La asociación civil
“Ciudadanos Libres por la calidad institucional” denunció a los ex ministros de
Justicia durante el kirchnerismo por los posibles delitos de malversación de
caudales públicos y encubrimiento. Se investigan los millonarios fondos recibidos
en concepto de indemnizaciones a familiares de detenidos-desaparecidos durante
la última dictadura militar.
A fines del 2016, el
abogado José Magioncalda, titular de la asociación civil “Ciudadanos libres por
la calidad institucional” presentó un pedido de información pública para
conocer el número exacto de desaparecidos durante la última dictadura militar
al Estado argentino. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo,
repudió la inquietud del abogado. Periodismo y Punto accedió a la presentación
que realizó el letrado a primera hora del jueves 16 de febrero en los
tribunales de Comodoro Py. Allí denunció a los ex ministros de Justicia durante
el kirchnerismo Aníbal Fernández, Julio Alak y Alberto Iribarne por los
posibles delitos de malversación de fondos públicos y encubrimiento. El
restante denunciado es el ex secretario de DDHH camporista, Martín Fresneda. El
joven cordobés había sido investigado por la supuesta discrecionalidad en el
manejo de dinero público en el pago de las indemnizaciones a familiares de los
detenidos-desaparecidos durante la dictadura. El juez Claudio Bonadío allanó en
dos ocasiones sus oficinas.
La denuncia se basa
en información recibida de la gestión actual y del militar retirado, periodista
y escritor José Dángelo autor de “Mentirás tus muertos” quién relató en su obra
diversos casos de familiares de detenidos-desaparecidos que cobraron
indemnizaciones de forma poco transparente. D´angelo será uno de los
protagonistas de un debate que transmitirá Infobae con la conducción de los
periodistas Ceferino Reato y Luis Novaresio el próximo martes por la noche.
Uno de los casos que
Magioncalda cita en su denuncia es el de Pedro Alberto Sabao, que figuraba como
"víctima de ejecución sumaria" a pesar de que la revista Evita
Montonera había publicado en 1975 que un pelotón de ese grupo guerrillero
"ejecutó al traidor y delator de compañeros, Pedro Sabao, que al intentar
huir cayó al río Paraná". Según D´angelo, los familiares de la víctima
cobraron dinero del Estado en concepto de indemnización. Otro caso es el de
Nora Lía Marquardt, que figura como asesinada en Córdoba, también en 1975, a
pesar de que la revista Estrella Roja, del Ejército Revolucionario del Pueblo,
publicó "en su número 67, de diciembre de 1975, página 29, que murió
combatiendo heroicamente" contra la policía cuando un pelotón intentó
"expropiar el dinero" de un camión que transportaba caudales.
Según el escritor, el
Estado habría abonado por indemnizaciones, durante el kirchnerismo, la suma de
dos mil millones de dólares. Cada indemnización ascendería a 200 mil dólares.
Es otro de los puntos que el denunciante se pregunta cómo se repartió el dinero
y quiénes fueron sus beneficiarios. Según la denuncia, el monto de prestaciones
reparatorias abonadas fue “en exceso” a partir del 2007 y no coincidirían con
el número de víctimas registradas.
Durante su gestión, Fresneda creó el RUVTE –Registro Único de Víctimas
de Terrorismo de Estado-. Esa información permanece guardada bajo siete llaves,
incluso, por la gestión actual de Claudio Avruj. La respuesta que recibió el
denunciante de la secretaria de DDHH del gobierno de Cambiemos es que se trata
de “información sensible” y personal a pesar de que los nombres de los
fallecidos figuran en el libro Nunca Más desde el año 1985.
Para Magioncalda, “el
ocultamiento de la información, a nuestro modo de ver totalmente injustificado
y por eso sospechoso, obtura la posibilidad de ejercer ese control ciudadano en
un tiempo y modo eficaz”. Uno de las demandas de la sociedad que Cambiemos supo
interpretar fue el de transparencia y honestidad. Esta nueva denuncia por el
manejo de fondos públicos, en un área tan sensible como los derechos humanos,
durante el kirchnerismo, también involucra a los funcionarios actuales que han
preferido mirar para otro lado. Mientras tanto, el debate sobre los setenta, se
ha reinstalado en la Argentina.
Por Luis Gasulla
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