26/03/17
Por
Mauricio Ortín
El
Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa kirchnerista originada en
diputados que deja establecido como inamovible que el número de los
desaparecidos en el gobierno de facto, iniciado el 24 de marzo de 1976, es de
30.000. Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías
simple que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente
para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante
la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de
Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es
ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80%
¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos
constitucionales fueron más que suficientes para que familiares o allegados de
personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos
correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino
una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con
cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la
que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo
fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000.
Apenas
y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada
agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos
Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera
bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera
desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el
correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo
contario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación,
Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la
Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se
pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES.
Tampoco,
la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la
patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de
envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos
en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de
denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en
cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los
juicios de lesa humanidad.
Usar
el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA.
instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría
encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no
prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que
está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su
traición.
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