incorporar
en el Código Penal un artículo que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con
multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara,
justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la
humanidad”
agravando la pena en el caso de que se tratara de un funcionario público. Sin embargo, lejos de
asimilarse a las leyes que rigen en Alemania en relación al Holocausto, con las
que Garré trató de avalar jurídicamente su propuesta no hace más que restringir
ferozmente la libertad de expresión y el debate de ideas sobre una época que,
con muchos claroscuros, constituye una herida muy reciente que sigue provocando
sentimientos encontrados y exacerbando pasiones en la sociedad. Es que los
juicios de Lesa Humanidad no terminaron, y así como aún hay víctimas que buscan
una respuesta del Estado, también hay grandes cuestionamientos sobre la
legalidad de los procesos y la forma de buscar el esclarecimiento de los
hechos. Sobre estos asuntos, no hay una página cerrada.
Todo lo contrario.
Hoy, a través de libros, publicaciones web o programas de televisión, se debate
la cifra de los desaparecidos, el número de indemnizaciones recibidas, los
subsidios a organizaciones de DDHH, el papel de los civiles durante el gobierno
de facto o el juicio pendiente a las facciones guerrilleras, de manera que
incriminar el hecho de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta o
contestar aquellos cuestionamientos que parecían difíciles de resolver.
Todo se contradice
con el aval que Garré otorgó durante años a la Secretaría de Coordinación del
Pensamiento Nacional y al Instituto Dorrego cuando se propusieron reescribir la
historia nacional. Así, me preocupa el alcance que pudiera tener la nueva ley,
pues para la exaltación pública de cualquier crimen, como medio idóneo para
provocar la comisión de esos delitos, ya existe la figura de la “apología del crimen; de forma que crear
un tipo penal de la manera en que fue redactado no hace más que incriminar el público debate que pudiera girar en
torno de esos polémicos
hechos, es decir que, sin una legítima razón, se busca eliminar justamente aquello que le
adeudamos los argentinos a nuestra historia nacional: un auténtico juicio de la
verdad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!